El Mundo

3 marzo, 2020

El presidente de Costa Rica es investigado por varios delitos

El mandatario Carlos Alvarado y otros siete funcionarios de su gobierno podrían afrontar penas que van de los tres meses a los seis años de cárcel por la creación de una oficina especializada para el manejo de datos personales y confidenciales de la población.

Según confirmó el viernes pasado la Fiscalía General de Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado y otros siete funcionarios son investigados por los delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato. Si se logra demostrar que esto se cometió por la creación de la la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y el manejo ilegal de la información privada, el mandatario y sus funcionarios podrían ir a la cárcel hasta por seis años.

Además del jefe de Estado, son investigados Víctor Morales, ministro de la Presidencia, Daniel Soto, viceministro de Planificación, Luis Salazar, asesor legal de la Presidencia y tres analistas de datos que trabajaron en Casa Presidencial, residencia oficial del mandatario, por un año y medio sin que se conocieran sus tareas.

Con el argumento de obtener datos para planificar políticas públicas, Alvarado decretó en octubre de 2019 la creación de la UPAD. Según la medida, la oficina asesoraría al mandatario y brindaría información de carácter confidencial que tuvieran las instituciones públicas cuando así lo demandara el despacho presidencial. 

El Ministerio de Seguridad Pública, la Policía de Control Fiscal, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y la Unidad de Inteligencia financiera que controla el secreto bancario, son algunas de las entidades estatales que formarían parte de la citada unidad.

Pero, tras fuertes críticas desde diversos sectores que consideraban a la UPAD una amenaza a los derechos civiles de los costarricenses debido al acceso a datos confidenciales, el presidente derogó la medida en febrero de este año. Además el acceso a datos sensibles, sólo puede ser autorizado por una ley aprobada con mayoría calificada en el Congreso.

Sin embargo, el pasado viernes, la fiscalía realizó un histórico allanamiento en Casa Presidencial y otros nueve lugares con el objetivo de recabar pruebas en torno a la indagación que se realiza por la UPAD. Mientras tanto, el mandatario negó los cargos que se le imputan y se puso a las órdenes de las autoridades judiciales.

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