El Mundo

2 marzo, 2020

A cuatro años del asesinato de Berta Cáceres la autoría intelectual de su muerte sigue impune

Tras ser condenados los autores materiales del crimen ocurrido en 2016, todavía permanecen en la impunidad miembros de la familia Atala Zablah, accionistas principales de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), señalados como los ideólogos de la muerte de la lideresa hondureña.

Nicolás Castelli

@giusnicolas

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“Ya vemos pocas posibilidades de alcanzar la justicia integral. La impunidad va a durar un tiempo. Va a romperse en algún punto del camino, pero en otras condiciones políticas que ahora no están dadas”, declaró en una entrevista Bertha Zúñiga, hija de la hondureña Berta Cáceres, en el marco del cuarto aniversario del asesinato de su madre ocurrido en la madrugada del 3 de marzo de 2016.

Aunque en diciembre de 2019 ya fueron condenados a penas de 30 a 50 años de prisión siete de los ocho acusados de ser los autores materiales del hecho, los familiares y las organizaciones sociales y de derechos humanos argumentan que, como se afirmó en la sentencia, el crimen fue producto de los intereses de ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA).

Esta empresa llevaba adelante el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” al que Cáceres se oponía ya que implicaba el desplazamiento forzoso de las comunidades lencas, habitantes en las zonas aledañas del Río Gualcarque. El rechazo al proyecto es porque atenta contra el patrimonio natural, cultural, económico y hábitat del pueblo lenca. La obra restringe el acceso al Río Gualcarque y, por extensión, a su agua y alimentos.

Una red delictiva intacta 

En octubre de 2019, en el marco de una audiencia del juicio contra el ex oficial de inteligencia militar Roberto David Castillo Mejía, presidente de DESA, otro imputado confesó que aquel pagó a sicarios para ejecutar a la referenta indígena. Por esto el empresario es el único autor intelectual acusado hasta la fecha por el asesinato, sin embargo la familia de Berta Cáceres y su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), alegan que el presidente de DESA solo es parte del eslabón de responsables intelectuales del crimen.

Para Copinh, la cadena involucra a los Atala Zablah, una de las familias más poderosas de Honduras y de fuertes vínculos con las élites dirigentes y financieras. 

José Eduardo y Pedro Atala Zablah, miembros de la junta directiva de DESA, más Daniel Atala Midence, director financiero de la compañía, formaban parte, junto a Castillo Mejía, de un grupo de chat llamado “Seguridad PHAZ”, abreviatura de Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. Aunque son documentos del archivo público, muchos de los chats grupales no han sido publicados.

La familia podría perder una gran cantidad de dinero si no se construye la represa. Como director financiero, Atala Midence había dedicado su carrera a Agua Zarca y José Eduardo, Pedro y Jacobo Nicolás, el jefe de la familia, eran los accionistas principales de Las Jacarandas, empresa que poseía la mayor parte de las acciones.

A su vez, José Eduardo había formado parte de la junta directiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, entidad que prestó a DESA 24,4 millones de dólares para construir el proyecto hidroeléctrico.

Con este marco, al emitir el veredicto del juicio, la Corte Suprema de Justicia de Honduras concluyó que ejecutivos de DESA emprendieron acciones para “planificar la muerte de la señora Cáceres”. No obstante no mencionaron el nombre de los sospechosos.

Desde que Berta fue asesinada sus familiares, compañeros y compañeras de militancia apuntaron contra la empresa hidroeléctrica y el gobierno de su país, por proteger sicarios que terminaron con su vida. Varios de ellos sufrieron también atentados letales.

La situación en los territorios cuatro años después

Actualmente la construcción de la represa está paralizada. Sin embargo el Estado no le ha quitado la concesión a la compañía que tiene un permiso para operar por 50 años. 

“Son constantes las denuncias que acompañamos como Copinh, por ataques a las personas que están recuperando las tierras que fueron vendidas ilegalmente a DESA”, sostuvo Zuñiga. “Quedaron instaladas todas las condiciones de ruptura del tejido social. No se ha hecho nada en cuanto a reparación a la comunidad que ha sido afectada, no sólo por el asesinato de Berta, sino por otros”, agregó.

Finalmente convocó a “evitar que sigan cometiendo crímenes”. “Debemos enfocarnos en seguir defendiendo los derechos de las comunidades, el derecho a la consulta libre, previa e informada, que está siendo amenazada. Y ver cómo enfrentar al modelo extractivista de una manera más fuerte, porque sigue avanzando”, concluyó.

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