Batalla de Ideas

1 marzo, 2020

Haciendo gala de lo posible: una agenda más allá de la economía

La crisis económica sigue siendo el calvario nacional, pero el presidente optó por centrar su discurso en los derechos, desde el acceso a los alimentos hasta la legalización del aborto. Esta vez el pedido de paciencia fue para los acreedores.

Federico Dalponte

@fdalponte

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En su discurso no hubo épica, no prometió el cielo por asalto. Alberto Fernández hizo una gala de lo posible, una búsqueda de lo inmediato. Evitó la tontera de enamorarse de sí mismo. Sabe que la economía es una batalla, pero no la única. Lo que Fernández llama, con insistencia, «construcción de un nuevo contrato de ciudadanía social» es –en otras palabras– un reconocimiento de derechos que va más allá de toda recesión. Y hacia allí apunta.

El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo es el emblema de esa tesitura. No habrá que esperar a la reestructuración de la deuda ni al segundo semestre, sino apenas diez días. La política, cuando quiere, recuerda que también hay agendas por fuera de la economía. Y bienvenidas sean.

Esta vez, lejos de la experiencia de 2018, el Ejecutivo no pondrá el debate sobre la mesa y a ver qué pasa. De allí también su carácter novedoso: por primera vez en la historia argentina, un gobierno impulsará la ley, y la decisión política, se sabe, no es inocente en el Congreso. Hace diez años, si el Ejecutivo se declaraba neutral, la ley de matrimonio igualitario hubiera sido rechazada en el Senado.

Alberto Fernández no quiere estropear su presidencia, jugarse su lugar en la historia en las oficinas del FMI. El último en hacerlo fue Fernando De la Rúa. La crisis económica le insumió todo su capital político: no concedió un solo derecho nuevo, no conquistó el universo simbólico, y se fue tras perder la única batalla emprendida.

La reactivación económica es un desafío importante pero no el único. Si aquello falla, tendrá que poder decir que al menos hizo algo durante su gobierno, que no estuvo cuatro años charlando con los bonistas, y la legalización del aborto es un buen comienzo.

Repetir esa secuencia sería el camino al infierno. La reactivación económica es un desafío importante pero no el único. Si aquello falla, tendrá que poder decir que al menos hizo algo durante su gobierno, que no estuvo cuatro años charlando con los bonistas, y la legalización del aborto es un buen comienzo. Le seguirán la ratificación del convenio 190 de la OIT sobre acoso en el trabajo, la reforma del fuero federal, una nueva ley de educación superior, leyes de protección de la primera infancia.

Su antecesor en la presidencia, enseña la historia, ni siquiera quiso entender eso: se fue sin hechos económicos ni derechos sociales. La multiplicación de todas las fallas.

Los bobos versus los pícaros

Lo principal sigue siendo la economía, estúpido. Sin aumento de la demanda no habrá reactivación económica. Y sin precios controlados no habrá aumento de la demanda. Todo se desmorona si la economía no se tranquiliza, suele decir el ministro Martín Guzmán.

El correlato político es “detener la caída de argentinos en la pobreza” –Fernández dixit–, pero el desafío es tanto más dificultoso. “No es posible que con las tarifas congeladas, al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo”, dijo el presidente, y allí reposa lo importante: si buena parte del plan económico depende del precio de los alimentos, el gobierno no puede capitular frente a un sistema basado en la especulación. Habrá que meter mano.

Si buena parte del plan económico depende del precio de los alimentos, el gobierno no puede capitular frente a un sistema basado en la especulación. Habrá que meter mano.

Y  habrá, se especula, mano dura. No fue casual el lugar que ocupó en el discurso esa disputa virtual entre «los bobos» que pagan los precios impuestos y «los pícaros» que especulan subiéndolos. Esa batalla presagia varios capítulos más, donde la suba de retenciones a la exportación de soja no es ajena.

En ese marco, el anunciado «Consejo económico y social para el desarrollo argentino» quizás haga su aporte. Aunque todavía le falta sustancia. La negativa de Roberto Lavagna a presidirlo desmejorará su visibilidad; la de ambos: la del Consejo, sobre el que no pesan grandes expectativas, y la de Lavagna, que se jubilará sin gracia cuando el contexto le reclamaba colaboración.

Más allá de eso, con o sin Lavagna, el plan sigue inalterable. Política expansiva para la economía interna, impulso a la exportaciones y patear los vencimientos de la deuda. “No hay peor alternativa que la austeridad fiscal en las recesiones”, sentenció este domingo el presidente.

Porque está claro que sí, existe un plan económico. Es absurdo creer lo contrario. Alcanzaba con hilar y analizar las primeras medidas de gobierno, pero ahora, tras el discurso de apertura, cualquier especulación fue despejada. Es “política macroeconómica para un país en crisis”, había definido Guzmán el mes pasado ante el Congreso.

En definitiva, sin lugar para anuncios económicos grandilocuentes, la única novedad fue la auditoría que está haciendo el Banco Central sobre el uso y destino de la deuda tomada durante el macrismo. Cualquier optimista diría que es el preludio para declarar la ilegitimidad de su pago. Cualquier realista diría que es apenas una táctica para negociar con los acreedores y proyectar, tal vez, una nueva legislación que limite el endeudamiento a gran escala.

“Un gobierno de científicos”

Las políticas propuestas por el presidente son el reflejo de una experiencia en el sector público: gobiernos y universidades en particular. La reforma sobre la administración de justicia, por caso, lleva la firma palpable de Gustavo Béliz, Vilma Ibarra, Marcela Losardo y la suya propia. No hay empresarios iluminados ni cosa semejante.

“Somos un gobierno de científicos, no de CEOs”, gustó decir Fernández. Y es una verdad exagerada, pero está claro que la preeminencia de trayectos formativos sólidos distancia a este gobierno, y en mucho, de su antecesor. Hay –admítase o no– política, con todo lo que eso significa. Y de allí la predilección por amplificar lo público todo cuanto sea posible: una agencia de evaluación de impacto de políticas públicas, un programa de innovadores de gobierno, un consejo asesor para afianzar el servicio de justicia.

La conversión de esos espacios en normas positivas no será sencillo, pero esa infrecuente democratización de la discusión política recuerda, en parte, al prolífico proceso de producción que concluyó con la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y enhorabuena. Tal vez, en definitiva, y si se piensa con optimismo, la clave de estos primeros augurios sobre el gobierno de Fernández sea que lo público y lo colectivo volvieron a incidir en el rumbo del país.

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