“Dejar la política social en manos del mercado de la pobreza es profundizar el genocidio”

Santiago Mayor

@SantiMayor_

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Desde principio de año las noticias sobre las muertes de niños y niñas wichís en Salta comenzaron a ocupar cada vez más espacio en los medios de comunicación nacionales. De esta forma se visibilizó, a través de su expresión más trágica, la crítica situación que viven los pueblos originarios en el norte argentino.

En esta entrevista la antropóloga Eugenia Morey, profundiza sobre los aspectos estructurales que enmarcaron estos hechos haciendo hincapié en la responsabilidad estatal y privada que, desde hace años, se aprovecha de la situación precaria de las comunidades.

Morey trabaja desde hace años con el pueblo Wichí. Es además investigadora y profesora adjunta en la materia Antropología y Salud del Instituto de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Hurlingham y jefa de Trabajo Práctico en la materia Antropología Económica de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

– La situación de las comunidades wichis en el chaco salteño ha generado estas últimas semanas una cobertura mediática prácticamente sin precedentes. ¿Se trata de un fenómeno excepcional o es que ahora ha cobrado mayor visibilidad en los medios de comunicación nacionales? ¿Por qué?

– La situación de las comunidades wichí en el Chaco Salteño generan cobertura mediática en el mismo sentido que otras muertes en el 2017: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y de este modo vuelven a ser vulnerados derechos. El “estado de excepción” que se construye con la visibilidad desde algunos medios es para preocuparnos.

Las “muertes indígenas” ponen en evidencia las limitaciones de estructuras estatales que responden por espasmos. Es por eso que resaltamos que hay que cambiar las formas de trabajar de los medios y de la población solidarizada.  

Ante todo estamos frente a un sistema sanitario que tiene limitaciones presupuestarias graves, en territorios en los que algunas empresas e iglesias tienen mayores recursos económicos y políticos que el propio Estado para definir el vínculo entre las comunidades y la salud pública.

Hay responsabilidades evidentes en los recortes presupuestarios y la limitación de acción en la cadena de estatalidad que construyen agentes sanitarios, referentes comunitarios y representantes políticos. Muches de elles son indígenas y sistemáticamente son silenciados por sus pares en una escala de competencia por los recursos públicos y/o privados.

El nivel de mortalidad infantil en la provincia de Salta, según informes de las estadísticas oficiales, es alto y nos indica hace años que la vulnerabilidad está amparada en la distancia de agencias nacionales, provinciales y municipales. Mirar los datos no deja ver la enorme desigualdad en el interior de la provincia.

Hoy con cuatro años de inmovilizar a les trabajadores del Estado con experiencia en el lugar, impedir el desarrollo de actividades que favorecían el diálogo de actores locales y nacionales, resulta en estas consecuencias que se sienten en las poblaciones menos convocadas a participar de la búsqueda de soluciones.

– Algunos discursos que circulan para explicar las muertes por desnutrición de niños y niñas plantean que estas se deben a una cuestión cultural de estas comunidades ¿tiene alguna base real este tipo de argumentos? Si no es así ¿por qué surgen este tipo de interpretaciones?

– La base real es que los derechos de las comunidades indígenas se ejercen en tensión con una oficialidad estatal que los discrimina, subestima y los pone en desigualdad con “otres”. La “cuestión cultural wichí” es una vieja frase que acompaña la desigualdad como condición para vulnerar derechos y construir el espacio para “mediadores culturales”. 

En este caso el extremo es el derecho a la vida, el derecho a la salud, pero también es larga la experiencia en trabajos no remunerados o remunerados sin aportes patronales. Hemos escuchado que “pierden su cultura” con tan solo reconocer un derecho universal. 

El pueblo wichí es uno de los pocos que tiene extendido el uso de su propio idioma y conocen los ríos y los montes como parte de su educación familiar. La subsistencia, la reproducción social de un pueblo como este está a la vista: resisten y luchan por la vida hace años.

Es muy recurrente en Salta la idea de distancia cultural, amparada en un pueblo que resiste las propuestas colonizadoras desde miles de años. En lugar de ser un motivo de orgullo para la provincia, al contar con una trama de identidad tan arraigada, enseñan y difunden una idea equivocada de este pueblo orgullosamente vivo.

Las costumbres ancestrales sostienen la vida en un territorio que constantemente la amenaza. Los ríos Pilcomayo y Bermejo, los pocos montes que sobreviven, las medicinas naturales y las redes afectivas y espirituales hacen del pueblo wichí el de mayor capacidad de organización comunitaria y más numerosa población en Salta. Aun en los rincones de sus territorios y con una vivencia cosmopolita (multiétnica) siguen enseñando, literatura, política, arte, zoología, biología y farmacia.

El peligro de la desinformación y la mirada lastimosa es el aval a la intervención en excepción, por eso es fundamental la consulta y la participación de los protagonistas del territorio. Tenemos que asumir las responsabilidades “todes les visitantes”. Nuestras investigaciones en general nos enseñan a mirar recortado, las políticas sociales se vuelven al mismo límite cuando no piden resultados de subsidios otorgados a los actores más empoderados o poderosos del territorio.

– Otras explicaciones que han circulado hacen eje en cuestiones de carácter más estructural como el modelo económico que se viene aplicando en la provincia y gran parte del norte argentino ¿De qué manera afectó esto a las comunidades y qué vínculo tiene con lo que está sucediendo actualmente?

– El modelo económico en estos Departamentos (Orán, San Martín, Rivadavia) continúa con mayores daños: los desmontes, la contaminación de las napas de agua, la violencia de los alambrados, la explotación de trabajadores a quienes niegan derechos básicos y sobre todo la falta de regulación estatal que permita equilibrar semejantes desigualdades.

En una superficie y población que llega a la mitad de la provincia, seguir dejando la política social en manos del mercado de la pobreza con el que operan muches es profundizar el genocidio. La regulación estatal no puede estar de la mano de la negación de los protagonistas fundamentales: las organizaciones indígenas.

La responsabilidad fundamental acompaña la desinformación de las “economías regionales”. Los dueños de ingenios, madereras, hidrocarburos, plantaciones extensas y planes de inversión estructural (oleoductos, gasoductos, tendido de antenas y alta tensión) con sus “mercados de la pobreza” comercializadoras de artesanías, pequeños comercios de consumos locales, transportistas y organizaciones no gubernamentales con trayectorias históricas en esta trama son responsables del silenciamiento y el exterminio lento al que refieren las mujeres que alzaron sus voces desde el pueblo wichí: Octorina Zamora y Liliana López. 

Ellas relevaron las situaciones de cada comunidad desde donde fueron trasladadas las familias con ñiñes en riesgo nutricional. Si solamente comparamos la foto de hoy con las inundaciones del Pilcomayo en 2018 vemos que si el debate queda entre Estado y comunidades indígenas, los responsables reales siguen sacando ganancias de estas muertes. Hay que convocar a “propietarios privados” no para “ayudar-colaborar”, si no para que sean responsables de sus ganancias. De lo contrario seguirán pagando por ellas las vidas de las poblaciones empobrecidas.

– ¿Qué medidas se fueron tomando hasta ahora para afrontar esta situación?

Desde el Espacio Plurinacional Indigena Kamba, junto a Octorina Zamora y Liliana López, llevamos adelante el acompañamiento de las familias internadas en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Optamos por una medida básica, abrir el espacio público desde el reconocimiento integral de quienes están transitando la emergencia sociosanitaria. Desde el 25 de Enero acompañar en la relación entre el personal de salud con cada niñe y el entorno hospitalizados indirectamente. 

El sistema médico hegemónico en Tartagal muestra transformaciones que reflejan un cambio de abordaje ante la presencia de propuestas de acción que permiten superar limitaciones estructuradas en el prejuicio y la discriminación. Pusieron en acto la legislación pendiente: ley 7856/14 la integralidad de actores en el hospital.

Desde el Estado Nacional y Provincial se iniciaron acciones de relevamientos y articulación entre diferentes ministerios. La convocatoria a las organizaciones sociales todavía no parece una prioridad en la integralidad de acciones que se pregona.

Es llamativo el silencio de Anses, Educación y Salud como instancias donde las alertas quedaron sin atender, en tanto instancias en las que se hace el seguimiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Es entonces que se abre el vínculo con autoridades estatales a nivel provincial y nacional, con el llamado de la acción humanitaria local. En los hechos hay respuestas lentas, situadas en el hospital y en las comunidades. 

Las propuestas que demandan la presencia de organismos internacionales pretenden eximir a estos de sus trayectorias históricas en la zona. Es alarmante que la sorpresa o la naturalización de las muertes sean los extremos de un movimiento que tiene en común la negación de los pueblos indígenas en el Chaco. Todavía esperamos que les pregunten a ellos y los inviten a una consulta de medidas a tomar.

Una vez más el espacio indígena hay que ejercerlo en toda su expresión: transgresiones en el rol que se impone a mujeres que levantaron la voz y los pasos, visibilidad al Estado sostenido por trabajos precarizados en el sistema de salud y educación. Las vidas en peligro están mejor cuando la relación en la crisis no se sostiene desde la desigualdad estructural que imprimen cargos e instituciones. Hay que estar ahí, preguntar para qué es importante sentirnos un pueblo intercultural, aprender de la vida digna y no del mercado de la pobreza que los silencia.

La AUH en la zona es una política pública que necesita monitoreo, hace 10 años que modifica la vida de estas poblaciones pero evidentemente las políticas desarticuladas se vuelven limitantes. Es un derecho al reconocimiento del trabajo, la deuda histórica con los pueblos indígenas también refieren a la negación del sujeto. Las Tarjetas Alimentarias, no pueden repartirse de la mano de los expoliadores de la vida, es un mensaje violento.

Si hay exigencia para las comunidades cuando se presentan ante el Estado, no se borra en el caso de quienes tomaron todo para no dar nada en nombre del salvataje de la emergencia.

– Más allá de lo que se hizo en estos últimos meses ¿qué acciones o políticas públicas considerás vos que sería necesario tomar para, primero, atender esta situación urgente y luego para revertir la exclusión y pauperización de las condiciones de vida de los wichis en el largo plazo?

– Las organizaciones comunitarias, residenciales (personerías jurídicas), no pueden ser ajenas a las mesas de gestión, les trabajadores en Salud y Educación indígenas llevan años de silenciamiento en la planificación de políticas públicas. Reconocer los territorios y las identidades indígenas nos impone una responsabilidad: dar lugar a los únicos héroes en este lío, las familias afectadas, las trayectorias laborales que exigen mejores reconocimientos. Los municipios con mayor población indígena reconocida son emergentes de la ampliación de derechos y la democracia.

Hay 400 comunidades Wichí en Salta, tienen 12 hospitales con su trama de salas, consultorios y son 130 escuelas en Santa Victoria Este y Rivadavia en las que el registro de las emergencias es borrado, silenciado o desoído.

En la mesa de acciones para terminar con la ola de muertes evitables, las Universidades, el Conicet tienen que aportar en la búsqueda de respuestas con quienes hicimos nuestra formación directa. Sabemos que la presencia en emergencia deja a su paso propuestas que no se sostienen con el tiempo. La planificación y el monitoreo de resultados es una medida indispensable.

La red de Salud de la zona en riesgo incluye capacitaciones al personal de salud sobre la definición política de frenar un genocidio. En educación nos encontramos al mismo nivel pero sumamos al Conicet y las Universidades. Si podemos reconocer el valor de gestores territoriales en las protagonistas de la puesta en audio de las condiciones de vida de su pueblo; si vemos que las leyes que reconocen derechos indígenas y proponen participación directa de los pueblos aun siguen esperando la reglamentación; si observamos en los sindicatos y gremios la ausencia de trabajadores que sostienen con sus aportes estas instancias organizativas, quizás podemos pensar en una práctica participativa de la política. Siempre que tengamos en cuenta que una cultura no es un paquete cerrado que alguno escribió y publicó con sus características inamovibles.