Nacionales

18 febrero, 2020

El gobierno y la oposición bonaerense sin límites para la fumigación con agrotóxicos

Proyectos de ley presentados tanto por Cambiemos como por el Frente de Todes no fijan distancia alguna de fumigación sobre zonas urbanas. No obstante este martes el Ejecutivo provincial extendió la suspensión de la ley provincial 242 que habilita el uso de agrotóxicos sin ningún tipo de barrera sanitaria.

A pesar de la decisión del gobierno de Axel Kicillof de habilitar prórroga para que la ley 242 (que permite fumigar sin límites) siga sin efecto, los proyectos de ley presentados el año pasado tanto por Cambiemos como por el Frente de Todes no establecen distancia alguna sobre lo que se entiende como “zonas de amortiguamiento”. Es decir superficies adyacentes a áreas urbanas, zonas residenciales extraurbanas, áreas de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, colmenares, áreas de esparcimiento y reservas naturales.

La legislación 242 fue impulsada originalmente por el ex ministro de Agroindustria bonaerense y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís. Esta permite el uso de glifosato, clorpirifos, atrazina, 2,4-D, dicamba, glufosinato de amonio, cletodim, picloram y otros venenos para realizar fumigaciones de manera irrestricta. Es decir sin ningún tipo de barrera sanitaria que pueda afectar a las poblaciones o el medioambiente.

Debido al rechazo que generó, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal resolvió suspenderla por un año. En ese entonces, desde la bancada del peronismo presentaron un proyecto de declaración pidiendo que «se deje sin efecto dicha resolución, por cuanto la misma no establece presupuestos mínimos de distancia o superficie que permitan garantizar el resguardo de la vida y la salud humana».

Sin embargo, como publicó Tiempo Argentino este sábado, cuatro meses después de objetar la ley del macrismo, en mayo del 2019, el bloque del ahora Frente de Todes presentó la iniciativa de ley D-562/19-20, actualmente con estado parlamentario. La misma tiene “el objeto de establecer un marco regulatorio para la aplicación de fitosanitarios en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires».

El proyecto no establece una mínima distancia de protección para zonas urbanas. Solo aclara que “la aplicación de fitosanitarios deberá ajustarse a las previsiones de esta ley», apuntando a la presencia de un ingeniero agrónomo que «intervendrá como asesor técnico».

“Es una clara demostración de que en materia de extractivismo y agronegocio no hay grietas en el poder político», opinó Fernando Cabaleiro, referente de la ONG Naturaleza de Derechos.

A su vez, antes de dejar su banca como diputado bonaerense, el empresario del agronegocio Oscar Sánchez, de Cambiemos, propuso un proyecto que no fija distancia alguna de fumigación sobre las “zonas de amortiguamientos” y establece solo 30 metros de franja de protección para escuelas rurales y cursos de agua.

«Los que habitamos los territorios fumigados de la provincia de Buenos Aires estamos esperando un espacio de diálogo para construir un proyecto de ley de agrotóxicos que contemple nuestro punto de vista a favor de la salud, la vida y la biodiversidad. Hasta el momento sólo se han presentado proyectos a la medida de las cámaras que se benefician con la venta de biocidas», opinó Cecilia Bieder, de Paren de Fumigar Necochea y Quequén.

En este contexto, el lunes el fiscal federal Matías Di Lello solicitó un informe a seis municipios de la provincia de Buenos Aires para saber en qué medida controlan el uso de agroquímicos en territorio donde la ley lo prohíbe. Se trata de los distritos de Colón, San Nicolás, Arrecifes, San Pedro, Capitán Sarmiento y Ramallo, todos cercanos a la ciudad de Pergamino, foco de la polémica por el uso de glifosato.

En octubre de 2019 la Justicia condenó a tres productores rurales de esa localidad por contaminar, a través de productos agrotóxicos para fumigación, zonas periféricas al municipio. Un mes antes, organizaciones ambientalistas de Luján habían denunciado la fumigación de un campo de soja que se encuentra al lado de una escuela primaria y un jardín de infantes.

Finalmente, el viernes pasado, vecinos de la localidad tandilense de Gardey denunciaron que las autoridades de la delegación ordenaron fumigar con agroquímicos la plaza pública local y el veneno llegó hasta la pileta municipal, donde decenas de menores de edad pasaban la tarde.

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