El derecho como un arma de guerra

Fernando Toyos

@fertoyos

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Luego de un ciclo intenso de luchas populares, como el Caracazo venezolano, las Guerras del Gas y el Agua en Bolivia y la rebelión de 2001-2002 en Argentina, la región vivió una etapa de gobiernos progresistas, nacional-populares y de izquierda que desafiaron la hegemonía neoliberal en América Latina. Este período, que comenzó con el triunfo de Hugo Chávez en 1998, exhibió síntomas de su desgaste hacia el final de la primera década de este siglo, quizás con el golpe a Manuel Zelaya en Honduras (2009) como primer episodio. 

Las denuncias de corrupción -fundadas o no- abundaron en este período, ocupando las agendas de los medios hegemónicos con escándalos. Desde el Mensalao (Brasil, 2005) y el Caso Skanska (Argentina, 2006) hasta las causas actuales, vinculadas a la multinacional de origen brasileño, Odebrecht, extendidas a la Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Ecuador, entre otros países. En ciertos casos, entre los que destacan la prisión de Lula y el hostigamiento a Cristina Fernández, la fragilidad de las denuncias judiciales dejó expuesta la intencionalidad persecutoria de las mismas. Es lo que, recuperando un término con cierta antigüedad, se denominó lawfare. 

Sin alcanzar las dimensiones que ostentó en otros países, en la Argentina de Mauricio Macri las denuncias de corrupción ciertamente fueron instrumentalizadas políticamente. Lo más evidente es el sesgo: la aparición del propio Macri, junto a varios familiares y funcionarios, en la denuncia de evasión fiscal conocida como “Panamá Papers”, entre otras, no solo no tuvo impacto en el Poder Judicial, sino que recibió una cobertura menor a la destinada a las denuncias de corrupción vinculadas al kirchnerismo. Quizás el caso más emblemático fue el presunto pago de sobornos vinculado a la obra pública, conocida como los “cuadernos de la corrupción”, el 1° de agosto de 2018. Tan oportuna fue la fecha, que sepultó a la denuncia que realizó el periodista Juan Amorín contra el PRO, a propósito de una importante cantidad de personas que figuraban como aportantes a la campaña electoral que declararon no haberlo hecho.

La llegada al gobierno de partidos y proyectos de signo progresista en México y Argentina abren ciertas preguntas en este escenario. Ambos presidentes realizaron sendos anuncios de que sus respectivos poderes judiciales serán reformados. Las palabras pronunciadas por el primer mandatario argentino, hasta ahora, han sido acompañadas por la postulación de Daniel Rafecas como procurador general de la Nación -pendiente de la designación en el Senado- y Félix Crous como titular de la Oficina Anticorrupción. 

En este contexto la polémica en torno a las declaraciones del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, que catalogó como “detenciones arbitrarias” a situaciones como las del ex ministro de Planificación Federal y Obras Públicas, Julio De Vido, vuelve a poner el foco en la una tríada que podríamos trazar entre Poder Judicial, denuncias de corrupción (medios de comunicación hegemónicos incluídos) y lawfare. 

Lawfare, vale decir, es un término acuñado por el general mayor Charles J. Dunlap, jefe de la Fuerza Aérea de los EE.UU., quién lo definió como el “uso del derecho como un arma de guerra”. Es decir, la instrumentalización del Poder Judicial, con la participación de los medios de comunicación hegemónicos, a la hora de difundir las denuncias.

Llegados a este punto, convendría repetir la distinción que se ha hecho ya en este portal: no todos los casos son iguales, ni todos los políticos presos son presos políticos. En este sentido la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, no dudó en afirmar que Milagro Sala -de quien fuera abogada- es una presa política. En otros casos, tal afirmación debería evaluarse, lo que no obsta en considerar las detenciones realizadas en el marco de la denominada “doctrina Irurzun” como arbitrarias. 

Tal disposición, así bautizada en referencia al juez Martín Irurzun -presidente de la Cámara Federal- prescribió las prisiones preventivas para un conjunto de exfuncionarios, so argumento de que, considerándolos parte de una “red criminal”, los vínculos con dicha red podrían entorpecer la investigación en curso. Se trata, lisa y llanamente, del encarcelamiento de individuos cuya culpabilidad no ha sido probada, en función de la presunción de que podrían entorpecer la investigación. 

Como la abogada de Amado Boudou, Graciana Peñafort, sintetizó: “En el piedra, papel o tijera de las presunciones, gana la presunción de inocencia y, por ende, la exigencia de la libertad”. Permítannos, entonces, sugerir que los fundamentos de dicha doctrina están más relacionados con el rédito político que la detención de estos personajes le granjeó al gobierno anterior, antes que en las fuentes de un derecho que, vale recordar, es inseparable del carácter de clase del Estado y las relaciones de fuerza imperantes. 

Más allá de esto, la diatriba “presos políticos” vs. “detenidos de modo arbitrario” no vino acompañada por ningún pedido expreso de indulto por parte de los detenidos y detenidas. Más aún, según declaró Peñafort, Boudou se opone a dicha posibilidad, ya que acogerse a un indulto presidencial equivale a reconocer la culpabilidad que se le imputa. Milagro Sala, por su parte, solo se limitó a pedir “que llamen como quieran” a su situación judicial, “pero que lo resuelvan”. 

Parece, entonces, tratarse de una disputa semántica cuyo principal efecto consistió en exhibir una división al interior del Frente de Todos, entre quienes consideran que las causas de De Vido y Boudou, más allá de lo arbitrario de su detención, no tienen más sustento que la persecución política y quienes prefieren dejar que la justicia investigue. 

Con todo, la apuesta de que sea la propia justicia -reforma mediante- la que se evalúe y -llegado el caso- se rectifique a sí misma, parece un curso de acción pensado para minimizar el costo político de un gobierno cuya principal batalla, como decíamos la semana pasada, se encuentra en el terreno de la economía. 

Habrá que seguir la eventual designación de Rafecas y la posible revisión de las detenciones, en tanto y en cuanto no haya condena firme. La depuración del más antidemocrático de los poderes del Estado podría ser, además, un valioso anticuerpo contra la práctica del lawfare. La creación de una instancia de elección directa sería un gran paso adelante en este sentido, como se implementó en el Estado Plurinacional de Bolivia a partir de la reforma constitucional de 2009/2010. El golpe de Estado que desgarró a la hermana nación acaso sea la mejor prueba de que, allí, el lawfare no funcionó.