13 febrero, 2020
¿De dónde surge y en qué consiste la Ley Micaela?
La normativa que cuestiona los roles de género en el poder político y propone la formación de todas las personas que participen del poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial fue aprobada a finales del 2018, sin embargo su real implementación recién está comenzando.
Micaela García tenía 21 años cuando la violaron y asesinaron en la localidad entrerriana de Gualeguay. Su femicidio se inscribió en una problemática cada vez más visible: según las últimas estadísticas del Observatorio MuMaLá, una mujer es asesinada cada 32 horas en Argentina.
El único imputado por el femicidio de Micaela fue Sebastián Wagner, quien contaba con antecedentes penales por violación. Lejos de una salida más punitivista, que incremente los castigos, este crimen abrió paso a un proyecto que fue convertido en ley a fines de 2018. Una normativa que les exige a quienes integren los tres poderes del Estado, que se formen en materia de géneros.
Se trata de una legislación que busca sensibilizar y capacitar a todos los funcionarios públicos, con el fin de que el Estado vaya dejando atrás sus carácter patriarcal y adopte, progresivamente, una perspectiva feminista.
La Ley fue impulsada por el padre de la víctima, Néstor “Yuyo” García, y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) fue designado como el organismo de aplicación.
Sin embargo, con la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en 2019, todas las competencias del INAM pasaron a ser parte del flamante organismo, con Elizabeth Gómez Alcorta a la cabeza.
Este dato no es menor ya que, si bien la Ley fue aprobada y sancionada en diciembre de 2018 -con sólo un voto en contra en Diputados, y por unanimidad en el Senado- recién comenzó a garantizarse su aplicación con la llegada del nuevo Ministerio.
La Ley Micaela tiene varios puntos fuertes: en primer lugar, la obligatoriedad del empleo de formaciones en género y violencia contra las mujeres para todos los funcionarios estatales. Aplica tanto a las jerarquías más altas, como a las más bajas.
En segundo lugar, la Ley establece que todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.
En enero de este año llegó el turno del presidente, Alberto Fernández, que junto con ministros, secretarios y subsecretarios de Estado participó de la capacitación establecida por la Ley Micaela. La misma fue desarrollada por Dora Barrancos y la propia Gómez Alcorta, que en una conferencia de prensa aseguró que los funcionarios tuvieron “asistencia casi perfecta”.
Cada vez son más los agentes del Estado que participan de las formaciones. Si bien abarca a un grupo reducido de personas, resulta fundamental que sean quienes piensan y ejecutan las políticas públicas que atañen a todes.
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