13 febrero, 2020
Allanan empresas de peajes en el marco de una investigación que involucra a Macri
Agentes policiales ingresaron este jueves a las oficinas de Autopistas del Sol, Acceso Oeste y Natal S.A. La causa indaga sobre presuntos delitos de negociaciones incompatibles y fraude al Estado.
El juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la investigación sobre un posible negociado de los peajes del Acceso Oeste y de la Panamericana, ordenó este jueves allanar varios lugares en simultáneo. En concreto se trató de cinco oficinas de las empresas concesionarias de la Panamericana (Autopistas del Sol), del Acceso Oeste (Grupo Concesionarios del Oeste) y Natal S.A.
Esta última firma es la que, a mediados de 2017, compró todas las acciones que tenía SOCMA, perteneciente al Grupo Macri.
La orden fue dada con el objetivo de hallar documentación sobre la prórroga del contrato sin licitación en beneficio de Ausol y de SOCMA, socias en el negocio de los peajes. La extensión de la concesión fue parte de una negociación a cambio de que las empresas retiraran las demandas que estaban vigentes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial.
En el caso de Ausol, el gobierno de Mauricio Macri acordó una extensión de la licitación hasta 2030 y un pago de 499 millones de dólares en concepto de “inversión efectuada no amortizada”.
Según consta en la denuncia realizada por los diputados Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, el 7 de diciembre de 2015, Albertis -empresa española dueña de Ausol- presentó un reclamo por 1.100 millones de dólares ante el CIADI. Frente a esta demanda el gobierno nacional planteó que había que renegociar la concesión. La abogada de Vialidad Nacional, Julieta Ripoli, se opuso y denunció públicamente las presuntas irregularidades, motivo por el cual fue despedida.
Un dato importante en la investigación es que Macri se negó a firmar el decreto de renovación de la concesión por recomendación de la entonces titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. La funcionaria hizo ese planteo para evitar “un conflicto de intereses” y finalmente la que aprobó la prórroga fue la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Tras rubricar ese acuerdo y con el retiro de la demanda, la empresa SOCMA vendió sus acciones a Natal S.A. a un precio que era 400% más alto que el que tenían en 2015.
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