El Mundo

10 febrero, 2020

El gobierno español busca convertir en delito la apología del franquismo

En la reforma del Código Penal que impulsa la actual coalición progresista del PSOE y Unidas Podemos se propone castigar a quienes reivindiquen la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

«Exhumaremos a las víctimas que aún yacen en las fosas comunes, retiraremos la simbología franquista que aún queda en lugares públicos y reformaremos el Código Penal para que la apología y la exaltación del franquismo sean al fin un delito», explicó este lunes Adriana Lastra, la vicesecretaria general y portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Congreso.

La funcionaria remarcó que «en democracia no se homenajea ni a dictadores ni a tiranos». Sus palabras se escucharon durante un desayuno informativo en Madrid, en el marco del cual confirmó la medida, contemplada en el programa electoral del presidente, Pedro Sánchez.

La decisión va un paso más allá de lo establecido en el acuerdo de coalición con Unidos Podemos, que se limitaba a “prohibir la exaltación y reivindicación pública del régimen franquista”.

«Sólo una minoría privilegiada de quienes nunca sufrieron las consecuencias de querer ser libre en una España que no lo era puede mirar a ese pasado oscuro con nostalgia», dijo Lastra, quien instó a actuar con «memoria y justicia».

En octubre del 2019, Sánchez logró -luego de un arduo debate público- exhumar los restos del dictador Francisco Franco enterrado en el Valle de los Caídos. La medida resultó muy simbólica pero a la vez insuficiente para las organizaciones que hace años vienen ocupándose de las víctimas de la dictadura y reclamando la necesidad de llevar la apología del franquismo al Código Penal.

Los años de gobierno fascista dejaron en España 114 mil desaparecidos y 2500 fosas comunes. Desde el año 2000 se recuperaron 1400 cuerpos de personas asesinadas en más de 150 fosas. En el propio Valle de los Caídos -construido por presos políticos del régimen- se calcula que hay 30 mil antifranquistas enterrados contra la voluntad de sus familiares. 

Asimismo, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos tanto españolas como internacionales, entre 1939 y 1945 fueron fusiladas entre 130 mil y 150 mil personas. Sobre ese total, más de 100 mil permanecen enterradas sin ubicar; 300 mil fueron exiliadas, 270 mil encarceladas y unos 10 mil hijos e hijas de padres republicanos fueron secuestrados.

La decisión del actual gobierno también tiene como trasfondo el hecho de que en las elecciones generales realizadas en abril de 2019 ingresaron por primera vez al Parlamento diputados neofranquista de Vox. El partido ultraderechista dirigido por Santiago Abascal, con postulados abiertamente xenófobos, racistas y misóginos (quieren eliminar la Ley de Violencia de Género y prohibir el aborto) ha logrado algo que no sucedía desde hace más de 30 años: que haya diputados y diputadas que abiertamente defiendan la dictadura de Francisco Franco.

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