Continúan las muertes por desnutrición (y exclusión) en Salta

Florencia Trentini*

@ositewok

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El pasado viernes, Mayra se convirtió en la séptima niña fallecida en el chaco salteño. Murió por un cuadro de vómitos, deshidratación y diarrea en el hospital de Santa Victoria, mientras la ministra de Salud provincial, Josefina Medrano, visitaba el establecimiento debido a la gran cantidad de casos de desnutrición que ya se habían cobrado la vida de otres seis niñes. 

La “primera” de estas muertes ocurrió el pasado 7 de enero en el Hospital Materno Infantil en Salta capital. El niño tenía un año y dos meses y era de la comunidad wichi La Mora, del departamento de San Martín, cerca de la ciudad de Tartagal. 

Cuatro días después fallecieron otros dos niños de dos años, uno en su casa en Misión El Quebrachal y otro -proveniente de la comunidad wichi Rancho El Ñato- en el Hospital de Santa Victoria del Este.  

El 17 de enero, murió una nena de dos años y ocho meses en el hospital de mayor complejidad de Orán, después de un cuadro prolongado de diarrea. Y el 21 de enero la historia se repitió con un niño de ocho meses en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal a raíz de un problema respiratorio. En los dos casos las autoridades de Salud culparon a los padres: por consulta tardía y por obstaculización del traslado, respectivamente.

La sexta muerte sucedió el 26 de enero durante el traslado en ambulancia al hospital de Embarcación. El niño tenía un año y diez meses y era de la comunidad wichi El Tráfico. La causa fue un paro cardiorrespiratorio ocasionado, entre otras cosas, por deshidratación y desnutrición. 

Después de las “primeras” seis muertes y más de veinte niñes internados en situaciones de gravedad, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, declaró la emergencia socio-sanitaria durante 180 días en los departamentos de Rivadavia, Orán y San Martín. La medida apunta principalmente a las necesidades de acceso a agua segura, alimentación y salud. 

Mientras tanto, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, visitó la provincia y aseguró que la situación era muy grave.

Muertes por exclusión

Sin embargo, que hoy esta problemática se visibilice en los medios de comunicación y sea reconocida por los políticos no implica que sea algo nuevo. Las muertes resultado de la exclusión y la desigualdad no se iniciaron en 2020. Hay algo que es bastante simple de explicar: el acceso al agua potable y segura no está garantizado para la mayoría de la población rural e indígena en el norte argentino.

El consumo de agua en mal estado genera cuadros de diarrea y vómitos que producen deshidratación. Cuando esto se suma a una situación nutricional sumamente deficiente producto de una dieta a base de carbohidratos, carente de proteínas, donde la carne y las verduras son un lujo difícil de alcanzar, el resultado es la desnutrición. 

A diferencia de algunas afirmaciones que parecen suponer que la ingesta de una dieta a base de papas, arroz y fideos es “cultural”, la realidad es que la dieta de estas poblaciones se vio sumamente alterada cuando la frontera extractiva destruyó el monte en el que cazaban y recolectaban.

A esto hay que sumarle que la poca agua a la que acceden se almacena en los bidones que supieron contener glifosato y otros agrotóxicos que se utilizan para la producción de soja que fue cercando la vida de las comunidades.

Pero si el problema del acceso al agua potable y segura y el avance de la frontera extractiva no fueran suficiente explicación para las muertes por desnutrición en pleno siglo XXI, el otro tema es el acceso a la salud cuando se vive en territorios que se encuentran a cientos de kilómetros del hospital más cercano. 

Si bien los parajes rurales cuentan con agentes sanitarios, en la mayoría de los casos las salas de salud no están equipadas y en pocas hay médicos y enfermeros. Las ambulancias pueden contarse con los dedos de una mano y cuando existen no pueden acceder a las localidades y realizar el traslado como resultado del estado de los caminos.   

Frente a esta situación una de las respuestas fue la convocatoria a una brigada sanitaria y el armado de un campamento permanente en Salta, anunciado por distintas organizaciones de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que mediante un comunicado público sostuvo: “Nuestros hermanos/as y compañeros/as wichis necesitan que podamos aportar a soluciones de fondo además de la urgencia sanitaria, alimentaria y de agua”. 

Se debe tener en cuenta que además se está esperando la crecida de los ríos Pilcomayo y Bermejo, un fenómeno natural común en esta época del año, pero que ha sido agravado en los últimos años producto el desmonte, alcanzando el año pasado la marca histórica de 7,36 metros de altura.  

No es el agua, es el capitalismo

Hace unos años, el antropólogo Oscar Lewis acuñó el concepto de “cultura de la pobreza”, básicamente para culpar a los pobres de ser pobres. Jorge Capitanich, Juan Manuel Urtubey y hasta Susana Giménez, probablemente no hayan leído a Lewis, pero también aprendieron a explicar los problemas de hambre y muerte con una misma causa: la cultura. 

Acá no trabaja el que no quiere. Tiras una semilla y crece algo. Hay que enseñarles a plantar. Son todos vagos. Viven de planes. La desnutrición es cultural. Todas grandes máximas que se repiten en las mesas familiares de los domingos, los medios de comunicación y hasta en el hacer de políticas públicas, desconociendo (o prefiriendo no reconocer) las condiciones de exclusión y desigualdad que hacen a la pobreza inevitable para algunos sectores de la población.

De esta manera las consecuencias del capitalismo y el neoliberalismo son explicadas como opciones personales o cuestiones culturales. Que las mismas zonas que fueron golpeadas por fuertes privatizaciones, como las de YPF en los 90, hayan sido las azotadas por el cólera o que actualmente las zonas que sufren la avanzada de la frontera extractiva sean las que están sufriendo la desnutrición parecen no tener el mínimo correlato en las explicaciones de aquellos que prefieren culpar a los “pobres” de su pobreza.

En este mismo sentido van las afirmaciones que sostienen que los padres de los niños son los responsables por llevarlos tarde al hospital, sin que la desfinanciación de la salud pública que hace que en algunos casos el hospital más cercano se encuentre a más de 200 kilómetros tenga algún tipo de relación con la situación. 

Como sostiene la declaración del Grupo de Trabajo CLACSO Educación e interculturalidad: “Pensar estas muertes por fuera del entramado de relaciones sociales de desigualdad que conducen a estas familias a la muerte temprana y por causas evitables, es eludir poner en su verdadero contexto a la interculturalidad en la Argentina”.

* Doctora en Antropología