7 febrero, 2020
Aprender de la historia
La política, decía Lenin, es economía concentrada: la presidencia de Alberto Fernández se juega la mayor parte de su suerte en la capacidad que pueda tener para revitalizar una economía duramente golpeada tras cuatro años de macrismo.
Fernando Toyos
Con el comienzo de febrero nos vamos adentrando en un 2020 cargado de desafíos, portador de tantas dificultades como esperanzas. El gobierno del Frente de Todos comienza a encarar las problemáticas concretas que, más allá del entusiasmo inicial, configurarán los cuatro años por venir.
La alianza gobernante es un espacio sumamente heterogéneo, integrado por el peronismo (en sus distintas vertientes), el kirchnerismo, referentes del progresismo que jugaron un rol opositor al gobierno de Cristina Fernández, organizaciones de izquierda tradicional (PCR-PTP) y, también, sectores de la joven izquierda popular, nucleados en el Frente Patria Grande. Como reza el slogan, es con todos estos actores con los que la salida del neoliberalismo, y sus nefastas consecuencias, será llevada a cabo. La apuesta no es menor: de ser defraudadas las expectativas depositadas en el gobierno, no resultaría descabellado imaginar un retorno de las fuerzas políticas conservadoras, acaso en una versión neofascista. Candidatas y candidatos no faltan.
Atento a esto, hay dos aspectos fundamentales a considerar: uno, que ante la falta de alternativas superadoras, son las fuerzas reaccionarias las que cosechan las decepciones que el progresismo y la izquierda siembran.
Ejemplos abundan, desde el descalabro de la República de Weimar y el posterior ascenso del nazismo, hasta el rechazo generado por el ajuste ortodoxo que una Dilma Rousseff recién reelecta -por estrecho margen- implementó, allá por 2014. Las enormes dificultades que cada coyuntura entraña, resultan poco relevantes a la postre: un electorado desilusionado no suele distinguir entre errores forzados y medidas intencionales, si el resultado redunda en la pérdida de derechos.
Nunca, decía Álvaro García Linera, se deben tomar medidas que perjudiquen económicamente a la propia base electoral. El nefasto golpe de Estado que lo desalojó -junto a Evo Morales- del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, acaso enseñe que tampoco se deben menospreciar las demandas que atañen a la renovación de los liderazgos.
Volviendo a la Argentina, medidas como la distribución de unos cuatro millones de tarjetas de alimentos, la erogación de bonos para los jubilados y aumentos de suma fija para los asalariados buscan contener a quienes recibieron el castigo más duro en los últimos años. Existe, por disposición ideológica compartida entre ambos Fernández, la tentación de hacer esto a expensas de quienes -habiendo perdido hasta un 40% de su salario real durante el macrismo- no se encuentran, digamos, en una situación de emergencia. En esta tendencia a ajustar sobre los sectores medios, o aquellos que están relativamente alejados de la base de la pirámide, se encuentran varias razones que llevaron al triunfo de Macri en 2015, lo cual obliga a revisarla de manera urgente.
Esto nos lleva al segundo punto: si tomar medidas que atentan contra el bienestar y menoscaban los derechos de las mayorías populares es una receta segura para perder apoyos, lo mismo puede decirse del mal manejo de los equilibrios de poder inherentes a la propia base política. Una parte de esto comprende la distribución, relativamente armónica y equitativa, de cargos y recursos entre los distintos actores del Frente de Todos. La otra es más compleja, dado que se solapa irremediablemente con la política económica: nuevamente, la política y la economía no son sino caras de la misma moneda, así como la base política (por ejemplo, sindicatos que integran el FdT) son expresiones orgánicas de la base social.
Dos acontecimientos ilustran esto: el primero ocurrió cuando las tratativas por el proyecto de la llamada Ley de Solidaridad, cuyos artículos 51 y 52 suspendían la movilidad jubilatoria docente. Esto dejaba abierta la posibilidad de que les trabajadores de la educación vieran mermados sus haberes ante la futura inflación, cuya estimación para este año supera los 40 puntos porcentuales. En este escenario, ocurrieron dos cosas que destacan por su novedad, si las comparamos con los mandatos de la hoy vicepresidenta: la CTERA, federación docente afín al espacio kirchnerista, sumó su voz a la queja que puso la CONADU Histórica al respecto. Este planteo tuvo como respuesta la, también novedosa, aceptación del Ejecutivo nacional: la movilidad jubilatoria docente quedó, de esta manera, indemne ante la ley que fuera sancionada días después. La segunda, de mayor difusión, fue la marcha atrás dada por el gobernador (radical) de Mendoza en su propósito de habilitar la megaminería en dicha provincia. Podrá objetarse que, en este caso, no se trata de la voluntad política del gobierno nacional ni del Frente de Todos, y es cierto. También podría aducirse que hubo un guiño del gobierno hacia las mineras, cuando la misma Ley de Solidaridad, finalmente, aumentó un 8% la carga impositiva sobre esta actividad, en vez del 12% que se estimaba inicialmente.
Más allá de lo anterior, estos ejemplos dan cuenta de una permeabilidad del sistema político ante los reclamos de la calle, que contrasta con la tozudez que mostró frente a la masiva y tenaz resistencia que las medidas del macrismo suscitaron. También se vislumbra, por lo pronto, una mayor apertura del Ejecutivo nacional ante los reclamos de los distintos actores de su espacio. Comparando con la relación entre el otrora Frente para la Victoria y los gobiernos de Cristina Fernández, tanto la voluntad de ciertos actores de manifestar sus reclamos, así como la escucha oficial hacia los mismos constituyen una saludable novedad.
Por supuesto, nadie garantiza que esto marque una pauta de conducta, máxime cuando la renegociación de la deuda está en curso y su final, de momento, permanece abierto. La postergación del pago a les docentes bonaerenses de un retroactivo (correspondiente al último medio aguinaldo), por su parte, podría erigirse en un contraejemplo funesto. A pesar de que el gobernador Axel Kicillof aseguró que esta suma se pagaría en marzo, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, expresó su molestia al respecto, aunque sin darle mayor trascendencia.
La tentación de transferir recursos hacia la base de la pirámide a costa de quienes se encuentran un poco más hacia el centro puede poner en serio riesgo la necesaria recomposición social que este gobierno se propone. Sea generando disensos que pueden transformarse en rupturas al interior del “partido de gobierno” -valga recordar la ruptura de Moyano con CFK a raíz del (mal llamado) impuesto a las ganancias- como alimentando la frustración social, combustible predilecto de los experimentos (neo)conservadores. Nadie puede sostener que sea moco de pavo afectar los intereses más concentrados de la economía, pero tampoco es gratuito renunciar a ello, como lo muestra la “sintonía fina” del último mandato de Cristina.
Aquel que no conoce su propia historia, dice el refrán, está condenado a repetirla.
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