6 febrero, 2020
Juicio por jurados para la violación en grupo de Miramar
La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Mar del Plata y acompañada por las defensas de los imputados. Para el abogado de la víctima, esta modalidad resulta «inconstitucional».
Los imputados por el caso de abuso sexual en grupo ocurrido en el camping El Durazno de Miramar el 13 de diciembre de 2018, serán juzgados a través de un juicio por jurados, a raíz de la decisión del juez Fabián Riquert, integrante de Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Mar del Plata.
El caso fue denunciado por una adolescente de 14 años, presunta víctima de “abuso sexual con acceso carnal agravado” de Tomás Agustín Jaime (23), Lucas PItman (21) y Juan Cruz Villalba (23), quienes se encuentran con arresto domiciliario desde el 3 de mayo pasado.
El abogado de la adolescente, Maximiliano Orsini, planteó al Tribunal que un juicio por jurados era inconstitucional en el caso de menores abusados, por lo que solicitó la ejecución de un juicio ordinario. Sin embargo, el magistrado rechazó el recurso, debido a que era “prematuro ante la falta de un agravio concreto”, según consignó la agencia Télam.
Cabe aclarar que en todo juicio por jurados, cuyo tribunal estará integrado por 12 ciudadanos y ciudadanas sorteadas a través del padrón electoral, la sentencia no podrá ser apelada.
Al respecto, Orsini explicó que “la sentencia en un juicio por jurados no pueda ser apelada viola la doble instancia consagrada en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que establece que el menor abusado puede hacer rever una resolución ante un tribunal superior”.
Por su parte, la fiscal del caso, Florencia Salas, también consideró “prematuro” el recurso de Orsini en cuanto al planteo de inconstitucionalidad. En tanto, recordó la posibilidad que tendría la víctima -en caso de no obtener una sentencia favorable- de recurrir a la ley 26.061 que establece la doble instancia como garantía para las víctimas.
Los imputados Pitman, Jaime y Villalba fueron detenidos el 1 de enero último tras la denuncia, y estuvieron alojados en la Unidad Penal 44 de Batán hasta el 3 de mayo pasado, cuando se les otorgó el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
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