5 febrero, 2020
Y un día volvió la Paritaria Nacional Docente
El 20 de enero el presidente Alberto Fernández firmó el Decreto 92 con el que reabrió la la negociación con los sindicatos nacionales después de cuatro años. La primera reunión se realizó el 30 de enero en el Palacio Sarmiento.


Alicia García Tuñón*
El pasado 30 de enero los cinco sindicatos docentes con representación nacional -Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y Confederación de Educadores Argentinos (CEA)- colmaron el salón de reuniones del Ministerio de Educación. Volvía a realizarse después de cuatro años la paritaria nacional.
En 2016, el entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich, había acordado con los gremios un 40% de aumento para el salario inicial en la paritaria nacional. Pero a partir de 2017 se negó a convocarla y finalmente en 2018, el presidente Mauricio Macri firmó un decreto en el que directamente la derogaba. Solo convocaba a reuniones en las que no se discutía salarios y en las que la representación sindical no respetaba la proporcionalidad según la cantidad de afiliados. También excluyó de las mesas de trabajo a SADOP por representar a docentes privados.
No sólo impidieron que se discutiera salario sino que se descontinuó la entrega de libros y netbooks, se desfinanciaron programas socioeducativos como las orquestas infanto-juveniles, se canceló el plan de lectura y se transfirió el plan FINES (para que adultos puedan terminar el secundario) a las provincias.
En ese marco, a comienzos de esta semana el Ministerio de Educación denunció que encontraron cerca de medio millón de libros en dependencias oficiales que nunca se habían distribuido entre las y los estudiantes.
Días atrás, personal de la la Sindicatura General de la Nación (Sigen) encontró en un depósito del Correo Argentino de Tortuguitas 101 mil netbooks, tres mil tablets y dos mil proyectores del Programa Conectar Igualdad que nunca se distribuyeron. El programa, de alcance universal entre estudiantes del nivel medio, fue cancelado por la anterior gestión.
Ambos hechos, son un claro ejemplo del desmantelamiento de las políticas de inclusión del macrismo y del destrato hacia la escuela pública.
Por eso la convocatoria para el 30 de enero fue aplaudida por todos los sindicatos docentes aunque no dejaron de expresar sus reclamos.
La CTERA, el sindicato nacional más representativo y con más afiliados, expresó en un comunicado: “Para todxs lxs trabajadorxs de la educación, este es un triunfo producto de la lucha inclaudicable que dimos ante las políticas educativas neoliberales de ajuste y quita de derechos”.
Pero el camino que sigue no pareciera ser tan auspicioso. Entre los primeros temas para discutir, los gremios plantearon recuperar el poder adquisitivo del salario del docente que recién se inicia, que hoy está en 20.250 pesos, un valor muy por debajo de la línea de la pobreza.
Esto en un contexto donde el gobierno de Alberto Fernández decidió no seguir atando el salario docente a la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM). Desde 2017, por disposición de Mauricio Macri, el salario inicial debía fijarse en un 20% por encima del SMVyM.
Los reclamos docentes
La CTERA llevó a la primera reunión un pliego con lo que considera son los reclamos más acuciantes:
– La recuperación del 6% del PBI para educación previsto en la Ley de Financiamiento educativo que el gobierno de Cambiemos, incumpliendo con esta norma, bajó al 4,8%. Trabajar fundamentalmente con las metas incumplidas de ampliación de la Jornada extendida y/o completa, construcción de jardines de infantes y escuelas secundarias
– Aumento salarial, del Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador para asistir a las provincias más desfavorecidas. El gobierno nacional abona 1210 pesos por cargo docente de FONAINDO, monto congelado desde el 2016. Desde esa fecha, perdió el 54% de su poder adquisitivo.
– Declarar la emergencia alimentaria en las escuelas: articulación con el Plan Nacional de “Argentina contra el hambre”, ampliación de comedores escolares en todo el país y refuerzo alimentario en zonas prioritarias.
– Formación docente: retomar las reuniones técnicas con el Instituto de Formación Docentes (INFOD), recuperar las formaciones en servicio del Programa “Nuestra escuela” y desarrollar el programa de Formación docente en ESI.
– Recuperar los programas socioeducativos.
– Trabajar con las políticas que aseguren escuelas y ambientes seguros. Ampliación a todo el país de licencias para las víctimas de violencia de género, así como acompañamiento, asistencia y protección integral a la víctima de violencia de género. Elaborar políticas preventivas ante riesgos ambientales.
– Refuncionalizar el Consejo Consultivo de Calidad Educativa previsto en la Ley de Educación Nacional.
– Intensificar políticas de igualdad de género, derechos humanos y educación ambiental.
– Suspensión y anulación de acuerdos con las ONGs o fundaciones que hacen negocios con la educación.
Ante este pliego el ministro Nicolás Trotta adelantó que el objetivo de su cartera era garantizar que el salario docente le ganara a la inflación 2020, y que confiaba en que la paritaria estaría resuelta para el 2 de marzo, fecha prevista para el inicio de clases. Incluso dijo ante los medios que no estaba descartada la cláusula gatillo.
Desde el sector sindical muestran preocupación. En la primera reunión si bien no hubo acuerdos, se conformaron 10 comisiones para avanzar en el convenio nacional y una agenda común entre las carteras educativas provinciales, el Ministerio nacional, el Ministerio de Trabajo y los cinco sindicatos nacionales.
Las negociaciones no parecen sencillas ya que la desinversión en el área produjo no sólo una enorme pérdida salarial sino también graves problemas de infraestructura en muchísimas escuelas. También falta de vacantes en el nivel inicial y la cancelación de políticas complementarias a través de los programas socioeducativos, entre otros.
Un tema más complicado aún será ver cómo se desarrollarán las negociaciones salariales en cada provincia ya que lo que se acuerde a nivel nacional fijará el piso que servirá de base para las paritarias jurisdiccionales. Allí se esperan discusiones muy dispares no sólo según la situación económica de cada provincia sino de acuerdo con el color político que conduce cada una de ellas.
* Referenta de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE – CTERA)
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