Sin acuerdo en el diálogo entre la oposición y el gobierno en Haití

Propuestos por el Comité de Iniciativa Patriótica Haitiana, el pasado 29 de enero comenzaron una serie de encuentros en la sede de la Nunciatura Apostólica de la ciudad de Puerto Príncipe, capital del país. Allí se reunieron representantes del gobierno y de partidos políticos de la oposición. También se sumaron diversos sectores de la sociedad civil con el objetivo de poner fin a la crisis que sufre la isla desde mediados del año pasado.

Las negociaciones contaron con la presencia de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití (Binuh) y la Organización de los Estados Americanos (OEA)

Sin embargo el diálogo quedó interrumpido al no llegar a un consenso acerca del tiempo que debe permanecer en el poder al actual mandatario, Jovenel Moïse. Desde el gobierno afirmaron que hubo acuerdo en la necesidad de redactar una nueva Constitución, realizar una Asamblea Constituyente y elaborar una hoja de ruta al respecto. A su vez reconocieron que hubo desacuerdos en lo referente a la adopción de un “calendario realista”.

Al respecto, el Core Group, un comité autodenominado “grupo de amigos de Haití” que reúne a representantes de la ONU, la OEA, la Unión Europea y a los embajadores de EE.UU., Francia, Canadá, Alemania, España y Brasil lamentó que no se haya podido llegar a un acuerdo a pesar de los “esfuerzos” de los participantes.

Sin haber fijado una nueva fecha para reiniciar las conversaciones, el país vive una tensa calma que puede peligrar este viernes 7 cuando se celebre otro aniversario del fin de la sangrienta dictadura de François “Papa Doc” Duvalier y su hijo Jean-Claude “Baby Doc” (1957-1986).

Una crisis sin final a la vista

Haití se encuentra desde mediados de septiembre pasado en un estado de insurrección popular permanente ante la crisis socioeconómica que padece y que ha sido calificada como una de las más graves desde el fin de la dictadura en 1986.

A esto se le suma el agravante de un vacío institucional causado, por un lado por la falta de un gobierno legítimo desde hace 10 meses luego que renunciara en marzo del año pasado el ex primer ministro Henry Ceánt al ser impugnado por el Congreso. Y por otra parte, porque desde el 13 de enero de este año, tras vencer el mandato de la cámara baja y de dos tercios del Senado no hay parlamento en el país. Las últimas elecciones legislativas estaban previstas para octubre, pero debido a la conmoción política y social fueron pospuestas y nunca se celebraron.

Uno de los detonantes de la crisis fue la falta de combustibles provocó a su vez el aumento de su precio, la proliferación del contrabando y la paralización de los transportes. Este desabastecimiento tiene dos causas: la retención por parte del gobierno que, para cumplir con el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI), pretende quitarle los subsidios; y el bloqueo que EE.UU. ejerce sobre Venezuela que no permite la llegada a la isla de naftas y diesel más barato proveniente del pacto Petrocaribe.

A su vez, el levantamiento popular también se gestó en rechazo a los hechos de corrupción que involucran al presidente Moïse y gran parte de sus funcionarios. Todos están acusados de malversar fondos por más de dos mil millones de dólares provenientes de Petrocaribe. 

Esta iniciativa fue lanzada por el ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en 2005 para ayudar a otros países en el suministro de petróleo a precios blandos y financiar proyectos de infraestructura social y energética.

Sobreprecios, sub ejecuciones, contratos yuxtapuestos, obras fantasmales, liquidación precoz de fondos, evasión fiscal y nepotismo son algunas de las denuncias que involucran a los miembros del Ejecutivo.