3 febrero, 2020
En 2020 hubo más de un asesinato político por día en Colombia
Con el crimen de un comunero y guardia indígena del departamento del Cauca, ya fueron muertos 30 referentes sociales y cinco ex combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el año.
De acuerdo a cifras del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) un líder o lideresa social e indígena ha sido asesinado por día durante enero pasado en Colombia. Si a esto se le suman los ex combatientes desmovilizados de la guerrilla, el número llega a 35 en 33 días.
En el marco de esta “grave crisis humanitaria”, tal como vienen denunciando los movimientos y organizaciones sociales, este domingo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) informó el asesinato de Javier Girón, comunero y guardia indígena nativo del municipio Santander de Quilichao, en la parte suroccidental del departamento del Cauca.
Girón, de 54 años de edad, fue atacado en un negocio de la vía pública por un sicario que con tres disparos acabó con su vida. Integrante de la comunidad Nasa Kiwe Tehk Ksxa`w, uno de los 22 territorios indígenas que forman parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), hace 20 años que prestaba servicios voluntarios como guardia y nunca había sufrido amenazas.
«Condenamos categóricamente este hecho y solicitamos a las autoridades judiciales dar con los responsables. Lamentamos que un nuevo integrante de comunidades indígenas sea asesinado”, señalaron desde la organización Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de Cxhab Wala Kiwe. A su vez, destacaron que les resulta alarmante “el número de asesinatos que están ocurriendo en el norte del Cauca” y que estos son una “continuación de la violencia que se desató en la región desde el año pasado».
Para la organización Marcha Patriótica, que bajo la presidencia de Iván Duque sufrió el asesinato de 43 de sus miembros, estos crímenes poseen patrones en común. Todos ellos son perpetrados por sicarios que “se desplazan en motos”. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas en su hogar o en las inmediaciones y todas participaban activamente “en procesos de movilización social”, explicaron en un comunicado. Además, todas las muertes se sucedieron “en lugares con amplia presencia y control militar de integrantes del Ejército Nacional”.
Por su parte, el pasado 31 de diciembre, la Organización de Naciones Unidas (ONU) difundió un informe en el que considera que la presencia de grupos armados ilegales en zonas de Colombia tiene “consecuencias devastadoras, como reclutamientos de menores, homicidios, desplazamientos y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos».
Desde organizaciones como la Guardia Cimarrona del Norte del Cauca y comunidades negras que en diciembre pasado se movilizaron a la ciudad de Bogotá para apoyar el paro nacional contra el gobierno y visibilizar la violencia que padecen, aseguran que detrás de los asesinatos se encuentra la agroindustria. Para las grandes empresas del sector los líderes y lideresas sociales e indígenas constituyen un estorbo por su lucha contra el modelo de desarrollo neoliberal que las multinacionales llevan adelante en los territorios.
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