Derechos Humanos

7 enero, 2020

Fallo de la Corte IDH: los traslados de personas privadas de su libertad violan los derechos humanos

Fue a través del caso «Néstor Rolando López y otrs. vs Argentina» iniciado en 1991. El fallo establece que “el contacto con la familia y el mundo exterior es fundamental en la rehabilitación social de las personas privadas de libertad”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que la política de traslados en Argentina implica el “incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y lo hacen responsable de violaciones a los mismos.”

La sentencia constituye un precedente para el país que atraviesa una profunda crisis del sistema penitenciario. Según les jueces, los traslados de personas privadas de su libertad a unidades lejanas de su lugar de origen constituye “una violación a su integridad personal, a la finalidad de reforma y readaptación de las personas condenadas.”

Además, aseguraron que afecta al derecho de  no ser objeto de injerencias arbitrarias, a no ser víctimas de injerencias en la vida familiar; a la protección de la familia los derechos del niño/a; la protección judicial y las garantías judiciales.

Por otro lado, la CIDH la hizo foco en el marco legal nacional y aseguró que el mismo no es claro en materia de traslados, lo que deriva en que las personas presas puedan ser trasladadas de manera arbitraria.

En ese marco consideró que la práctica es avalada por los jueces argentinos “al permitirle al Servicio Penitenciario Federal un amplio margen de discrecionalidad para asignar el alojamiento de las personas encarceladas, verificándose la ausencia de un control judicial efectivo.”

Sobre el caso, que trata el traslado de cuatro personas privadas de su libertad a cárceles ubicadas fuera de Neuquén – ubicadas entre 800 y 2000 kilómetros de distancia de sus familiares – la Corte resolvió imponerle al Estado argentino obligaciones de satisfacción, rehabilitación, no repetición y una indemnización compensatoria a las familias y personas víctimas.

Entre las medidas reparatorias, la Corte instó a la Argentina a implementar  “todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o judicial para regular e implementar los traslados de personas privadas de libertad condenadas de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y los estándares establecidos en la presente sentencia: derecho de la persona privada de libertad y la consecuente obligación del Estado de garantizar el máximo contacto posible con su familia, sus representantes y el mundo exterior…”.

En ese escenario, establecieron ciertos factores para la elección del lugar donde una persona condenada deba cumplir su pena. Según el fallo, en primera instancia la pena debe tener como objetivo principal la readaptación o reintegración del condenado. En consecuencia dictaron que “el contacto con la familia y el mundo exterior es fundamental en la rehabilitación social de las personas privadas de libertad”.

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