Un aumento salarial para abrir la discusión y no para cerrarla

Federico Dalponte

@fdalponte

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Cambian las monedas, cambian los gobiernos, pero la elevación de los salarios por decreto es una constante en tiempos de pobreza e inflación. La medida anunciada el viernes pasado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se inscribe en esa senda.

“Hay que bajar los costos, y los salarios son un costo más”, había dicho Mauricio Macri en 1999. Y de eso se podrá jactar ahora en su retiro: los salarios perdieron alrededor de un 20% de poder de compra durante su presidencia. Sólo eso ya justificaría un aumento generalizado de emergencia.

Porque si algo confirmó el período 2015-2019, es que la reducción del salario real no genera mayores inversiones sino menor nivel de consumo, prefacio del estancamiento de la economía. Y por tanto ahora, si se la pretende reactivar, la recomposición salarial se vuelve una tarea prioritaria.

Alberto Fernández intenta encontrar la fórmula ideal. Procura dar aumentos por encima de la exigencia social pero por debajo de la tolerancia empresarial para evitar el traslado a precios. Un dilema no menor.

Está claro que cuatro mil pesos suena a poco. Se dirá: el 60% de los asalariados tiene ingresos por menos de 22 mil mensuales. Y es cierto. Para ellos, un piso del 18% de aumento podría ser un número suficiente –siempre que sus salarios no hubiesen perdido buena parte de su poder adquisitivo en los últimos cuatro años–. No es el caso de la Argentina: recuperar lo esmerilado durante la gestión de Cambiemos llevará al menos una década de salarios ganándole a la inflación.

En ese sentido, los cuatro mil pesos decretados no buscan retrotraer los salarios al nivel de 2015, sino volcar dinero rápido hasta llegar a las paritarias. Objetivo elemental: que esa plata vaya al consumo y no al ahorro.

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El salario mínimo está fijado actualmente en 16.875 pesos, unos 14 mil pesos por debajo del ingreso medio de los asalariados formales. Por eso el gobierno descartó la posibilidad de incidir en la discusión a través del Consejo del Salario. La suba generalizada y universal, en cambio, tiene la ventaja de elevar a todas las categorías por igual, y no sólo al salario mínimo, cobrado por una ínfima parte de los trabajadores, menor al 5%.

Sin embargo, es evidente que sería un error apostar a esta medida sólo como un adicional para «pasar el verano». Los cuatro mil pesos decretados servirán para incidir sobre la discusión salarial, pero nunca para zanjarla.

En ese sentido, la medida será útil solamente si los sindicatos alcanzan rápidos acuerdos a partir de marzo. Caso contrario, sin empalme entre decreto y negociación colectiva, los aumentos otorgados por el gobierno serán un incremento aislado y no un piso sectorial como se pretende.

Vale el ejemplo: en julio de 2002, cuando el plan de reactivación de Roberto Lavagna incorporó el otorgamiento de sumas fijas por decreto, la medida duró hasta bien entrado el año 2003, cuando encontró a su reemplazante natural: las paritarias.

En 2004 se homologaron un 167% más de acuerdos colectivos que en 2002 y un 232% más que en 2001. El empalme entre decreto y paritarias funcionó allí a la perfección, sobre todo porque esos aumentos se incorporaron a la remuneración básica de los convenios sectoriales. Los sindicatos reconocían que los incrementos otorgados por el Ejecutivo eran un piso mínimo infranqueable desde el cual negociar.

Hoy, aun con matices obvios, el escenario es ciertamente parecido. Las paritarias funcionan con plena vigencia y ese empalme pretende tener una duración más acotada. Pero la utilidad dependerá también de la dinámica negocial, igual que en 2004. Si la ronda de negociaciones que arranca en los próximos meses se «desengancha» de la estrategia oficial, ello obligará al gobierno a otorgar nuevas sumas fijas por decreto o a presionar para alcanzar nuevos acuerdos con rapidez.

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Desde que Edelmiro Farrell publicó el decreto-ley 33302/45, el mercado quedó formalmente suplantado por el Estado en materia salarial. Desde entonces nadie duda de la posibilidad de aumentar los sueldos por negociación tripartita o por imposición presidencial. Sobre todo en tiempos de alta inflación, donde no hacerlo implicaría esmerilarle los ingresos al trabajador.

Según datos del INDEC, el 80% de la población ocupada cobra menos de 35 mil pesos mensuales, en un país que calcula en 35.600 el costo de la canasta básica para una familia de cuatro integrantes.

En ese marco, la aplicación de un monto fijo, y no de un porcentaje, pretende incidir mayormente en los salarios bajos. Por simple matemática, un trabajador que cobra 20 mil pesos por mes tendrá un 20% de aumento salarial, mientras que para uno que cobra 45 mil el incremento será de apenas el 9%. Eso no achica las brechas salariales, pero eleva el piso de todos por igual. Y eso tampoco reemplaza a las paritarias por venir, pero sirve para paliar la espera. 

Aun así, con todo, existe dos problemas adicionales. El primero son los trabajadores rurales, del sector público y de casas particulares, quienes deberán aguardar soluciones similares a las anunciadas la semana pasada. Su no inclusión en el decreto del sábado se explica por mera aplicación del artículo 2° de la Ley de contrato de trabajo, que excluye a esas actividades del régimen general.

El segundo problema atañe a los no registrados. El ingreso medio de estos trabajadores y trabajadoras es un 56% menor al ingreso medio de los trabajadores en blanco, en un universo que representa al 35% del total.

Para ellos no hay aumento por decreto que valga. Para esa enorme cantidad personas los paliativos son los ya anunciados: aumento de la AUH, tarjeta alimentaria, devolución del IVA sobre la canasta básica y congelamiento del transporte y las tarifas.

El orden de prioridades parece reforzar así aquella premisa presidencial de “empezar por los de abajo para llegar a todos”. En diciembre les tocó el turno a los jubilados, los desocupados y los informales; en enero a los asalariados formales. En febrero habrá que medir de nuevo los niveles de paciencia general.