La dictadura boliviana desata conflictos diplomáticos con México y España

El presidente español, Pedro Sánchez, expulsó este lunes a tres diplomáticos bolivianos acreditados en Madrid. Lo hizo luego de que Jeanine Añez, la presidenta de facto de Bolivia, diera un plazo de 72 horas para abandonar el país a dos diplomáticos y cuatro policías españoles conjuntamente con la embajadora de México, María Teresa Mercado, tras declararlos “personas non gratas» y acusarlos de operaciones “clandestinas”.

Entre los funcionarios españoles afectados está la encargada de negocios, Cristina Borreguero, y el cónsul, Álvaro Fernández. Además, los diplomáticos de ambos países fueron denunciados por presunto “abuso de privilegios”.

Por su parte los representantes bolivianos que deberán abandonar el país ibérico son el encargado de negocios, Luis Quispe Condori; el agregado militar, Marcelo Vargas Barral; y el policial, Orso Fernando Oblitas Siles. Al respecto, el Ejecutivo español declaró que los expulsaron «en reciprocidad al gesto hostil del Gobierno interino de Bolivia».

En este contexto México “por el momento no expulsará diplomáticos bolivianos ya que no hay embajador, no hay encargado de negocios, no hay jefe de cancillería de Bolivia”, dijo el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga.

”Lo que hay son funcionarios consulares que desarrollan una labor consular y un servicio para sus compatriotas bolivianos en nuestro país, y lo mantendremos así”, afirmó.

Mientras tanto, la cancillería mexicana ha pedido el retorno al país de la embajadora Mercado con el fin de “resguardar su seguridad e integridad”.

Cómo se originó esta crisis diplomática

El jueves pasado el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció que su país denunciará al gobierno de facto de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por “el asedio policial y militar” que padecen sus sedes diplomáticas en la ciudad de La Paz. 

En su mensaje había denunciado sobrevuelos con drones, tomas fotográficas y la presencia de 90 agentes policiales y militares en las inmediaciones de la embajada.

Como respuesta, el gobierno golpista de Bolivia acusó a México de “tergiversar la realidad sobre la lucha y voluntad del pueblo boliviano”.  Y afirmaron que la actual crisis se debe a la “ayuda” que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le otorgó a Evo Morales “quien no era ni es un perseguido político”. 

Pero uno de los motivos de fondo de la hostilidad se debe a que México otorgó asilo en su embajada a cuatro personas con pedidos de captura dictados por la dictadura. Se trata de los ex ministros de la Presidencia y de Cultura, Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, respectivamente. 

Al día siguiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano denunció la presencia de presuntos encapuchados de la misión diplomática de España, que habrían intentado irrumpir en la Embajada de México. Según la canciller, Karen Longaric, estas personas «intentaron ingresar de forma subrepticia y clandestina» a la residencia diplomática.

Este hecho -no comprobado- fue considerado por el gobierno golpista como un acto hostil y un “atropello” contra la soberanía del país. Por eso, Añez expulsó a los diplomáticos argumentando que «este grupo de representantes de los Gobiernos de México y España ha lesionado gravemente la soberanía del pueblo y el Gobierno constitucional de Bolivia».

De acuerdo a la prensa española, los encapuchados eran en realidad escoltas de la Embajada, pertenecientes al Grupo Especial de Operaciones (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía que acompañaban a los diplomáticos españoles a una visita a la embajadora de México.

La visita con la presencia de los GEO levantó las suspicacias de los sectores golpistas y comenzó a circular la teoría de que se trataba de una operación clandestina para sacar al ex ministro Juan Ramón Quintana del país.