El plan de emergencia: un 2020 que quiere ser 2002

Federico Dalponte

@fdalponte

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Se dirá que es un plan ambicioso y es cierto. Pero fue también la senda que sacó a la Argentina de la crisis de 2001, y eso no es poco. Eduardo Duhalde tuvo también su ley de emergencia y una gran obsesión en miras: conservar los escasos dólares que había dentro del sistema y usar los pesos para reactivar el consumo.

El «corralito» fue una medida fundamental para ello. Durante todo 2002 las reservas del Banco Central rondaron los 10 mil millones de dólares, un cuarto de la cantidad actual, aunque con una deuda proporcional con el FMI. La medida impuesta por Fernando De la Rúa duró alrededor de un año en total, aunque a ella Duhalde le sumaría otras.

«Cupo de dólares» le llamaban entonces los principales diarios. En 2011 lo bautizaron «cepo», pero servía para lo mismo: acotar la demanda de divisas y restringir las posibilidades de fuga. Mauricio Macri lo entendió recién 1.400 días después de asumir la presidencia; Eduardo Duhalde y Alberto Fernández, en cambio, convivieron con esa obsesión desde el principio.

Ley de emergencia, congelamiento del precio de la nafta, desdolarización de las tarifas de servicios públicos, acuerdo para retrotraer el precio de los medicamentos. Parece un resumen de noticias actuales, pero son las primeras medidas de gobierno tomadas en 2002. Y tal como hoy, la pesificación ocupaba un lugar central en la discusión económica.

El ministro de economía Jorge Remes Lenicov apostaba a controlar los precios del mercado desde el Ejecutivo, sin depender del valor del dólar; una facultad que incluso el Congreso le delegaría a Eduardo Duhalde a través de la ley de emergencia.

La dolarización de todos los vínculos jurídicos del Estado era una preocupación que sólo sería finiquitada el día que el gobierno anunció que no podría cumplir con su promesa inaugural: “El que depositó dólares recibirá dólares”, había dicho Duhalde el día de su asunción. Pero no.

Fue el fin de una ficción y el ingreso a la adultez. La ilusión de los ahorristas había durado apenas un mes. El país necesitaba dólares para salir de la crisis y el derecho a la propiedad de los particulares debía ceder ante el interés general.

Con igual criterio, otro concepto hoy ya naturalizado irrumpía triunfal en aquellos meses de emergencia: las retenciones agropecuarias. Las usó Duhalde, y a su izquierda las usaría luego Kirchner y a su derecha también Macri. Corría el mes de marzo de 2002 y en plena crisis nadie apelaba a la mera buena voluntad: el Estado imponía su decisión con rigor y hasta amenazaba con usar el régimen penal cambiario si el sector agroexportador no liquidaba divisas en tiempo y forma.

Dos meses más tarde, ya con Roberto Lavagna como ministro, aquellas retenciones eran las que impulsaban la suba de la recaudación.

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Remes Lenicov asumió junto a Eduardo Duhalde. Su gran aporte fue comandar la salida de la convertibilidad. Su gran déficit, subestimar la necesidad de recomponer el poder adquisitivo de los salarios. La devaluación del primer trimestre había impactado fuertemente en los precios, pero el ministro declaraba en abril de 2002 que no se podía “ni pensar en aumentos de salarios”. Una semana después dejaría su cargo por desacuerdos con el presidente.

Su sucesor, Roberto Lavagna, impulsó el primer aumento generalizado de salarios y jubilaciones a partir del 1° de julio y hasta el 31 de diciembre. Es cierto que desde enero de aquel año ya regía el Plan «Jefes de Hogar», central en la política social, pero los ingresos de los asalariados habían quedado visiblemente retrasados respecto a la inflación postdevaluatoria.

Se trataba así de recomponer salarios y estimular el consumo, aunque con especial cuidado por los posibles efectos inflacionarios. Por eso el gobierno era quien concedía las sumas fijas a discreción, incluso con aumentos desde enero de 2003 y hasta bien entrado el recambio presidencial, ya con Alberto Fernández como jefe de gabinete.

No es extraño entonces que el nuevo presidente prefiera asegurar primero sumas fijas por decreto para los sectores más golpeados. A diferencia de Remes Lenicov, la filosofía del nuevo ministro Martín Guzmán se asemeja más al plan de Lavagna en aquel entonces: estímulo del crédito para PyMES, reactivación del consumo vía salarios y jubilaciones, topes al incremento de las tarifas, refinanciación de la deuda externa e incremento de la recaudación. Todo bajo la tutela de un Ejecutivo empoderado.

De esta manera, en noviembre de 2002, Lavagna hacía su anuncio más esperado: tras tres trimestres consecutivos de crecimiento, había terminado técnicamente la recesión. No se trató en ningún caso de una salida deficitaria ni sostenida por emisión monetaria. Era un camino cimentado por impuestos, recomposición salarial y consumo.

Por eso no sorprenden los primeros pasos del nuevo gobierno. Alberto Fernández soñaba con sumar a Lavagna a su gabinete. No pudo, pero los lineamientos generales se mantienen, e incluso los votos de ese peronismo opositor pero heterodoxo fueron vitales en la sesión de Diputados.

Habrá que esperar. Pareciera difícil repetir el proceso de recuperación iniciado dos décadas atrás. Eso sí: por lo pronto, las retenciones a la exportación, el incremento del impuesto a los bienes personales y el tributo especial para la compra de dólares procuran concederle más músculo al Estado para reactivar la economía. Un 2020 que quiere ser 2002.