Mendoza en defensa del agua: ¿Con los dólares de la megaminería? no gracias

Lautaro Mateu

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En medio de una fuerte sequía que hace apenas un mes dejó a varios barrios del departamento de Las Heras y parte de la ciudad de Mendoza sin agua, llevando más de 11 años de emergencia hídrica en la provincia, el gobierno del radical Rodolfo Suárez dió por tierra a la Ley 7722, destinada a la protección integral del agua. El objetivo es iniciar un proceso de expansión de la megaminería a cielo abierto en la provincia.

Este tipo de proyectos requieren la utilización de millones de litros de agua diarios (nueve millones se usan en la sanjuanina Veladero cada día) en combinación con el cianuro y otros compuestos químicos para la separación del mineral de las rocas de montaña.

A partir de una modificación propuesta por el Partido Justicialista al proyecto del ejecutivo, para poder establecerse emprendimientos megamineros, primero se debe contar con una “licencia social” de carácter departamental. Es decir cada departamento deberá “decidir” si quiere dejar entrar la megaminería.

Esto permite que solo los municipios aledaños a la cordillera decidan por la totalidad del agua de la provincia. Es importante señalar esto, ya que, casi la totalidad del agua de Mendoza proviene de los deshielos de los glaciares cordilleranos. Además, cinco de los siete departamentos con jurisdicción sobre la alta montaña hoy son conducidos por intendentes de Cambia Mendoza (Cambiemos) lo que garantiza una alineación con la voluntad del gobierno de la provincia.

Los perjuicios ambientales son indisimulables y reconocidos internacionalmente, su práctica fue prohibida por el parlamento europeo, así como en varios países del mundo. Si bien las empresas mineras afirman que el sistema de diques de cola, donde se almacena el agua contaminada, es seguro, lo cierto es que es inevitable que se cuelen sus afluentes a las napas subterráneas, un conjunto de ríos subterráneos interconectados en la cordillera.

A su vez, la región de Cuyo posee una fuerte actividad sísmica por lo que los diques de cola tienden a fisurarse y generar derrames hacia los ríos aledaños contaminando todo el ecosistema. En la mina Veladero localizada en San Juan a cargo de la Barrick Gold, se produjeron por lo menos cinco derrames confirmados de agua cianurada entre 2011 y 2019 hacia el río Potrerillos, extendiéndose al río Palca, confluyendo en el río Jáchal. El ocultamiento por parte de la empresa y las autoridades provinciales explica una connivencia muy aceitada para no reconocer sistemáticamente los reclamos de los pueblos de montaña perjudicados y las organizaciones ambientalistas, protegiendo el negocio provincial por excelencia.

La defensa del agua en la provincia es una causa sentida por les mendocines, existe una fuerte conciencia del cuidado del recurso y de lo escaso que es, sobre todo para las zonas que se encuentran más alejadas de las fuentes de agua, que bien se sabe, hay épocas en que literalmente no llega. De la conciencia y la acción han nacido las resistencias, desde los pueblos de montaña hasta las ciudades, logrando impedir el avance de proyectos como lo fue el de la Minera San Jorge en Uspallata, que hoy espera agazapado la modificación de la ley para recomenzar la actividad.

Frente a la enorme crisis financiera y económica que atraviesa el país, no creemos que para enfrentarla la Argentina deba hacerse de recursos, inversiones o divisas a cualquier costo. 

Más aún si pone en juego la sostenibilidad de la provincia como hoy la conocemos.

La legislación minera en Argentina

Actualmente regulan la actividad a nivel nacional la ley 24.196 de inversión minera, que data de 1993 impulsada por el gobierno menemista, y el Acuerdo Federal Minero. Ambos estipulan una serie de “facilidades” para la inversión minera.

En la ley se establece la estabilidad fiscal de la actividad por 30 años, es decir todo aumento tributario o arancelario impuesto podrá ser apelado por los emprendimientos mineros mediante esta ley.

El sistema tributario minero se divide principalmente en tres componentes: regalías a las provincias del 3%, impuesto a las ganancias y retención a las exportaciones. Respecto a las retenciones es importante señalar que las mineras declaran sus exportaciones una vez que han llegado a puerto de destino y mediante declaraciones juradas, por lo que no existe control público respecto a los minerales extraídos. A su vez, las compañías se encuentran eximidas de liquidar dólares dentro del país, por lo que casi la totalidad de las divisas producto de la exportación queda en órbita extranjera.

Casi en simultáneo a la votación por la modificación de la Ley 7722, el Congreso Nacional aprobó la Ley de solidaridad y reactivación productiva, a última hora se incorporó al proyecto una rebaja de la alícuota de retención del 12% al 8% a la minería. Esa rebaja responde a un intento de generar mayores niveles de incentivo a la inversión extranjera a costa de la sostenibilidad ecológica de los glaciares, los ríos, las montañas y la vida humana.

Los pueblos resisten

El agua, bien común vital para el desarrollo humano, para la supervivencia de la belleza natural y de actividades productivas emblemáticas como la vitivinicultura, la producción frutihortícola, está en riesgo.

En ese sentido el viernes pasado se jugó parte del destino de Mendoza. La respuesta popular no tardó en hacerse presente, protestas y cortes totales emergieron en varias localidades como en Uspallata, donde se bloqueó la ruta nacional 7 que conecta Mendoza con Chile. A la altura Lavalle se cortó la ruta 40, departamento que históricamente sufre falta de agua. Hacia el suroeste se produjeron cortes en Tunuyán y  San Carlos, localidades próximas a la cordillera de fuerte actividad agrícola. En General Alvear, zona altamente movilizada por el cuidado del agua y contra los proyectos megamineros se produjeron bloqueos en las rutas nacionales 143 y 188, también hubo manifestaciones en San Rafael y una importante concentración en la Ciudad de Mendoza en las puertas de la legislatura provincial totalmente vallada, donde los diputados y senadores provinciales, en un movimiento express, aprobaron la reforma de la Ley 7722.

Este lunes la llamada “Marcha más grande de la historia de Mendoza” llegará a la Capital convergiendo columnas provenientes de diferentes puntos de la provincia. El veto a la ley por parte del Poder Ejecutivo provincial es la exigencia. Pase lo que pase, la lucha en defensa del agua seguirá en ascenso, la propia instalación de próximos proyectos mineros provocará movilizaciones y acciones localizadas que no serán fáciles de quebrantar. 

Si bien la situación financiera del país, como anteriormente dijimos, es muy delicada, no vamos a acompañar políticas que nos representan pan para hoy y hambre para mañana. Los desastres que deja el neoliberalismo en el país no deben ser combatidos con mayores facilidades para sus negocios y más aún si ponen en riesgo el futuro de nuestras generaciones. Hoy, que los pueblos del mundo se debaten la insostenibilidad del “crecimiento económico ilimitado”, que critican la voracidad del capitalismo hacia nuestro planeta, hoy y mañana repetiremos, el agua vale más que el oro.

Resulta incompatible el desarrollo de la megaminería en simultáneo al desarrollo humano, la sostenibilidad ecológica y el futuro económico de las demás actividades. Este lunes se define parte de la contienda, será la vida o será megaminería.