La dictadura boliviana evalúa hacer un “pedido de extradición” de Evo Morales

Esta semana la Fiscalía anticorrupción de Bolivia -dirigida por el gobierno de facto- dictó una “orden de aprehensión” contra Evo Morales por supuestos actos de terrorismo y sedición. 

Al respecto, el mandatario depuesto el pasado 10 de noviembre declaró desde Argentina, donde se encuentra como refugiado, que esta resolución es “injusta, ilegal e inconstitucional porque no procede legalmente». Entre otras cosas Morales recordó que su renuncia provocada «a causa de un golpe de Estado», debía ser aceptada o rechazada por el Parlamento boliviano y eso «nunca ocurrió».

Por su parte, el ministro de Gobierno de la dictadura, Arturo Murillo, dio una entrevista a CNN donde reconoció que “va a ser complicado poder detener a Evo Morales porque está en el vecino país de Argentina».

Sin embargo el funcionario, que ni bien asumió su cargo prometió realizar una “cacería” contra los dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) no descartó que puedan “activar lo que se llama la extradición”. Es decir, solicitar formalmente al Estado argentino que expulse a Evo y lo envíe de nuevo a Bolivia para que sea detenido y juzgado.

“Los errores políticos se pagan con el voto del pueblo, pero los errores no son el problema, son los delitos que cometió Morales”, añadió Murillo.

De todas formas, aunque formalmente el gobierno de facto boliviano haga el pedido, el tratado firmado por ambos países impide que la extradición se lleve a cabo. El documento establece que esta será negada «si la persona solicitada por la parte requirente ostenta la condición de refugiado o asilado político en la parte requerida y el pedido de extradición proviene del país que motivó el refugio o asilo».