Oposiciones ante la emergencia

Federico Dalponte

@fdalponte

COMPARTIR AHORA

Tarifazos, concesiones y planes de inversión. Todo eso se dio bajo la denominada «emergencia energética», decretada así por el entonces presidente Mauricio Macri una semana después de asumir.

Cambiemos arrancó su gobierno con emergencia energética y se fue con emergencia alimentaria, esta vez por impulso del Congreso. La ley facultó al Poder Ejecutivo a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias (…) conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.

Se trataba así de brindar una herramienta esencial al presidente: la posibilidad de reasignar partidarias presupuestarias. Algo muy similar a lo que exige ahora el Frente de Todos y que fue materia común a todos los gobiernos desde la sanción de la ley de administración financiera en la década de 1990.

En cualquier caso, vale como lección: lo pre-supuesto es apenas lo calculado con miras al futuro. Y puede fallar. Siempre se reasignaron partidas según los vientos y los tiempos. Lo discutible, en todo caso, es el rol del Congreso para el seguimiento y control de esas reasignaciones.

“La estructura presupuestaria requiere una razonable flexibilidad para no convertirse en un obstáculo de la ejecución presupuestaria”, argumentaba con prosa dudosa el gobierno de Mauricio Macri allá por octubre de 2016.

Parecen tiempos lejanos. Cambiemos recién descubría la complejidad de la ejecución de un presupuesto y reclamaba aquello que al peronismo se le suele endilgar como «superpoderes». Con la firma presidencial y del entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, el proyecto de ley remitido al Congreso pedía que al menos le permitiesen reasignar partidas por el 10% del total del presupuesto.

En aquel entonces fue enarbolado como una bandera, una suerte de autolimitación. Pero nada más lejos. Desde 2007 el PRO, la UCR y la Coalición Cívica habían cuestionado severamente las reasignaciones presupuestarias y hasta se habían opuesto al tope del 5% propuesto por Cristina Kirchner en 2009. 

Aquel año, ese 5% era un límite demasiado holgado según la oposición; las reasignaciones debían prohibirse en absoluto. Sin embargo, diez años más tarde, ése es precisamente el límite que rige hoy por disposición de la Ley 27.342, impulsada y votada por macristas, radicales y afines. “Los superpoderes siguen vigentes si se destina a ellos un 5% del presupuesto”, opinaba hace una década Patricia Bullrich, devenida hoy presidenta del macrismo.

***

La administración financiera es de las tareas más complejas de un gobernante. Y mucho más en tiempos de escasez, crisis y endeudamiento. Por caso, el 6 de enero de 2002, cuatro días después de asumir la presidencia, Eduardo Duhalde logró que el Congreso pusiera fin a la convertibilidad y declarara además “la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria”. Eran tiempos de rigurosa excepcionalidad.

En aquel entonces se acudió a un recurso razonable que prevé la propia Constitución en su artículo 76°: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración” o en caso de “emergencia pública”, y siempre que sea por un plazo predeterminado.

Todo estaba dado en 2002. Recesión, alto desempleo, alta tasa de pobreza, fuerte devaluación de la moneda. Nadie dudaba de la emergencia pública, y la delegación legislativa tenía por tanto una envergadura singular: le permitía al presidente readecuar todo el sistema económico desmoronado tras el fin de la paridad cambiaria, renegociar los contratos de servicios públicos, reconvertir las deudas dolarizadas y hasta fijar el precio de ciertos insumos y bienes básicos.

Podría decirse así que la delegación legislativa y las reasignaciones de partidas –o «superpoderes», en el diccionario Bullrich– son dos aristas de la misma emergencia. Razonable en tiempos de crisis, cuestionable en años de estabilidad y bonanza.

Pero con todo, esas dos aristas se complementan con el summum de la autoridad presidencial: los decretos, incluyendo allí a esa particular subespecie de necesidad y urgencia (DNU). Mauricio Macri, por caso, no quiso convocar a sesiones extraordinarias en diciembre de 2015, y decidió en cambio nombrar jueces en la Corte Suprema por decreto simple y cambiar la ley de servicios de comunicación audiovisual por DNU.

Desde 1983, Macri fue el único presidente asumido en receso legislativo tras un cambio de signo político que no convocó a sesiones extraordinarias. Es decir, el único que prefirió refugiarse en la autoridad de los decretos y evitar los debates en el Congreso. Raúl Alfonsín lo hizo para derogar la ley de autoamnistía militar, Fernando De la Rúa para discutir el presupuesto y medidas impositivas, Eduardo Duhalde para salir de la convertibilidad, y ahora Alberto Fernández para tratar leyes de emergencia económica.

Las conclusiones para sacar de allí son varias. Pero la primera y la más obvia: la eventual declaración de emergencia con reasignación de partidas presupuestarias y facultades concurrentes parece a priori menos autoritaria que la designación de jueces por decreto; más aún cuando se convoca al Congreso para discutirlo, y mucho más si no se apela para ello a un DNU –pudiendo hacerlo–.

La segunda conclusión, quizás menos importante, es sobre la responsabilidad política de macristas y radicales como oposición. “Debemos ser una nación que proclame ante todos los pueblos del mundo que los argentinos queremos seguir siendo esa nación y nos vamos a resistir a ser una colonia”, decía en su cierre el entonces senador opositor Raúl Alfonsín el día que votó a favor de la emergencia económica en 2002.

Era el fin del modelo neoliberal y había consenso sobre la necesidad de quemar finalmente el recetario del FMI. Los peronistas enterraban al menemismo y los radicales hacían lo propio con De la Rúa. No había margen para desentenderse de las culpas por ese presente funesto. Habrá que ver si ahora, dos décadas más tarde pero con urgencias similares, los responsables se hacen cargo de facilitar la salida de la crisis producida.