12 diciembre, 2019
Los primeros pasos de Martín Guzmán como ministro de Economía
El funcionario ofreció sus primeras declaraciones al frente del Palacio de Hacienda: negociaciones con los acreedores externos y el FMI, reactivación económica y equilibrios macroeconómicos.
Leandro Navarro
Concluido el traspaso de mando y la asunción de los nuevos ministros y ministras, fue el turno de Martín Guzmán, nuevo titular del Palacio de Hacienda, para dar a conocer su equipo de trabajo y el programa económico para el inicio de la presidencia de Alberto Fernández.
En la conferencia de prensa brindada en el microcine del Ministerio de Economía, el funcionario ofreció el marco general en el que se desarrollará la política del gobierno en esa área, aunque lejos estuvo de ofrecer precisiones y mucho menos dar a conocer medidas. Gran parte de las mismas están contempladas en el proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva que será uno de los ejes de las sesiones extraordinarias a realizarse en el Congreso nacional.
“Venimos a resolver una muy profunda crisis económica y social. Estamos en una situación de fragilidad extrema navegando por un fino corredor. Armamos un programa para frenar la caída dada las restricciones que enfrentamos”, declaró.
En ese sentido y en sintonía con el discurso presidencial, detalló que la cuestión social pasa a estar en el centro y el pago de los vencimientos de deuda se encuentra supeditado a “recuperar la senda del crecimiento”.
Donde sí el nuevo ministro mostró alguna de sus cartas fue en lo referido al objetivo de alcanzar equilibrios macroeconómicos consistentes, esto es, converger hacia un superávit fiscal acorde a una estructura de vencimientos de deuda modificada. Dicho discurso da por tierra con la idea de que la mejora en salarios y jubilaciones venga del lado de la emisión monetaria, elemento que se creía, hasta la conferencia de prensa, podía ser una política a adoptar. Los recursos para financiar esta expansión del gasto público vendrán entonces por la suba de tributos como los derechos de exportación.
En cuanto al control de capitales implementado por la gestión de Guido Sandleris y Hernán Lancunza si bien no hubo referencias, se mantendrá vigente, descartándose por otra parte, un desdoblamiento del tipo de cambio.
El programa económico se completará con los anuncios y medidas que den a conocer el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el nuevo el nuevo presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
En relación al primero, las definiciones incluyen un relanzamiento del programa Precios Cuidados, motivo por el cual se convocará a las cadenas de supermercados. Por su parte resta que Pesce reúna al Comité de Política Monetaria (Copom) y defina los pasos a seguir en dicha materia. Se descuenta que habrá una baja en la tasa de las Letras de liquidez (Leliq) que la entidad paga a los bancos, para de esta manera forzar un descenso en las tasas de financiamiento para los privados que permita recuperar el crédito y la inversión.
De la pizza y los barcos a la negociación con los acreedores externos y el FMI
La primera declaración de Guzmán en materia de deuda destacó que Argentina se encuentra en una situación de virtual default dejado por la administración anterior. Además agregó que ya se iniciaron conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consultas con acreedores externos.“Las decisiones las vamos a tomar nosotros. Este programa es nuestro”, remarcó en referencia a las negociaciones y acuerdos futuros que pueda haber con el Fondo.
Más allá de sus dichos, los primeros movimientos se registraron en torno al pago de los vencimientos de este 12 de diciembre las Letras del Tesoro (Letes) y las Letras capitalizables (Lecaps), reperfiladas por la gestión Lacunza, por un monto que asciende a los 430 millones de dólares. Para lo que resta del año también se avecinan, entre otros, los pagos de renta del Bono de Política Monetaria por unos 25 mil millones de dólares y del bono Centenario por 100 millones.
De cara a la negociación con los acreedores el propio Guzmán desestimó la presentación que él había realizado tiempo atrás en Naciones Unidas. Aquella propuesta ofrecía postergar por dos años el pago de intereses de los títulos públicos y estirar la amortización del capital.
Para 2020 y 2021 los pagos de deuda entre capital e intereses promedian los 40 mil millones de dólares anuales, de los cuales un 42% se encuentra en manos de acreedores privados, mientras que en términos de legislación el 53% está bajo ley local y el 47% bajo legislación extranjera, principalmente ley de Nueva York.
Esta negociación, sin embargo, es apenas la mitad de la película, ya que la otra parte compromete a la deuda tomada con el FMI, cuyos desembolsos se concentran entre 2022 y 2023. La diferencia entre la deuda con el Fondo y con los acreedores es que la primera solo puede recibir extensiones de plazos pero no quitas de ningún tipo.
En cómo se afronte el pago con el Fondo y los acreedores externos, condiciones y plazos para el abono de capital e interés, se juega una parte importante de la construcción de un sendero de crecimiento sustentable en el mediano y largo plazo. La voluntad política marca, por lo menos hasta ahora, que el eje es recuperar lo perdido por los sectores asalariados y jubilados en estos cuatro años, y que el pago de la deuda estará supeditado a la capacidad de crecimiento del país.
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