Preocupación en la provincia de Buenos Aires por torturas a niños y adolescentes

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) consideró este jueves que el cambio de gobierno será “una oportunidad” para reorientar algunas políticas de seguridad con carácter punitivo contra niñes y adolescentes implementadas durante los últimos cuatro años. 

En un comunicado, el organismo dirigido por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, puntualizó en torturas y vejaciones físicas y psicológicas a jóvenes ocurridas en varios distritos de la provincia de Buenos Aires desde mediados de noviembre hasta la fecha.

El último caso sucedió en Punta Lara, partido de Ensenada, durante la madrugada del pasado 3 de diciembre. Un jóven de 17 años salió en dirección a la casa de un amigo, distante a 15 cuadras, en busca de un CD. Cuando emprendió el regreso hizo una parada en la vivienda de otro amigo justo antes de que irrumpieran en ese inmueble 10 agentes de la Policía bonaerense.

En ese momento, el adolescente intentó subir a su bicicleta y regresar a su casa pero fue aprehendido por los efectivos, que le colocaron esposas y comenzaron a golpearlo. De acuerdo a la denuncia penal presentada por la CPM ante la UFI 6 del Departamento Judicial La Plata, uno de los policías le ordenaba abrir bien las piernas para ser requisado, mientras otro le ordenaba lo contrario. 

Ambos le golpeaban los tobillos y las piernas. Una agente policial femenina de apellido Cerdera, al subirlo a la camioneta, lo tomó de la cabeza haciendo golpear su rostro contra el parante del vehículo policial. Alrededor de las 2 de la madrugada lo trasladaron a la Comisaría 2 de Punta Lara donde lo obligaron a desnudarse, lo golpearon y le exigieron que hiciera sentadillas y flexiones de brazos. “Vos no tenés derecho a nada, acá te podemos hacer lo que nosotros queramos”, le gritó un policía según los testimonios recabados por el organismo.

“Estas prácticas y los graves sufrimientos físicos y psíquicos causados a la víctima constituyen el resultado lesivo típico del delito de torturas”, manifestó la CPM. Al mismo tiempo, consideró que los hechos denunciados resultan preocupantes “no sólo por la edad de las víctimas sino porque la producción de prueba en los delitos que se deben  investigar requiere la urgente intervención fiscal y la correcta calificación jurídica”

El 26 de noviembre pasado, otro hecho de violencia institucional se registró en el partido de La Matanza. Un joven de 15 años regresaba a su casa luego de comprar pan cuando repentinamente fue aprehendido, esposado y golpeado por un grupo de entre 8 y 10 gendarmes. La denuncia penal presentada por la CPM relata que fue trasladado al puesto de Gendarmería situado en Avenida Crovara, donde lo encerraron y golpearon nuevamente. 

Entre las amenazas que recibió el joven, fue advertido que si lo encontraban nuevamente lo volverían a detener. Hasta la fecha, su familia ha registrado en varias ocasiones a miembros de Gendarmería detenerse frente a la casa del niño filmando con sus celulares, alertó la CPM.

Por último, el 9 de noviembre, en Lomas de Zamora, una niña fue abordada por policías cuando regresaba a su casa de la escuela. El auto no tenía chapa de patente. De acuerdo a su relato, los policías le exigieron el documento mientras la interrogaban en plena vía pública acerca del lugar al que se dirigía. Luego le pidieron y revisaron su mochila de la escuela hasta que uno de los efectivos le anunció que la requisarían. Recién cuando apareció una persona que pasaba el lugar  y preguntó qué sucedía con la joven, el “procedimiento” terminó.

Para la CPM estos casos resultan preocupantes no sólo por la intervención “ilegal, arbitraria y violenta por parte de la policía y otras fuerzas de seguridad” sino además por “la ausencia de control judicial y de los organismos de protección de la niñez.

“El cambio de gobierno es una oportunidad para transformar la política hacia la niñez y adolescencia, abandonando la demagogia punitiva que sostiene que la persecución penal es la solución para el conjunto de problemas y violencias que atraviesan al sector más vulnerable de la sociedad”, concluye el comunicado.