La CIDH registró en Bolivia “graves violaciones de derechos humanos”

Luego de su visita de observación a Bolivia entre los días 22 y 25 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en un informe “extrema preocupación” por las violaciones a los derechos humanos en los días previos y posteriores al golpe de Estado contra Evo Morales.

A su vez, destacó el clima de violencia caracterizado “por la polarización, la hostilidad y el odio en las relaciones sociales, fundados en la discriminación, la intolerancia y el racismo” en que se enmarcan estos delitos cometidos desde el Estado.

El informe también constata el “uso de la violencia por grupos privados y ciudadanos particulares”, que “habrían actuado en ocasiones en asociación con, o bajo la tolerancia de, agentes del Estado, incluidos miembros de la fuerza pública”. Entre estos grupos se señala a Resistencia Cochala, un grupo armado y motorizado acusado de ser responsable de los ataques contra Patricia Arce, alcaldesa de Vinto por el Movimiento al Socialismo (MAS), quien fue secuestrada, retenida y agredida por sujetos que la liberaron tras obligarla a arrodillarse, bañarla con pintura roja y cortarle el cabello.

Asimismo, se registraron “vulneraciones al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública”. En este sentido, se nombra el caso de la quema de la sede de las Seis Federaciones del Trópico del Chapare y del MAS donde funcionaba una radio comunitaria. Así como también se alude al caso de José Aramayo, director de la emisora estatal Radio Tupak Katari y del periódico Prensa Rural, que fue “amarrado a un árbol y vejado durante horas por vecinos de la zona de Miraflores, en La Paz”.

Este hecho fue documentado por el periodista argentino de Página/12, Sebastián Moro. Según consta en el informe de la comisión, un día después del incidente el cuerpo de Moro “fue encontrado inconsciente en su domicilio, con traumatismo en distintos lugares del cuerpo y luego de seis días falleció”. El abogado de la familia del trabajador de prensa argentino, Rodolfo Yanzón, denunció el caso ante la CIDH por las circunstancias dudosas que rodean el deceso del periodista.

También quedó constatada la agresión sufrida por la prensa extranjera que tuvo que abandonar el país por “falta de garantías” y por “las campañas de difamación que habrían sido compartidas en diferentes redes sociales con sus fotografías y la dirección de los hoteles en los que se encontraban alojados”, precisa el documento.

Asimismo, se registraron los casos de arrestos y detenciones arbitrarias, la discriminación étnica y racial particularmente contra las “mujeres de pollera”, así como también la quema de wiphala por miembros de las fuerza de seguridad, las masacres, asesinatos y persecución a simpatizantes, funcionarios y militantes del MAS. 

Por otra parte, el documento observa el accionar conjunto entre la policía y las Fuerzas Armadas por orden de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez sobre la base del decreto 4078 que eximia de responsabilidad penal a los militares que participaron en operativos para el restablecimiento del orden interno.

Para la CIDH los agentes de las fuerzas involucrados en los actos de violencia “no pueden quedar amparados por ningún tipo de amnistía o exención”.

Además el organismo condenó “de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos”. Y en su opinión, estos hechos “pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas”.

Ante esta situación, la comisión sugiere la conformación de un “grupo Internacional de Expertos Independientes” para que encaren “una investigación internacional independiente e imparcial sobre estos hechos” que, según los datos a los que tuvo acceso la CIDH, se saldó con al menos 36 fallecidos y más de 800 heridos.