2 diciembre, 2019
El genocidio silencioso en Colombia
Desde la firma de los acuerdos de Paz en 2016 han sido asesinados cientos de indígenas y líderes de Derechos Humanos ¿Cuáles son los motivos de esta masacre?
«Si nos quedamos callados nos matan y si hablamos también. Entonces hablamos”
Cristina Bautista, lideresa indígena Neehwesx, asesinada el 29 de octubre 2019
El quehacer de la política en Colombia: la técnica vs. la vida
Las formas de hacer política institucional en Colombia se caracterizan por ser un ejercicio desde la técnica, es decir, desde la picardía, el cálculo coyuntural y la habilidad para el ejercicio del poder y los problemas de institucionalidad y gobernabilidad del país. Este ejercicio de lo político se caracteriza por abordar las cuestiones humanas, biológicas, culturales y sociales desde una perspectiva instrumental y utilitarista, es decir, lo humano y su complejidad, vistos por el sistema del liberalismo económico globalizado como herramientas para las prácticas de competición y consumo, por lo general, desbordado. Asimismo, útiles para instalar lógicas economicistas de costo y beneficio, productividad y acumulación.
En este orden de ideas, es que se mueve el quehacer político colombiano. La política termina por constituirse como politiké, tal y como lo llamaban en la antigua Grecia para definir e identificar este tipo de prácticas. Como sostiene el filósofo Carlos Maldonado se trata de conseguir votos, adeptos o simpatizantes mediante el marketing político, el manejo de los medios o el campo legislativo.
Esto debe pensarse en el marco de la incorporación de Colombia a la lucha global contra el terrorismo y a partir de esto la implementación de un accionar político institucional basado en la sospecha fundada, la seguridad y el uso del control militar sobre la población civil para apaciguar cualquier amenaza contra el statu quo y su formalidad democrática. Este nuevo elemento, adicionalmente, terminó por accionar el poder y la capacidad soberana de decidir quién puede vivir y quién debe morir, hacer morir o dejar vivir, la necropolítica según el camerunés Achille Mbembe.
En oposición a esta visión de la política, tenemos la política como bios (vida), es decir, la Politeia vista como una cosmovisión que gira no exclusivamente en torno al Estado, sino alrededor de la construcción de un mundo común para todos y al conjunto de problemas sobre la vida humana, que entiende la diversidad en toda sus dimensiones genética, natural o biológica y cultural.
En el marco de estas prácticas, Colombia ha sido uno de los países de Latinoamérica en el que sus gobernantes se han inclinado históricamente por promover esa capacidad soberana de hacer morir o dejar vivir y con el firme propósito, al parecer, de desaparecer la biodiversidad genética, cultural e incluso natural.
Impacto de la doctrina política en la biodiversidad étnica
Colombia es parte del Grupo B-17 de los países megadiversos del mundo, esto lo ubica como un país reserva de biodiversidad y diversidad cultural. En cuanto a la mega-biodiversidad, posee una importante área “biogeográfica”, lo cual le otorga un medio ambiente propicio para albergar un gran número de especies de plantas, animales y otros organismos. Posee mayor cantidad de anfibios, aves y reptiles que cualquier otro país en la tierra y una importante variedad de plantas.
En cuanto a la diversidad de prácticas autóctonas por parte de los pueblos indígenas y raizales, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en el territorio colombiano habitan 102 pueblos indígenas, algunos de las cuales son reconocidos por el Estado colombiano a través de diferentes instituciones. Sin embargo, en el Censo de 2018 se registra la existencia de 115 pueblos indígenas nativos que habitan y enaltecen la diversidad étnica y cultural.
La población total de pueblos indígenas en Colombia, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, es de 1.905.617, lo que representa un crecimiento del 36,8% frente al Censo de 2015, en el cual se registraba un total de 1.378.884. Esta población está asentada principalmente en las regiones de Arauca, Chocó, Magdalena, Vaupés, Vichada, Guainía, Bogotá, Cundinamarca, Caldas, Santander, Tolima y Nariño. Los cuatro pueblos más numerosos del país son los Wayuu, Zenú, Nasa y Pastos, que concentran el 58,1% de la población indígena del país. Mientras que los tres departamentos con más población que se autorreconoce indígena son La Guajira con 394.683 personas, Cauca con 308.455 personas y Nariño con 206.455 personas.
La doctrina política basada en la capacidad soberana de decidir quién puede vivir y quién debe morir, ha generado durante décadas un impacto negativo en la población indígena. Desde la firma de los acuerdos de Paz en Colombia, el 26 de septiembre de 2016, han sido asesinados 189 indígenas, mientras que, durante el periodo de Gobierno del actual presidente, Iván Duque, han sido asesinados 135, según un informe realizado por Telesur. Por su parte, según el diario colombiano El País, desde la toma de posesión de este mandatario han sido asesinados 129 indígenas en el suroeste colombiano.
Dicha situación da cuenta de una violencia sistemática contra los pueblos indígenas, pero ¿quiénes son los que cometen estos asesinatos? Según el mismo diario, desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC, el Cauca ha sufrido los efectos violentos de la reorganización y atomización de grupos armados que llenaron el vacío que dejó esa guerrilla. La Fundación Ideas para la Paz detalla que en esta zona los grupos armados se ocupan principalmente del control de la producción y tráfico de coca y marihuana. Y tienen en la mira a las comunidades indígenas Nasa desde que estas decidieron oponerse a la siembra de cultivos ilícitos en sus territorios.
En un informe realizado por la Revista Semana, a las 126 autoridades ancestrales les preocupa que sus poblaciones estén frente a un plan de exterminio sistemático debido la defensa de sus territorios, mientras los líderes indígenas afirman que la proliferación de cultivos utilizados para uso ilícito como marihuana y coca tiene como raíz la crisis de la producción agrícola de la región y de todo el país.
Las mismas autoridades indígenas responsabilizan de los asesinatos de su población a grupos de narcotráfico, disidencias de los grupos armados, (guerrillas y paramilitares), que se enfrentan por la tenencia del territorio en una cruel guerra que se aviva con la presencia de efectivos de las fuerzas militares colombianas que no hacen más que incrementar la violencia y fuego cruzado que está exterminando sistemáticamente a la población.
En este sentido, el responsable de los asesinatos de indígenas, raizales y líderes de Derechos Humanos es el Estado colombiano, por su incapacidad institucional para frenar esta matanza, investigar los autores intelectuales y materiales de este etnocidio y juzgar a los responsables, de cara a garantizar la verdad y la reparación a las víctimas.
En definitiva, estamos ante la necesidad de que el Estado colombiano y su actual gobierno, cambie esa doctrina política de “Hacer morir o dejar vivir”, por una doctrina política donde el centro de las decisiones institucionales sea la reivindicación de todas las formas de vida y de la diversidad étnica, cultural e ideológica.
Toda una agenda política de vida, que se ha incorporado como punto de demanda social, en las recientes movilizaciones de la sociedad civil, en donde han participado diferentes sectores, sindicatos, defensores de Derechos Humanos, estudiantes, afrodescendientes y pueblos originarios e indígenas y que hoy tienen sobre las cuerdas a Duque y su “desgobierno”.
* Candidato a Doctor en Ciencias sociales (UNGS-IDES). Magíster en Estudios Políticos (PUJ).
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