Macri quiere mantener a los propios en el Estado

A través del decreto 788/19 el presidente Mauricio Macri creó un régimen de mantención de cargos jerárquicos que establece que deberán ser mantenidos en sus cargos por otros cinco años, es decir, durante todo el mandato – y más – de Alberto Fernández.

Además, establece que para removerlos, el Estado debe pagar una indemnización equivalente a todos los sueldos del tiempo que resta para completar ese plazo de cinco años.

En el mismo marco, el documento establece que a partir del 1 de enero del año próximo los cargos principales de la administración pública (incluidos ministros y el presidente) tendrán considerables aumentos de sueldos que alcanzarían los 100 mil pesos.

El documento lleva la firma del primer mandatario, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Producción, Dante Sica y crea el «Régimen de Alta Dirección Pública», que ampara a directores generales, nacionales o equivalentes, directores y coordinadores.

El acuerdo fue respaldado por UPCN en las instancias colectivas de negociación, aunque al momento no se expresaron de manera pública. En tanto, según publicó Página 12, en diálogo con ese medio negaron que se trate de una intención de mantener funcionarios macristas en el Estado.

Desde la vereda de enfrente, el secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández, advirtió que «a catorce días de terminar su mandato, Mauricio Macri continúa su tarea de condicionar y dejar un campo minado a Alberto Fernández».

En el mismo sentido aseguró que el decreto «establece una prioridad que no es la nuestra: planteamos que hay un problemas con los ingresos de las categorías más bajas y la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras que sobrevivieron a la ola de despidos del macrismo. Ahora quieren aplicarle a los cargos jerárquicos que ocuparon ellos todos los derechos que le negaron a los estatales durante estos años».  

En tanto, desde la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) emitieron un comunicado público donde tildaron al decreto de “bochornoso” y denunciaron haberlo hecho en connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando muestras de desvergüenza”.

Además explicaron que el acuerdo fue firmado antes de las elecciones generales del 27 de octubre, pero fue homologado poco antes del cambio de gobierno para que sea la próxima gestión la que deba pagar aumentos y posibles indemnizaciones millonarias.

“Tan detestable y malsano como la falta de prudencia es el “oportunismo”, que por otro lado algunos practican con arrogancia habitual, suscribiendo acuerdos espurios que buscan beneficiar sus propios e inconfesables intereses, muy alejados de la defensa de los derechos de los agentes estatales”, concluyeron.

La antesala

A mediados de octubre de este año el gobierno de Macri tomó la decisión de lanzar concursos para pases a planta de 2352 cargos, muchos de ellos jerárquicos. En ese momento, desde el oficialismo salió a responder el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien aseguró que “las vacantes publicadas en el Boletín Oficial no son designaciones ni están destinadas a personas que ingresaron durante esta gestión” y agregó: «Estos concursos no son un mero ‘pase a planta’ automático, sino que son procesos donde se deben validar competencias y antecedentes, rindiendo exámenes y acreditando requisitos específicos, conforme a los convenios colectivos de trabajo”.

Desde ATE respondieron con la presentación de un informe que revela que el gobierno macrista anuló mas nombramientos de los que permitió. Según el documento, 1910 concursos quedaron sin efecto y otros 3964 fueron cajoneados.

En tanto, sólo designó 1519 cargos por concursos internos, de los que un porcentaje ínfimo son profesionales.

«De los 1519 cargos designados, ninguno se corresponde a un cargo profesional, particularidad que sorprende, cuando Macri e Ibarra hablan de jerarquizar la capacitación y profesionalizar la administración pública. La misma situación se advierte en el total de cargos autorizados a concursar efectuada por la Secretaría de Empleo Público a cargo de Pablo Legorburu: de 4844 cargos, sólo 55 son cargos profesionales, ya que se trata de médicos para integrar las Comisiones de las Superintendencia de Riesgos del Trabajo»., denunciaron.