27 noviembre, 2019
Denuncian que Macri pagó a fiscales de Formosa con un plan social para desocupados
El dinero salió del proyecto de subsidios “clandestino” del Ministerio de Producción para personas desocupadas que había sido lanzado justo en las semanas previas a las elecciones.
Según denunció el periodista Mariano Martín en el diario Ámbito Financiero, más de la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio en Formosa recibieron a cambio de su tarea dinero destinado a un plan para desocupados. Así quedó asentado en la causa judicial que investiga la creación de un bono “clandestino” de cinco mil pesos lanzado por el gobierno en las semanas previas a las elecciones de octubre.
Esta nueva presentación estuvo a cargo del abogado Dardo Caraballo y fue realizada ante el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello y quedó integrada al expediente que tramita la jueza María Servini de Cubría. La denuncia apunta directamente contra Ricardo Buryaile, ex ministro de Agroindustria y diputado nacional electo, que habría sido el responsable de implementar la maniobra.
De acuerdo a la acusación de Caraballo, de un total de 1.404 mesas de votación, con sus correspondientes autoridades, un cruzamiento de datos detectó que por lo menos 756 de los fiscales de Juntos por el Cambio resultaron beneficiarios del bono. En la provincia en cuestión, se asignaron 3.994 subsidios en una primera etapa.
Cabe recordar que Servini de Cubría había dictado una medida cautelar previo a los comicios del 27 de octubre para detener la implementación del subsidio a partir de una presentación del Frente de Todos.
El caso se dio a conocer por una denuncia periodística de Martín. El “Subsidio Extraordinario Situación de Desempleo” estipulaba destinar 650 millones de pesos en pagos individuales a 114 mil personas sin trabajo.
El mismo consistía en un pago por única vez de cinco mil pesos a quienes estén desocupades, sean “mayores de 18 años” y que no tengan otros ingresos de prestaciones sociales o previsionales. El límite para cobrarlo es el 8 de noviembre.
No obstante, aunque la resolución 1177 de la Secretaría de Empleo dependiente del Ministerio de Producción fue firmada el 3 de octubre por Fernando Prémoli, titular del área, recién se difundió en el Boletín Oficial una semana después.
“Los hechos descritos encuadran en el delito previsto en el artículo 139 inciso ‘b’ del Código Electoral Nacional, que pena a quien compeliere a un elector a votar de manera determinada”, sostuvo en la denuncia original el abogado Jorge Landau junto a distintos apoderados del Frente de Todos.
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