El Mundo

26 noviembre, 2019

Avanza la “cacería” de dirigentes del MAS en Bolivia

La dictadura emitió formalmente la orden de detención para el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y una ex diputada fue arrestada mientras daba una entrevista. Mientras tanto el gobierno de facto alcanzó un acuerdo con movimientos sociales y sindicales.

El lunes por la noche se concretó la amenaza del ministro de gobierno de la dictadura de Bolivia, Arturo Murillo: la Fiscalía de Delitos Especiales de La Paz dictó una orden de aprehensión contra Juan Ramón Quintana, ex ministro de la presidencia de Evo Morales. La acusación es por sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo.

Murillo había declarado días atrás que llevaría a cabo una “cacería” contra los funcionarios del gobierno depuesto por el golpe de Estado del 10 de noviembre. Algo que ratificó el fin de semana en la reunión con movimientos sociales y sindicales.

En ese marco, este lunes la Policía detuvo a la ex diputada electa del Movimiento al Socialismo (MAS), Deisy Judith Choque, mientras daba una entrevista en la puerta de su casa. Los hechos quedaron registrados por las cámaras. Ocho oficiales con chalecos antibalas, sin mostrar ninguna orden judicial, la hacen salir de su casa y la suben a una camioneta.

La dirigenta (que había sido electa diputada en las anuladas elecciones del 20 de octubre) está acusada de ser responsable de las muertes de Mario Salvatierra, de 55 años y Marcelo Terrazas, de 48. Ambos murieron el 31 de octubre en Santa Cruz de la Sierra, en el marco de la crisis política desatada luego de los comicios.

«Considero que mi defendida es una ‘perseguida política’ porque el mismo abogado que se constituye hoy de acusador, lamentablemente está de ministro en este Gobierno», sostuvo el abogado de Choque, Oscar Mario Peña. La referencia remite a que quien hace la denuncia es Jerjes Justiniano quien actualmente ejerce el cargo de ministro de la Presidencia de la dictadura de Jeanine Añez.

Desde que Evo Morales fue derrocado fueron detenidos y detenidas distintas figuras del MAS entre ellos Gerardo García, vicepresidente del partido, y Ramón Caro, secretario de Transparencia. Además la policía arrestó a casi 30 funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), incluyendo la ex presidenta del órgano, María Eugenia Choque, así como los vocales Antonio Costas, Édgar González y Lucy Cruz.

Acuerdo con las organizaciones sociales y sindicales

Durante el fin de semana el golpe de Estado se consolidó ya que logró aprobar la ley para convocar a nuevas elecciones proscribiendo a Evo Morales y Álvaro García Linera. Pero además, alcanzó un consenso con distintos movimientos afines al MAS, dividiendo así a la oposición.

En esa reunión se redactó un “Acuerdo para la pacificación” que firmaron el gobierno nacional, la Central Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones del llamado Pacto de Unidad: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB “BS”), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (CSCIOB), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ).

Entre los consensos alcanzados está garantizar los derechos y garantías de “líderes sociales, dirigentes sindicales, personas movilizadas, actores políticos, ciudadanos en general, autoridades electas, funcionarios designados y de libre nombramiento, y prohibir las acciones de hecho: detenciones aprehensiones arbitrarias y cualquier medida que coacciones el libre ejercicio de derechos y libertades”.

Sin embargo se dejó afuera explícitamente un pedido para que Evo Morales y Álvaro García Linera no puedan ser procesados por la justicia ordinaria. Evitar la vuelta del presidente depuesto a Bolivia es uno de los pilares del golpe.

También se creará una Comisión para liberar a los “detenidos de las Organizaciones Sociales” siempre y cuando estuvieran participando “pacíficamente” de las protestas. 

Otro punto de discusión fue el decreto que liberó de “responsabilidad penal” a las Fuerzas Armadas en la represión. Las organizaciones pidieron que fuera derogado, pero finalmente se acordó una modificación. “Dispongamos lo siguiente: que se va abrogar el Decreto y se lo va a modificar disponiendo que las Fuerzas Armadas se mantendrán en todas aquellas empresas estratégicas del Estado para su custodia y conservación”, sintetizó el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, y fue acordado por las organizaciones.

Finalmente el Ejecutivo golpista prometió no privatizar empresas estratégicas y dar continuidad a los planes de ayuda económica a la población.

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