Derechos Humanos

25 noviembre, 2019

Se cumplen dos años del asesinato de Rafael Nahuel

El 25 de noviembre de 2017 el joven mapuche fue baleado por la espalda a manos de un integrante del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, quien todavía goza de impunidad. Piden que caiga todo el peso de la justicia en los responsables materiales e intelectuales del caso.

Crédito: Nicolás Avelluto

A dos años del asesinato de Rafael Nahuel, familiares, organizaciones sociales y de derechos humanos vuelven a exigir justicia y que se revea el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que anuló el procesamiento de Javier Pintos, el prefecto de cuyo arma salió la bala que terminó con la vida del joven mapuche en Villa Mascardi, Río Negro.

La causa por el asesinato de “Rafita”, integrante de la comunidad mapuche y trabajador de la economía popular, sigue abierta pero sin encontrar justicia. Pasaron seis meses desde que la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca ordenó el procesamiento de Pintos y uno desde que Casación lo anuló.

Sucede que los camaristas Liliana Catucci, Esteban Riggi y Juan Carlos Gemignani interpretan, al igual que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que lo que sucedió en noviembre de 2017 fue un “enfrentamiento” entre uniformados del grupo Albatros y 20 personas, pertenecientes a la comunidad mapuche, “con despliegue de tipo militar con lanzas y armas de fuego”.

Bajo esta premisa, echaron por tierra lo dictaminado por los jueces Mariano Lozano, Fernando Gallego y Ricardo Barreiro, de la Cámara de Apelaciones -quienes habían procesado a Pintos por “homicidio agravado” debido a que la bala salió de su fusil MP5- y dejaron vigente la resolución que le imputa “homicidio cometido en legítima defensa”.

Por caso, tanto la familia como las organizaciones que acompañan la causa, piden “cárcel común y efectiva a Pintos y a todos los autores materiales e ideológicos responsables del asesinato de ‘Rafita’” y que “los conflictos territoriales” sean resueltos a través de negociaciones y “nunca en la justicia penal ni con las fuerzas represivas”.

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