Masivo y contundente paro nacional en Colombia contra el gobierno de Iván Duque

Este jueves se vivió en Colombia uno de los paros nacionales más fuertes y multitudinarios de las últimas décadas. Convocado en un principio por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y más de cien movimientos sociales, con el correr de los días se fueron sumando diversos sectores sociales y políticos debido al malestar generalizado contra el gobierno.

Desde estudiantes hasta indígenas, campesinos y colectivos de artistas, una multitud se adhirió a la medida de fuerza en las principales ciudades del país. Los convocó el rechazo a las políticas del presidente Iván Duque y exigieron el cese de la violencia a líderes sociales, indígenas y ex guerrilleros.

A pesar del clima de amedrentamiento que desde el gobierno se impuso en las vísperas de la jornada con allanamientos policiales a distintos actores políticos y organizaciones sociales, más el permiso que decretó el presidente para que las alcaldías declaren el toque de queda, el paro y las movilizaciones fueron contundentes y masivas.

En Bogotá, la capital del país, la movilización se desarrollaba pacíficamente hasta que tanquetas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) dispararon gases lacrimógenos a manifestantes en las cercanías del aeropuerto El Dorado.

A su vez, el alcalde de la ciudad de Cali, Maurice Armitage, decretó el toque de queda en la ciudad desde las 19 horas producto de supuestos actos vandálicos ocurridos en distintos puntos de la ciudad mientras se desarrollaba la manifestación. “Nadie podrá estar en las calles después de esa hora”, aseguró en su cuenta Twitter Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de la ciudad.

En Medellín se calcula que se movilizaron unas 70 mil personas entre estudiantes, docentes, líderes sindicales y representantes de distintos sectores sociales. Otros cientos de miles de manifestantes salieron desde el sur, centro y norte de la ciudad  de Barranquilla.

Las causas 

Entre los principales motivos de protesta que reunió a diferentes sectores sociales se encuentra el llamado “paquetazo de Duque”: un conjunto de medidas neoliberales que incluyen privatizaciones, ajuste y pérdida de derechos principalmente para trabajadores y jubilados. A esto se le suman los reclamos por el cese a la matanza de líderes y lideresas indígenas y sociales y el efectivo cumplimento de los acuerdo de paz firmados en La Habana en 2016.

Este descontento generalizado llega en uno de los momentos más críticos del gobierno. En octubre pasado, se realizaron elecciones regionales donde se eligieron alcaldes, gobernadores, concejos municipales, asambleas departamentales y juntas administrativas locales. Los resultados de los comicios marcaron un triunfo de fuerzas opositoras en varias ciudades importantes del país y un revés político para el presidente y el Centro Democrático, la fuerza gobernante liderada por  el ex presidente y senador, Álvaro Uribe.

Entre los triunfos opositores se destacó el de Claudia López, candidata del partido de centroizquierda Alianza Verde, quien será la primera alcaldesa en la historia de Bogotá.

A esta derrota electoral para el gobierno y el uribismo se le suma la renuncia, a principios de este mes, del ministro de Defensa, el abogado y empresario Guillermo Botero. Señalado como  uno de los hombres más cercanos al presidente, dejó su cargo para evitar que el Senado apruebe una moción de censura en su contra por denuncias presentadas por la oposición. 

Esta dimisión sumó otra derrota política para el primer mandatario y el fracaso de su política de seguridad. En este sentido, además de la ineficacia, el cuadro se fue agravando. Los datos son más que elocuentes. 

Por ejemplo, desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno, han sido asesinados 187 ex guerrilleros según un informe de la Unidad de Desmantelamiento de organizaciones Criminales de la Fiscalía.

A su vez, según datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, entre el 2016 y febrero del 2018, fueron asesinados 282 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Mientras que la Organización Nacional Indígena de Colombia  (ONIC) denunció que en lo que va del año mataron a 115 indígenas en el país.

A estos reclamos por el cese de la violencia, se le suman el descontento y demandas de otros sectores. En diciembre de 2018, Duque firmó un acuerdo con 32 universidades para aumentar la partida presupuestaria en 1.200 millones de pesos. Casi un año después, los estudiantes y docentes reclaman el incumplimiento del acuerdo. 

Asimismo, la situación de los trabajadores y trabajadoras es crítica. Según datos de la CUT, el 44% se encuentra por debajo del salario mínimo legal. Además, este equivale a 828.116 pesos (unos 240 dólares) y según los sindicatos no alcanza para cubrir la “canasta familiar”. Por eso las familias se ven obligadas a realizar changas para llegar a fin de mes.

Frente a este panorama el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) buscan que el gobierno implemente un paquete de medidas de ajuste. 

Las políticas que se pretenden imponer con el “paquetazo” incluyen: reformas laborales con pérdida de derechos para los trabajadores; reformas previsionales con privatización de pensiones; restricciones al derecho a la protesta; la privatización de la petrolera estatal y de la prestadora pública de servicios eléctricos más tarifazos incluidos; rebajas de impuestos a empresas y recarga impositiva a los trabajadores y la clase media.

Por todo esto, el paro está lejos de ser el cierre de un conflicto. Es parte de un proceso abierto que podría llevar a mayores niveles de desgaste al gobierno de Duque y, en particular, al uribismo.