En menos de 24 horas el gobierno dio marcha atrás con el protocolo nacional de aborto no punible

Medianta argumentos técnicos, el gobierno de Mauricio Macri dejará sin vigencia el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)” publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La nueva disposición, que llevaba la firma del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, actualizaba la normativa vigente desde 2015 y apuntaba a que su aplicación sea nacional y no depende de cada provincia.

De hecho, el nuevo texto eliminaba el margen para interpretaciones. Entre otras cosas establecía que la objeción de conciencia de cualquier profesional de la salud no podía impedir que un hospital realizara la interrupción del embarazo.

Formalmente, la resolución que dará de baja este protocolo, argumenta que no fueron consultadas la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; la Agencia Nacional de Discapacidad y el Instituto Nacional de la Mujer. Organismos que tienen competencia en la materia.

Es por eso que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, será la encargada de dar de baja el Protocolo por pedido del presidente Mauricio Macri.

Más allá de los argumentos técnicos, durante el día miércoles distintas voces del oficialismo salieron a cuestionar duramente a Rubinstein. El senador Federico Pinedo, un ferviente antiderechos que se opuso a la legalización del aborto en 2018, escribió en Twitter: «Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica».

“El secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional”, añadió.

En la misma línea, la diputada Dina Rezinovsky, sostuvo que «Rubinstein resuelve ampliar el protocolo nacional para descartar niños y destruir mujeres». «Se olvida que tras meses de debate el Congreso dio un rechazo total a la ley del aborto. Espero su renuncia y que se deje sin efecto esta resolución inconstitucional», completó.

Cabe destacar que la normativa sobre la que trabajó Rubinstein está contemplada en el Código Penal de 1921 que define cuales son las causales en que las personas gestantes pueden realizarse un aborto. La misma fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en 2012 mediante el fallo FAL.

Sin embargo, en varias provincias -por presión política y religiosa- no se implementa como corresponde. Eso es lo que buscaba subsanar la resolución que ahora será derogada.