20 noviembre, 2019
Denuncian penalmente a Evo Morales
La Fiscalía de la ciudad de La Paz admitió este miércoles una presentación del diputado Rafael Quispe y el abogado Omar Durán contra el presidente exiliado por los presuntos delitos de terrorismo, financiamiento de terrorismo, alzamiento armado, instigación pública a delinquir y otros.
En un contexto donde la dictadura boliviana busca proscribir a Evo Morales y “legaliza” la persecución a diputados y senadores del Movimiento al Socialismo (MAS), el Ministerio Público admitió una demanda penal contra el mandatario presentada por el diputado golpista de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, y el abogado Omar Durán.
Según consta en la denuncia, “mediante discursos, entrevistas con medios televisivos internacionales y publicaciones en las redes sociales” el presidente destituido “incita al odio, violencia, discriminación, actos de racismo y sedición, terrorismo y otros delitos”. La presentación judicial será revisada y en los próximos días se definirá si se le da curso o no.
Los denunciantes responsabilizan a Morales por la represión policial y militar sucedida en la ciudades de El Alto, Yapacaní y Sacaba donde se registraron varios manifestantes muertos y heridos producto de los disparos de las fuerzas de seguridad.
“Producto de esos (conflictos) ha habido muertos, se ha encontrado armamento, plata. Esa conducta que ha tenido el ex presidente Evo Morales tipifica en estos delitos de alzamiento armado, sedición, conspiración”, sostuvo Quispe.
En tanto que Durán explicó que lo acusan de “10 delitos”. “Para que la Policía, de alguna manera los medios de Inteligencia, puedan actuar necesitan una denuncia previa”, explicó.
A su vez, Arturo Murillo, el ministro de Gobierno de la dictadura, denunció este miércoles que el ex Jefe de Estado está cometiendo “crímenes de lesa humanidad contra los bolivianos”. La acusación se basa en un audio de una conversación telefónica entre Evo y un dirigente cocalero donde supuestamente lo instruye a que se organicen bloqueos en las rutas de acceso a las ciudades.
El mismo Murillo es quien el jueves pasado, tras jurar ilegalmente como ministro, declaró que irán por una “cacería” contra funcionarios del MAS y de “gente de las FARC, cubanos, venezolanos, gente de la guerrilla que ha estado viviendo aquí”.
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