A horas del paro nacional en Colombia denuncian allanamientos policiales

Este martes, 48 horas antes del paro nacional convocado contra las medidas de corte neoliberal que busca imponer el presidente Iván Duque, la policía colombiana realizó allanamientos simultáneos a locales de organizaciones sociales, sindicatos, colectivos de artistas y viviendas de líderes sociales y estudiantiles. Los operativos fueron llevados a cabo en Bogotá, Cali y Medellín.

«Buscan cualquier nexo con organizaciones y están incautando material probatorio: pañoletas, carteles, pinturas, revisaron celulares y anotaron números de celular», denunció el Movimiento de Víctimas de Estado (Movice).

Por su parte, la Central Única de Trabajadores (CUT), informó a través de un comunicado que los efectivos policiales arribaron a las viviendas de activistas y militantes “con órdenes de allanamiento por investigaciones relacionadas con el porte y fabricación de explosivos y terrorismo».

En consecuencia, la central obrera exige al gobierno nacional «garantizar efectivamente el derecho a la protesta social y cesar la campaña de miedo, temor e intimidación que es un claro atentado contra el paro nacional pacífico y masivo del 21 de noviembre».

También sufrieron allanamientos integrantes de colectivos de artistas que forman parte de la “Campaña por la verdad”, una iniciativa de organizaciones de derechos humanos para visibilizar los crímenes del Estado colombiano. Este sábado, miembros del ejército borraron un mural de la campaña que hacía referencia a los jóvenes asesinados en los llamados “falsos positivos”.

A su vez, este lunes la ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, anunció que el gobierno, en vistas al paro, prepara un decreto que permite a alcaldes y gobernadores declarar el toque de queda “siempre y cuando la situación lo requiera».

Los motivos del paro

Movimientos sociales, indígenas, estudiantiles, campesinos y las principales centrales sindicales convocaron a un paro nacional para este jueves contra lo que llamaron “el paquetazo de Duque”. Se trata de un conjunto de medidas similares a las que intentó imponer en Ecuador el presidente Lenin Moreno desatando una revuelta popular en todo el país en octubre pasado. 

Las medidas incluyen: reformas laborales con pérdida de derechos para los trabajadores; reformas previsionales con privatización de pensiones; restricciones al derecho a la protesta; privatizaciones del petróleo, de la prestadora estatal de servicios eléctricos más tarifazos incluidos; rebajas de impuestos a empresas y recarga impositiva a los trabajadores y la clase media.

Además del rechazo a estas reformas, otra de las exigencias de los convocantes es el cumplimiento de los acuerdos de paz y el cese de los asesinatos y la persecución a los líderes sociales e indígenas.

Desde la firma de los acuerdos en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno, han sido asesinados 187 ex guerrilleros según un informe de la Unidad de Desmantelamiento de organizaciones Criminales de la Fiscalía, creada especialmente tras el pacto.

Asimismo, según datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, entre el 2016 y febrero del 2018, fueron asesinados 282 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Mientras que la Organización Nacional Indígena de Colombia  (ONIC) denunció que en lo que va del año han sido asesinados 115 indígenas en el país.

Este martes, las autoridades indígenas del norte del Cauca informaron el asesinato de uno de sus comuneros, Emiliano Chocue, mientras se encontraban realizando labores de erradicación de cultivos ilícitos. El hecho ocurrió en el municipio de Morales, cuando sujetos armados no identificados atacaron a la Guardia Indígena en sitio de control del resguardo de Chimborazo.