11 noviembre, 2019
Acuerdos por arriba y garrotes por abajo: la fallida estrategia de Piñera para frenar la crisis
El pasado viernes cientos de miles de personas volvieron a recorrer las avenidas del centro de Santiago y otro tanto se movilizó a lo largo del resto del país. Es la respuesta a la estrategia del gobierno que busca en el Congreso, negociando su agenda legislativa, satisfacer, sin éxito, las demandas de la ciudadanía.
José Robredo Hormazábal*
A finales de la semana pasada el gobierno celebraba el acuerdo logrado en el Senado que le permitiría aprobar su cuestionada Reforma Tributaria, que desde la oposición era rechazada por estar pensada “en favor de los súper ricos”. El proyecto original del Ejecutivo permitía la reintegración tributaria que, a la larga, daba pie a que las grandes fortunas resguardaran sus utilidades, cosa que no importa mucho en la calle, que ve como siguen buscando respuestas por arriba.
Junto con eso, el gobierno ha insistido en convocar a los partidos políticos con representación parlamentaria para negociar propuestas y ver las urgencias legislativas. En los dos encuentros que se han concretado los resultados han sido mediocres.
El Ejecutivo no se ha reunido ni con gremios, ni con organizaciones sindicales, ni menos con organizaciones sociales, a pesar de señalar de forma permanente su “voluntad de diálogo”. Sigue sin escuchar e incluso ha puesto su objetivo en mantener el control lanzando paquetes de medidas que solo responden a los sectores más duros de su coalición de derechas.
Ley antisaqueos, ley antiencapuchados, proyecto antibarricadas, equipo especial de abogados, equipo especial policías y Fiscalía, aumento de la capacidad aérea de los policías, fortalecer denuncias, proyecto de ley para proteger a las policías, proyecto de ley que moderniza el sistema de inteligencia y proyecto para modernizar las policías.
Son las diez propuestas con las que salió el presidente Sebastián Piñera esta semana, con las que criminaliza la protesta y la movilización social, y que sumado a la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional sólo logró encender más la pradera. “Estamos convencidos de que esta agenda representa y constituye un apoyo significativo a mejorar y resguardar el orden público. Creo que su aprobación es algo urgente y necesario”, destacó el mandatario chileno ante la prensa.
El último ejemplo de su estrategia de acuerdos “por arriba” se dio este fin de semana, cuando dio las primeras señales de estar dispuesto para avanzar hacia una nueva constitución. El jefe de gabinete ministerial, Gonzalo Blumel, planteó que el gobierno “estaba dispuesto a revisar todas las reformas estructurales posibles” e incluso “evaluar el camino de una nueva Constitución”. Y este domingo llegó el anuncio: avanzar hacia una nueva carta magna a través de un “Congreso Constituyente”. Si bien no se conoce la propuesta a fondo, se le daría el protagonismo al actual Parlamento, a pesar de que su aprobación popular no supera el 5% en diferentes encuestas.
La idea no tuvo buena recepción. En la derecha se acepta a regañadientes, en la centro izquierda y en el Frente Amplio se rechazó por no considerar la Asamblea Constituyente. En la calle las respuestas fueron simplemente espontáneas cacerolas que Carabineros repelieron con gases y balines.
El garrote de Piñera
Desde distintos espacios e instituciones han levantado la voz respecto de la aumento de las denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos en estas tres semanas de movilización.
En ese marco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ocupará este lunes su sesión de audiencias públicas para acoger las exposiciones de diferentes representantes de organizaciones chilenas que denuncian la sistemática y generalizada violación a los derechos humanos.
Las cifras de estos 23 días son impactantes. Según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), actualizados al 10 de noviembre, son 2009 las personas que fueron heridas y atendidas en hospitales, de estas 643 son por perdigones; 345 por arma de fuego no identificada, 41 por balines y 938 por golpes, gases u otros. De los heridos por perdigones o balines, 197 tienen graves heridas oculares. A esta lista cruenta se deben sumar 52 querellas que hasta ahora se han ingresado por violencia sexual.
Eso, sin contar las 23 muertes ocurridas en los primeros días de la movilización, de las cuales cinco fueron en manos de agentes del Estado. En el resto de los casos existen sospechas de la actuación de terceros.
El caso más duro conocido hasta ahora es el de Gustavo Gatica, estudiante de psicología, de 21 años, que el viernes recibió el impacto de balines que le provocaron la pérdida de sus dos ojos. El hecho produjo una reacción generalizada contra Piñera y su gobierno acusándolo de una política represiva que se ha intensificado.
Desde el Ejecutivo ya dejaron de lado el relato del respeto a los derechos humanos y se han centrado en el relato del orden público. «Los protocolos (de Carabineros) fueron recientemente actualizados y los medios tienen que ser progresivos. En consecuencia, yo creo que hay que ser muy cuidadosos al introducir cambios que pueden significar una situación de violencia que termine siendo peor”, dijo el ministro de Interior y Seguridad Pública. Frase reforzada por el general de la policía uniformada, Mario Rozas, quien sostuvo que “el uso de la escopeta antidisturbios será usada en caso de real riesgo”. Quién define “real riesgo” es la pregunta que le faltó responder.
El camino de la dureza es el que Piñera ha elegido para seguir de pie en medio de las movilizaciones, mientras en paralelo busca los acuerdos institucionales sin la venia de la gente, cosa que pone cuesta arriba cualquier solución a la movilización.
* Desde Santiago
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