Apostillas de la economía por venir: la deuda externa y la negociación con el FMI

Leandro Navarro

@navarro_lean

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La victoria de Alberto Fernández en las elecciones celebradas el domingo 27 de octubre dio por finalizada la disputa electoral por la presidencia y abrió camino a la transición de cara al cambio de mando el 10 de diciembre.

Contra cierto consenso instalado la semana previa a los comicios por operadores de mercado e inversores, el día posterior a la votación el dólar no voló por los aires, como sí había ocurrido tras las primarias de agosto.

El endurecimiento del control de cambios reglamentado por el Banco Central con el límite a la compra de 200 dólares mensuales contuvo las presiones sobre la divisa norteamericana. A esta situación hay que agregar que, en días posteriores, las expectativas generadas por un nuevo salto del dólar había llevado a una dolarización extrema de carteras, tanto en dólar billete como en futuros, que no fue finalmente reflejada en el precio del activo y obligó a muchos a cerrar posiciones a pérdida o vender dólares para cubrir gastos corrientes.

Este dato coyuntural y de corto plazo no puede dejar de lado que el gobierno entrante deberá hacerse cargo de una delicada situación macroeconómica y financiera que incluirá negociaciones con los acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI). La deuda externa se convertirá a partir de diciembre en el principal legado de la administración Cambiemos, con la que el país deberá convivir los próximos años, más allá incluso, de la próxima gestión presidencial.

Desempleo, pobreza y caída del salario real completan un panorama cuyo eje central es el endeudamiento externo por las limitaciones que provoca en términos de acceso a los mercados de crédito para el financiamiento de proyectos, así como por el peso en las cuentas públicas.

El camino que comenzará a desandar el equipo económico de Alberto Fernández a partir del 10 diciembre, tuvo su primer episodio con el reperfilamiento de la deuda de corto plazo implementado por el actual ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. El funcionario que remplazó al saliente Nicolás Dujovne anunció en agosto un nuevo cronograma de pagos para las letras en pesos emitidas por el Tesoro Nacional (Lecaps) y las letras en dólares (Letes).

La decisión provocó un hecho inaudito, un gobierno defaulteando deuda en su propia moneda. El argumento en aquella situación fue que se buscaba evitar que el pago de las letras emitidas en pesos llevara mayor presión al tipo de cambio. Finalmente restableció el control de cambios, el llamado “cepo”, que había quitado a los días de asumir en diciembre de 2015.

El sendero de la deuda

Un análisis de los vencimientos de deuda por venir nos muestra, como señalamos más arriba, que los principales vencimientos, tanto de capital como de intereses, se concentran en los próximos años, en especial en el periodo 2020-2023.

Los dos primeros años el gobierno entrante deberá afrontar importantes vencimientos de capital e intereses. Para 2020, los pagos son superiores a los 48 mil millones de dólares en concepto de títulos públicos y letras del Tesoro, incluyendo los activos repeferilados por Lacunza, mientras para 2021 son de 38 mil millones. Esto excluye los préstamos como parte del acuerdo Stand by con el FMI.

El año próximo Argentina debe afrontar el vencimiento de bonos como el Bonar 2020, cuyo capital amortiza al vencimiento, así como parte de la amortización del Bonar 2024, además de los intereses de dichos títulos.

Para los años siguientes (2022-2025) la carga de deuda por intereses y capital se ubica en un nivel promedio a los 25 mil millones de dólares anuales.

A estos vencimientos hay que agregarles la devolución de los desembolsos producto del acuerdo firmado en 2018 con el FMI, que se concentran en los años 2022 y 2023. Es decir cuando la carga de los títulos públicos comienza a reducirse, el país debe afrontar la deuda contraída con el organismo internacional.

Otro aspecto a destacar es que del stock total de deuda bruta en manos de la administración central, unos 337 mil millones de dólares a julio de este año, el 42% se encuentra en manos de acreedores privados. Sobre ese último número, el 53% se encuentra bajo legislación nacional y el 47% bajo legislación extranjera, principalmente ley de Nueva York.

No va a ser menor este dato de cara a la reestructuración que deberá afrontar el equipo económico de Alberto Fernández. Las diferencias entre las legislaciones impactan tanto en la capacidad para llevar adelante quitas de capital o periodos de gracia, así como en la presencia o no de cláusulas de acción colectiva (CAC), que indican que a un determinado nivel de aceptación por parte de los acreedores de las condiciones impuestas, el resto está obligado a aceptar también, impidiendo futuros litigios. 

Justamente la no existencia de dichas cláusulas habilitó el accionar de los fondos buitre en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York, cuyo titular era el juez Thomas Griesa.

Las perspectivas que se abren en materia de deuda para los próximos años trazan, entonces, un sendero que requerirá importantes dosis de negociación con el FMI y los acreedores externos. Para bien y para mal Argentina y el Fondo son socios en esta situación, tanto por el peso de la deuda del organismo en las cuentas públicas locales como lo que representa el préstamo en relación a la cartera total de la entidad financiera. Los acreedores, por su parte, descuentan quita de capital o extensión plazos, algo que se expresa en el precio de los bonos argentinos.

En cómo se destrabe esta situación y que cronograma de pagos deberá seguir la Argentina, se juegan gran parte de las condiciones de posibilidad de la recuperación económica futura.