4 noviembre, 2019
Derechos Humanos y violencia institucional: la vida después de Cambiemos
Los cuatro años de gestión macrista al frente de los Estados nacional y provincial bonaerense dejan un saldo muy negativo en relación a política criminal, servicio de Justicia Penal y el rol de las fuerzas de Seguridad. ¿Cómo podemos pensar políticas que nos permitan desandar un camino que dejó un caso de gatillo fácil cada 21 horas?
“Cambió la doctrina, la policía no es culpable en un enfrentamiento”. Habían pasado poco más de dos años de gestión de Mauricio Macri al frente del gobierno nacional, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ponía un sello definitivo a lo que fue su gestión en la materia. Entonces era febrero de 2018 y se refirió al caso de Luis Chocobar, un policía que mató por la espalda, mientras huía, a Pablo Kukoc -de 18 años- después de un intento de robo.
Por un lado, las declaraciones de altos funcionarios del gobierno legitimando el uso de la fuerza letal incentivó el hostigamiento, el abuso de la fuerza y las muertes en manos de la policía. Por otro, se trata de un discurso que profundizó la sensibilidad alrededor del delito (callejero), que hasta hoy continúa siendo percibido como uno de los principales problemas públicos de Argentina.
Para ese momento también habían ocurrido dos de los casos más emblemáticos en materia de violencia de parte de las fuerzas de Seguridad: el de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Este respaldo a un accionar que, sin caer en eufemismos, es asesino, provocó que se registre un muerto cada 21 horas por violencia institucional, según el informe para 2018 de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
A poco más de un mes para que termine esta gestión, los espacios que llevamos adelante una militancia en materia de Derechos Humanos nos preguntamos: ¿es posible escapar de la lógica punitiva para pensar políticas públicas de seguridad?
Lo que Cambiemos se quiso llevar
Uno de los desafíos más importantes que nos deja el macrismo en su paso por el Ejecutivo tiene que ver con esta disputa simbólica. Antes de su triunfo en 2015, la derecha construyó su ofensiva sobre la base de núcleos de sentido reaccionarios -la “mano dura”, la inseguridad “descontrolada”-, que bajo la plataforma de Cambiemos adquirieron cohesión y representación política.
Parte de esta ofensiva se basó en la negación de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia que atravesó nuestro país. Desde el “desconocimiento” de la cifra de desaparecidos de Mauricio Macri -“no tengo idea si fueron nueve mil o 30 mil”- hasta el intento de aplicar el 2×1 a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura que supimos rechazar, la derecha entendió que en esos procesos de “reconciliación” de nuestra sociedad residían una serie de valores, ideas fuerza, de los que era necesario deshacerse.
El campo popular se sienta a discutir política
La etapa que se abre trae algunas certezas: esta vez, la discusión acerca de cómo encarar una política criminal que no persiga a los sectores populares tiene que estar sobre la mesa. Por supuesto, no todo el mundo comparte la visión acerca de que la única forma de reducir ciertos tipos de delitos que son los de mayor circulación a nivel mediático -robos, asaltos, entre otros- es a través de la inclusión social.
El resultado de este sesgo en la persecución de los delitos y de las respuestas punitivas es una sobrepoblación histórica en las cárceles y comisarías del país, lo que empeora las condiciones de detención. Además, el Estado desestima la etapa de seguimiento una vez que las personas recuperan su libertad ambulatoria, donde no sólo regresan a los contextos previos de vulneración, sino que además cargan con el estigma de tener antecedentes penales, lo que implica una dificultad para insertarse en el mercado laboral.
Un número significativo de las personas que estuvieron privadas de su libertad y se incorporaron a una cooperativa de trabajo no reincidieron. Estos datos surgen del trabajo llevado a cabo por la Secretaría de Ex Detenidos, Detenidas y Familiares de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Rama de Liberados, Liberadas y Familiares del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Es necesario que el Estado reconozca el rol que juegan estas cooperativas en la inclusión y la contención de las personas liberadas, y que pueda contribuir a su crecimiento a través de la contratación de los servicios que cada una brinda.
Tenemos que encontrar un equilibrio a la hora de discutir política entre las demandas que seguramente surgirán en materia de leyes penales y las alternativas que, pensamos, son más viables para acabar con el problema de fondo. Será un desafío del campo popular poder avanzar en el control de las armas de fuego, fundamental para reducir la violencia social.
A su vez, también es necesario abandonar la idea de que la “guerra contra el narcotráfico” es la guerra contra los consumidores, contra las mujeres y mujeres trans de los sectores más humildes de la sociedad, que constituyen el eslabón más débil de la cadena de venta de estupefacientes.
El problema de las drogas ilegales no sólo es un problema de seguridad, sino también de salud pública, aunque el Estado no prioriza esa mirada. A modo de ejemplo: un joven de 25 años que sufría adicciones quiso robar una cortadora de pasto y lo atraparon. Ese joven era Carlos Ariel Corvera y terminó detenido en la Comisaría de Esteban Echeverría, donde murió tras el incendio más trágico de la historia de la provincia en una dependencia policial.
Se trata de un desafío que tendrá que poner el énfasis en la prevención del delito a través de la inclusión social y la reparación progresiva de un tejido social desarticulado. Son tiempos de recomponer los lazos comunitarios y solidarios.
* Integrantes de Atrapamuros
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