Escuelas fumigadas: un fallo a favor del agronegocio en Entre Ríos

Este lunes el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos avaló un decreto de la Gobernación que permite fumigar a 100 metros terrestres de escuelas rurales y 500 aéreos. 

No obstante modificó la resolución del mandatario provincial, Gustavo Bordet (PJ), que establecía que esto sería medido “desde el centro del casco de la escuela rural”. Los jueces establecieron que, ahora, la Zona de Exclusión deberá medirse a partir de una barrera vegetal ubicada a 150 metros de las escuelas.

La Corte Suprema entrerriana revocó así una sentencia del juez Virgilio Galanti, de la Cámara Civil y Comercial, Sala III de Paraná, quien a fines de septiembre había declarado inconstitucional el decreto n° 2239/19 sancionado por Bordet en agosto.

“Vamos a apelar a la Corte Suprema Nacional”, declaró la abogada María Fernández Benetti, al diario Página/12. 

Pero la disputa entre el gobierno provincial y las organizaciones ambientalistas viene de antes. A comienzos de 2018, en un primer intento de Bordet por permitir las fumigaciones próximas a las escuelas el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentaron un primer amparo. 

Tanto el juez Oscar Daniel Benedetto, como el Supremo Tribunal, fallaron en ese momento en contra del Ejecutivo provincial.

“En la causa madre, el juez (Benedetto) determinó que se iba a poner de forma provisional (una zona de exclusión de) mil metros terrestres y tres mil aéreos”, afirmó Fernández Benetti que representa a la Coordinadora Provincial por una Vida sin Agrotóxicos. 

En ese momento la justicia impuso que se estableciera una nueva distancia y “podía poner la que quisiera, pero siempre que estuviera fundamentada con un relevamiento serio, que diera cuenta del estado ambiental”, subrayó la abogada. “Nunca hicieron esa fundamentación”, denunció.

No obstante, el cambio de postura del máximo tribunal se explica en gran medida porque el nuevo decreto solo “permite el uso de agrotóxicos de categorías 3 y 4, que serían los más leves”. 

“Nosotros estuvimos trabajando cómo se clasifican los agrotóxicos en Argentina, que lo hace Senasa, y en esas categorías (3 y 4) hay agrotóxicos de alta toxicidad”, apuntó la entrevistada y destacó que entre esos químicos considerados como “de toxicidad leve” se encuentra el glifosato.

Ya en campaña electoral el ahora electo presidente, Alberto Fernández, se había pronunciado respecto al fallo original a la cual calificó de “loable pero desmedido”. “Hay que cuidar la salud de los que consumen esos productos agrícolas y los que están en inmediaciones de las plantaciones donde se tiran los agrotóxicos. Pero tenemos que ser cuidadosos para que esto no se convierta en un boomerang contra la producción”, opinó. 

En ese sentido convocó a “buscar un punto intermedio”. “Está clarísimo que debemos garantizar la salud de la gente, la salud de los que están cerca de las zonas rurales y la salud de quienes comemos esos productos antes que nada. Pero, a veces, llevar lo útil a un extremo se convierte en malo y perjudicial”, completó.

Su posición contrasta con la de las organizaciones ya que, como señaló la abogada Fernández Benetti “8 de cada 10 niños de zonas rurales ya presentan daño genético” por lo que señaló la importancia de buscar “otra forma de que ingresen dólares sin perjudicar la salud de la gente”.

“Nosotros vamos a apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y nuestra urgencia es que estos niños con daño genético todavía están en una etapa en la que el daño es reversible”, concluyó.