Batalla de Ideas

25 octubre, 2019

¿Un nuevo giro a la izquierda en América Latina? (II)

La batalla de Chile, 4: insurrección de los consumidores.

Fernando Toyos

@fertoyos

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Hace dos viernes, esta columna abordó las crisis políticas que –a dos meses de la categórica derrota electoral de la derecha en Argentina– se abrieron en Perú y Ecuador. Circunscrita a lo institucional la primera, caracterizada por un estallido de la movilización popular la segunda, ambos episodios expresaron una agudización de la lucha de clases en nuestro continente, a la que debemos sumarle la nueva batalla de Chile. 

Al igual que en Ecuador, el aumento en el costo de vida actuó como catalizador. A diferencia de Ecuador, la marcha atrás en el aumento del Metro (subte) por el gobierno del empresario Piñera no parece haber apaciguado las aguas que hierven allende la cordillera. Es que, como pudo leerse en varios carteles, no se trata de los 30 pesos chilenos (unos dos pesos con cincuenta) que se pretendió remarcar, sino de 30 años de un modelo político y económico que avanzó más lejos que ningún otro en la mercantilización de la vida. 

Marco Enríquez Ominami, excandidato presidencial chileno devenido analista político, señaló a la manifestación en alza como una rebelión de “consumidores furiosos”. Señala, con esta imagen, el carácter fragmentado y autoorganizado que asume este estallido social, cuyo eje parece estar centrado en la frustración que provoca el elevado costo de vida. También alude a los efectos del modelo instaurado por la dictadura en el entramado social: la sociedad chilena, que supo contar con altísimos niveles de organización social y política, atravesó un largo proceso de atomización. El neoliberalismo chileno produjo un país de consumidores, donde seis de cada diez personas está endeudada, en muchos casos para comprar bienes de consumo.

Durante el mes de septiembre esta columna se dedicó a analizar someramente el pasado y el presente del hermano país, a propósito de un nuevo aniversario del sanguinario golpe contra el presidente Salvador Allende. Hace poco menos de un mes, decíamos lo siguiente: 

La pirámide social chilena se diferencia de la Argentina por una base más alta (menos marginalidad), pero mucho más ancha; cuyos estratos intermedios son más angostos y más bajos y su cúpula es muy angosta y muy alta. La unidad de las clases dominantes es la unidad del modelo: desde la vuelta a la democracia, ningún gobierno de la Concertación (1990-2010) o la derecha lo han cuestionado. Así, el establishment presenta a Chile como ejemplo a seguir no solo en lo económico, sino en su estabilidad política, sostenida en una prolija alternancia de gobiernos reducidos a la administración del neoliberalismo.  

Es este modelo, expresado en el arancelamiento de la educación y la salud públicas, un sistema privado de pensiones que jubila a les trabajadores con el 40% de su salario, y el endeudamiento masivo de la población es lo que despertó esta ira que, por su intensidad y su carácter inesperado, resulta sorprendente. Ciertamente hay muchos factores que convergen para provocar este fenómeno, pero queremos aprovechar la ocasión para detenernos en la relación entre la estatalidad y la lucha de calle, puesta en escena por cierto argumento (expresado en palabras y memes) que relacionan a una presunta “Latinoamérica en llamas” con un país que aceptó pasivamente el ajuste, cómodo en su “vía Argentina al antineoliberalismo”. 

Sin entrar en este debate, señalaremos que, mientras la movilización popular en Argentina se articula mayoritariamente en torno a una lógica de “arrancar concesiones al Estado», la conflictividad que se vive en Chile, aparece como esporádica y episódica: las jornadas que está viviendo el vecino país nos remontan, por lo menos, a la rebelión estudiantil de 2006-2007, para encontrar algún punto de comparación. Tras largos años de acumulación, la situación estalla a partir de un catalizador, liberando una bronca largamente contenida. Sin organizaciones políticas o sindicales protagonizando el conflicto, el componente de autoorganización popular adquiere una relevancia mucho mayor, en una lógica que tiende al todo-o-nada. El nivel de radicalidad en la lucha no siempre expresa unas relaciones de fuerza favorables.

Con la militarización del conflicto, las posibilidades de una salida negociada parecen estrechas: el llamado a una mesa de diálogo fracasó, precisamente, por no haber un interlocutor que pueda sentarse con el gobierno en representación de la movilización en su conjunto, o una parte relevante de la misma. El presidente Sebastián Piñera, por su parte, realizó ciertas concesiones con las que espera aplacar el conflicto, luego de haberse referido al mismo como una “guerra”, posición que se ha cobrado las vidas de al menos 15 personas. Dos movilizaciones masivas y un paro general convocado por la Central Única de Trabajadores cierran la semana con un interrogante: ¿qué capacidad tendrán las organizaciones de les trabajadores para articularse a una movilización social que marca distancia respecto del sistema político entendido como un todo?

A la fecha, sólo dos consignas parecen ser capaces de contener al heterogéneo conjunto de la insurrección: la renuncia de Piñera y la reforma constitucional. Esta última reviste una importancia estratégica, considerando que la Constitución de 1980 –valga la contradicción, una carta magna aprobada en dictadura– es la piedra angular del “modelo chileno”. De concretarse, una reforma constitucional permitiría poner en cuestión los pilares de un sistema económico y social en cuyas bondades ya nadie puede creer. 

Como en el maravilloso documental de Patricio Guzmán, que registró una serie de acontecimientos que -culminando con el golpe de Pinochet- marcarían a fuego al país hermano, estamos ante hechos que, con desenlace aún abierto, tendrán consecuencias profundas en Chile y la región.

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