Impiden que madres detenidas en cárceles del SPB puedan estar con sus hijes

La medida que adoptó la dependencia del ministerio de Desarrollo Social de la mano de la Subsecretaría de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia bonaerense, viola la disposición del propio penal, que cuenta con pabellones destinados al alojamiento de internas embarazadas y de madres con menores de 4 años.  Según informaron desde la CPM, de 21 pedidos solo entraron dos, uno de ellos por cuestiones de salud.

Por este motivo, desde el organismo de derechos humanos aseguraron que la decisión es “arbitraria”. En ese sentido exigieron que “se preserve la permanencia de niños y niñas con sus madres privadas de libertad y se revisen las actuaciones del OPNyA” mientras que reiteraron el pedido de que “se otorgue arresto domiciliario para todos estos casos”.

La presentación del habeas corpus se realizó ante el Juzgado de Familia N°8 de La Plata a favor de todas las mujeres alojadas en cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), así como a sus hijos e hijas.  Además en el escrito resaltaron tres casos relevados de los que surgen distintas situaciones de hostigamiento, amedrentamiento y amenazas sobre las madres, forzándolas a aceptar estas medidas.

“La decisión del OPNyA es una vulneración grave de los derechos consagrados en la Convención de derechos de les niñez y la normativa vigente, que devienen en agravamientos de las condiciones de detención de las mujeres allí alojadas y de sus hijas/os que no pueden convivir con ellas”, aseguraron desde el organismo.

En el mismo sentido afvirtieron que “la CPM siempre planteó que la medida más adecuada es la excarcelación o arresto domiciliario de las madres detenidas con sus hijas/os. Pero, en caso de no efectivizarse, la permanencia de niñas o niños pequeños en la cárcel preserva el contacto con sus madres y evita la inmediata interrupción del vínculo familiar. Es además una posibilidad establecida legalmente.

Los casos

Desde la CPM resaltaron tres casos particulares – de entre todos los detectados – para presentar ante el juzgado platense. En el primero, ante la revocación de la prisión domiciliaria, la mujer pidió especialmente ingresar a una Unidad donde pudiera permanecer con su bebé de 11 meses.

Hace tres meses que está alojada en la UP 33 donde solicitó a través del Consejo Asistido el ingreso de su bebé. Ante el pedido  le informaron que “el Organismo de Niñez no estaba autorizando el ingreso de niños con sus madres a la Unidad, y que esta decisión se demoraría entre 6 y 7 meses.”

En septiembre de este año, otra mujer alojada en la UP 33 tuvo a su bebé en el Hospital San Martin, donde también tuvo atención en neonatología. Cuando recibió el alta la trasladaron a la Unidad 45 de Melchor Romero, sin informarle que su bebé no iría con ella.

Para el recién nacido tomaron una medida de abrigo: quedaría con una familia solidaria hasta tanto algún familiar del padre o la madre (detenidos por el mismo delito) pudieran llegar desde Misiones a buscar al pequeño. En la actualidad la mujer se encuentra alojada en la cárcel de Batan sin su hijo.

El tercer caso ocurrió en agosto cuando otra también detenida en la UP 33 tuvo a su beba en el Hospital San Martín. La niña quedó internada en neonatología por un cuadro de ictericia y su mamá iba dos veces por día a garantizar la lactancia materna.

El OPNyA no le permitió volver con su mamá a la unidad penitenciaria a pesar de los informes favorables del equipo técnico del Consejo Asistido que la acompañó durante su embarazo. Desde el Organismo Provincial decidieron buscar al padre de la niña para entregársela, aunque él estaba de acuerdo con que se quedara con la mamá. Finalmente la situación fue resuelta por el Juzgado de Ejecución 1 de Lomas de Zamora, que resolvió conceder la prisión domiciliaria a la mujer basándose en el interés superior de la niña.

La respuesta

El habeas corpus interpuesto por la CPM fue rechazado por el juzgado interviniente en su carácter correctivo, aunque dispuso medidas para resolver lo denunciado: insta al OPNyA a resolver en un término de cinco días uno de los casos planteados, y dispone que el OPNyA y al SPB elaboren un protocolo de actuación que tenga como primordial objetivo el interés superior del niño y la niña y contemple los derechos reconocidos a las mujeres privadas de la libertad en un plazo de 30 días.