23 octubre, 2019
Embargan parte del sueldo de un diputado por no pagar la cuota alimentaria
El poder judicial de Formosa ordenó que se embargue el 20% del salario del diputado nacional Ramiro Fernández Patri, del Frente para la Victoria, por no pagar los alimentos a su hija. La madre de la niña también lo denunció por violencia de género.
Fernández Patri es legislador de la Nación desde 2017, momento en que dejó su banca en la Cámara formoseña, lugar que ocupó desde el 2011 al 2015. En enero de este año, su ex pareja lo denunció en la justicia por violencia de género, lo cual consta en el expediente 154/19 del juzgado local N° 2.
Luego, lo denunció en el juzgado de familia a cargo de la jueza Viviana Karina Kalafatich por el incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria correspondiente a la hija de ambos, menor de edad. Finalmente, la Cámara de Diputados de la Nación recibió la notificación para que le retenga el 20% del total de los haberes percibidos.
El legislador formoseño fue uno de los detractores de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso, en junio del año pasado. Su par formoseña, la ex diputada del FPV, Lilian Bistolfi, se refirió a las denuncias que pesan en contra del titular de la comisión de turismo de la Cámara Baja y afirmó que a Fernández Patri “se lo trata con una moral selectiva”.
En diálogo con un medio local, la activista feminista afirmó que “si militamos contra los violentos y por los derechos humanos de las mujeres, resulta que si es alguien con renombre y más siendo candidato o una persona con poder, se lo perdona; entonces es una moral selectiva. Y las luchas no pueden estar sujetas a este tipo de oportunismo político”.
“Luchar por erradicar la violencia hacia la mujer es una bandera que no se entrega porque es un derecho y puntualmente en el caso del diputado Fernández Patri es doblemente agravante porque es un funcionario público y tiene la doble carga” agregó e hizo mención a la denuncia por violencia de géner. “También el rol que tiene como funcionario público como representante moral y éticamente tiene una carga mucho mayor hacia una gran mayoría de personas que lo votaron», dijo.
Si bien las denuncias tomaron estado público, la ex diputada denunció que, debido a la gran pauta oficial con la que se maneja la prensa local, no tuvieron su correlato en los medios de comunicación.
En el mismo sentido agregó que “los grupos de lucha por la defensa de la mujer, donde la mayoría de sus militantes trabajan para el Estado, se ven imposibilitados de expresar su repudio de manera pública por temor a perder sus puestos de trabajo.”
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