Exigieron a Garavano auditar el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) le solicitó al Ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, auditar el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados luego de que tres mujeres denunciaran que uno de los agentes del programa las abusara.

Las denunciantes son sobrevivientes del sistema de trata y explotación de personas y señalaron al agente a cargo de su seguridad – cuyo nombre no trascendió – por irregularidades, abusos y coacciones.

La primera denuncia la hizo una mujer tucumana en 2017. Ella se encontraba dentro del programa desde el año 2014 cuando denunció a los hermanos Ale por los delitos de explotación sexual, narcotráfico y lavado de dinero.

Según declaró la víctima, el agente intentó besarla en varias oportunidades. Además, relató que él buscaba pasar la mayor cantidad de tiempo posible con ella y sus hijos, llegando a entrometerse en la crianza de los menores y los asuntos internos de la familia.

«Empezó a acosame, me quería besar, se metía a cuidar a mis hijos. Se supone que casi no tiene que tener contacto conmigo para no exponerme y lo tenía encima todo el tiempo. Lo denuncié y no me hicieron caso. ‘El hombre se enamoró’, me dijo su jefe, disculpándolo», le contó a Clarín, en diciembre de 2017 la mujer.

En 2014 la víctima realizó la denuncia y, como consecuencia, el agente fue desafectado. El 10 de agosto del año siguiente, el Juzgado Federal N°2 de Tucumán -que intervenía en el proceso- dispuso, a pedido del Programa, el cese de la protección de la víctima, por lo que quedó de nuevo sin ningún tipo de protección.

En paralelo, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, le envió en abril de este año un oficio a la PIA, en la que le hizo saber acerca de dos denuncias más de víctimas del delito de trata que habían denunciado a este agente por hechos similares.

Según la procuraduría especializada, el hombre habría sido señalado “por al menos tres testigos protegidas por conductas oportunamente calificadas como constitutivas de distintos tipos penales”.

Para el fiscal Sergio Rodríguez, a cargo de la PIA, es necesario verificar si se trata de una conducta aislada del hombre denunciado, o si bien “estamos frente a una falencia endémica en el sistema de designación de recursos humanos en posiciones de especial sensibilidad como las que se encuentran previstas para esa oficina”.

En esa línea, Rodríguez solicitó un paquete de medidas entre las que se encuentran el inicio de un sumario administrativo a los fines deslindar la responsabilidad del agente en relación a los hechos denunciados penalmente, enmarcados en presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso sexual agravado mediante coacción por relaciones de dependencia o superioridad.