15 octubre, 2019
La crisis inconclusa de Ecuador
El domingo por la noche el pueblo ecuatoriano celebró en las calles de Quito. El presidente Lenin Moreno anunció que daría marcha atrás con lo sustancial del “paquetazo” de ajuste. Sin embargo en paralelo, desató una brutal persecución política contra dirigentes opositores.
Santiago Mayor
“Acuerdo público con el presidente @Lenin fue la derogación del decreto 883. Este momento una comisión trabaja en la redacción del decreto que lo reemplaza. Festejamos la victoria pero esto no termina hasta que el acuerdo se concrete a cabalidad”. Con ese mensaje en Twitter la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) anunció el domingo por la noche el primer triunfo del movimiento popular tras 11 días de protestas.
El presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, aceptó dar marcha atrás con lo sustancial del “paquetazo” de ajuste que había aplicado, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo hizo luego de declarar el Estado de excepción, el toque de queda, trasladar el poder Ejecutivo de Quito a Guayaquil, y que las fuerzas de seguridad se cobraran siete muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos.
Según difundió la CONAIE, lo acordado implica que el nuevo decreto restablezca algún tipo de subsidio a los combustibles y mientras tanto se vuelva a los precios anteriores al 1 de octubre.
Además demandaron una investigación sobre el accionar de la policía durante la represión.
La división opositora
De esta forma la victoria fue parcial. Se frenó temporalmente el ajuste -el resultado definitivo se verá cuando se redacte la nueva normativa- y además se mantuvo al presidente en el gobierno, a pesar de que el reclamo que pedía su renuncia se había masificado en los últimos días.
Esto tiene una explicación que surge de la propia dinámica de los principales actores del conflicto. El Ejecutivo dividió a sus adversarios apoyándose sobre históricas disputas entre el movimiento social indígena, del cual la Coordinadora es el mayor exponente, y el principal partido político de oposición: el de la Revolución Ciudadana dirigido por el ex presidente Rafael Correa.
El correísmo demandaba la convocatoria a elecciones anticipadas, sin embargo la propia CONAIE salió a desmarcarse públicamente acusándolos de “golpistas”. Paradójicamente, el mismo discurso de Moreno, que intentó focalizar en su antecesor un presunto “complot” orquestado desde Venezuela.
Sobre esa división, el actual jefe de Estado optó por dar un paso atrás en sus medidas reconociendo a los dirigentes indígenas como interlocutores y negociando, pero profundizando una persecución abierta contra políticos de la Revolución Ciudadana.
La ex alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, fueron arrestadas. Asimismo se debieron refugiar en la embajada de México las asambleístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y sus pares Carlos Viteri y Luis Fernando Molina.
Como recordó el periodista Marco Teruggi “estos arrestos y persecuciones a través del poder judicial articulado a la condena mediática se sumaron a casos anteriores, como el del ex vicepresidente Jorge Glas, el del ex canciller Ricardo Patiño, refugiado en México, y el del mismo Correa”.
El futuro incierto
Si bien se levantaron el paro y las protestas para abrir una instancia de negociación, la crisis ecuatoriana no ha concluido. Lenin Moreno cedió, pero lo hizo luego de una intensa lucha popular. Antes, desató una represión y persecución como no se veía hace años en el país.
Tampoco manifestó su intención de rever su plan económico ni su proyecto político. No es de descartar que, en caso de poder sortear este escollo, retome el impulso de su proyecto neoliberal.
En ese camino habrá que ver cómo juega la CONAIE en las calles. Ya demostró que no le tiembla el pulso a la hora de combatir el ajuste y que tiene una capacidad de movilización y organización envidiable.
No obstante, sus diferencias con el correísmo suponen una debilidad para el campo popular opositor. Esa división, que favorece hoy la persecución de los dirigentes de la Revolución Ciudadana implica, en el mediano plazo, la amputación de una alternativa política por izquierda.
De concretarse esto último, sería una enorme victoria para Moreno y -a pesar de los desacuerdos- un golpe por elevación para la propia Coordinadora indígena.
Más allá de la violencia y radicalidad de algunas jornadas, el gobierno resistió el posible knock out. Sigue peleando una batalla que, por ahora, se juega por puntos. Cuando es así, la inteligencia y la estrategia a largo plazo valen mucho más.
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