11 octubre, 2019
Un imputado declaró que la empresa DESA pagó por el asesinato de Berta Cáceres
Según la confesión en el marco de la investigación por la muerte de Berta Cáceres ocurrida en 2016, la empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) contrató, a través de su presidente, sicarios para acabar con la vida de la ambientalista y lideresa indígena.
El Ministerio Público de Honduras informó este jueves que, en el marco de una audiencia del juicio contra el ex oficial de inteligencia militar Roberto David Castillo Mejía -presidente de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA)-, un coimputado confesó que éste pagó a sicarios para ejecutar a la líder indígena Berta Cáceres en 2016.
“Con pruebas complementarias, se pudo establecer un pago de 500 mil lempiras de Castillo Mejía para los sicarios y por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) se tiene una declaración relacionada a la confesión que hizo uno de los coimputados en el sentido que el ex presidente de DESA pagó por el asesinato de la reconocida activista Berta Cáceres”, detalló el comunicado de la fiscalía.
De acuerdo con la investigación efectuada por agentes asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida de la ATIC, Castillo Mejía fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya condenado por el crimen de la ambientalista.
El empresario es el único autor intelectual acusado hasta la fecha por el asesinato, sin embargo la familia de Berta Cáceres y su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), alega que el presidente de DESA solo es parte del eslabón de ideólogos del crimen.
Entre los señalados dentro de esa estructura se encuentran los miembros de la familia Atala Zablah, accionistas y directivos de DESA y desarrolladores del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, al que Cáceres se oponía.
Cabe destacar que Castillo también ha sido acusado de fraude y uso de documentos falsos relacionados con los permisos para la construcción del proyecto.
Las comunidades se oponen a “Agua Zarca” por considerar que atenta contra el patrimonio natural, cultural, económico y hábitat del pueblo lenca. La obra restringe el acceso al Río Gualcarque y, por extensión, a su agua y alimentos.
En noviembre del año pasado la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional declaró culpables a siete de ocho imputados que el Ministerio Público acusó como autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta.
Los sentenciados fueron Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (ex militar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez.
En septiembre pasado, un informe de School of the Americas Watch (SOAW), la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, la Plataforma Internacional contra la Impunidad, la Fundación del Debido Proceso Legal y Robert F. Kennedy Human Rights, titulado Violencia, corrupción e impunidad en la industria energética hondureña, probó también la participación de Castillo Mejía.
Según el documento, mensajes de Whatsapp entre Castillo y uno de los sentenciados, Douglas Bustillo, indican que el 29 de febrero de 2016 coordinaron una reunión para la mañana siguiente. Castillo le proporcionó dinero a Bustillo para que les pague luego a los sicarios que el día 2 ingresaron a la casa de la lideresa indígena y la acribillaron.
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