8 octubre, 2019
Masacre de Monte: denuncias por espionaje ilegal contra familiares de las víctimas
Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) alertaron sobre la presencia de policías infiltrados en marchas y conferencias de prensa donde se reclama justicia por los cuatro adolescentes muertos tras la persecución policial.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó a la Justicia Federal que investigue acerca de presuntos hechos de espionaje ilegal contra familiares de las víctimas de la masacre de San Miguel del Monte, ocurrida durante la madrugada del 20 de mayo pasado.
La denuncia radicada por el organismo de derechos humanos sostiene que hubo policías encubiertos en marchas y conferencias de prensa que se realizaron para pedir justicia por los cuatro jóvenes muertos tras la persecución policial.
“En todas las marchas que se hicieron en mayo y junio, por lo menos, se infiltraron policías. Pero el caso más evidente fue el 5 de julio, cuando la CPM presentó su informe, ese día fue demasiado obvio porque fue en un lugar cerrado”, explicó a Página/12 el secretario general del organismo, Roberto Cipriano, quien agregó: “Cuando se los señaló desde el micrófono, los dos se fueron”.
Además, explicó que los infiltrados fueron “reconocidos como policías porque algunos vecinos los habían visto en la comisaría” y también en una concentración frente al Concejo Deliberante, la misma tarde en la que la intendenta de Monte, Sandra Mayol, debía dar explicaciones sobre el accionar del municipio en torno al caso.
Ese hecho fue denunciado ante la Procuración bonaerense, a cargo de Julio Conte Grand, y la CPM pidió al Ministerio de Seguridad que se identificara a los dos individuos a partir de fotografías presentadas por el propio organismo de derechos humanos.
Por otro lado, familiares de las víctimas denunciaron amenazas en varias oportunidades. El padre de Danilo Sansone, uno de los adolescentes muertos, contó que un auto frenó en la vereda de su casa y le dijo “seguí buscando justicia vos, seguí buscando justicia”, en tono amenazante mientras lo señalaban con el dedo.
Otro hecho se dio cuando el 28 de mayo pasado dos policías uniformados se acercaron al Hospital El Cruce, en Florencio Varela, y -sin identificarse- intentaron averiguar el estado de salud en que se encontraba Rocío Quagliariello, la joven sobreviviente de la masacre.
Según detalló Cipriano, es la Justicia Federal la que debe avanzar en la causa porque se trata de una “violación a la ley de inteligencia y a la ley de Seguridad Interior”. “Nosotros hicimos la denuncia ante la justicia federal, pero hay otro pedido de investigación en la justicia provincial, de manera que ahora se está dirimiendo la competencia”, completó.
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