Erradicar el hambre con el protagonismo popular

Nicolás Castelli

@NicoCastelli3

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La ofensiva neoliberal y saqueadora del macrismo dejó un país con un 35,4% de pobreza de acuerdo a mediciones recientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec); con una inseguridad alimentaria moderada o grave que alcanza a 14,2 millones de personas, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); y con la emergencia alimentaria declarada en todo el territorio, entre otras problemáticas.

En ese contexto, este lunes Alberto Fernández, candidato a presidente del Frente de Todes, presentó el plan «Argentina contra el Hambre», una propuesta que convoca a múltiples sectores: empresarios, dirigentes sociales, candidates y representantes de la Iglesia Católica, para garantizar la alimentación y la nutrición sobre la base de bajar el precio de los alimentos y generar mayores ingresos para las familias. 

Sin dudas es necesario establecer un consenso básico sobre terminar con el hambre pero también empezar a poner ciertas discusiones y preguntas sobre la mesa.

¿Se puede terminar con el hambre en una sociedad estructuralmente desigual y excluyente sin discutir la riqueza de los detentadores de privilegios? ¿Se puede erradicar el hambre en paz, armonía y unidad nacional sin discutir a multinacionales de agrotóxicos como Syngenta -condenada por la justicia brasileña a raíz del asesinato del dirigente sin tierra Valmir “Keno”  Mota de Oliveira- por más solidarias que se muestren? ¿O sin cuestionar la buena voluntad de empresarios que hablan de “descontratar” y fueron ministros de Planeamiento de la Nación durante el gobierno de Videla como Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal)?

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No todo asistencialismo o carencia define la pobreza. Pero sí hay algo de lo inaceptable que tiene ver con un acuerdo moral universal en relación a esta: el hambre. El derecho a acceder a una alimentación sana y nutritiva que asegure nuestra reproducción vital, cuando es vulnerado es intolerable para todes. 

Toda desigualdad es relacional, implica una relación social asimétrica. Para que haya pobres tiene que haber no pobres y concentración de privilegios. La pobreza no se define en sí misma sino que es la sociedad quien la define y el Estado quien se ocupa de ella. Todes acordamos que el hambre es un flagelo, más no todes coincidimos en cómo combatirlo o qué hay que transformar para que en un país que produce alimentos para muchas más personas que las que habitan en él no existan nunca más familias con hambre.

“No es posible que en el país del trigo y las vacas, el pan y la leche no paren de subir y que falten en la mesa de los argentinos”, lamentó Fernández en el acto de lanzamiento realizado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. “Luchar contra el hambre es un deber moral”, afirmó.

Y tiene razón, nadie debería pasar hambre en Argentina y esto no es una utopía. Tiene que ver con pasar un umbral de lo moral y algo más. En todo caso, es más utópico intentar terminar con el hambre y la desigualdad sin discutir la riqueza y las estructuras que la generan. Porque esa indignación moral tiene un sustrato material e histórico, una desigualdad fundante: el país se consolidó sobre la lógica del modelo agroexportador, para el que poblar significó otorgar enormes extensiones de tierra a muy pocas personas.

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En Argentina aproximadamente el 70% de los alimentos que se consumen diariamente lo producen pequeños productores, productoras, campesinos y campesinas de la economía popular con apenas el 17% de las tierras productivas disponibles.

Hay muy pocos datos oficiales sobre la compra y venta de tierras, pero fue a partir de la primera oleada neoliberal de los años noventa donde, con el debilitamiento del rol del Estado, se agudizó el proceso de concentración y extranjerización. Con el uso de la soja transgénica en esos años, las plantaciones del “oro verde” cubrieron el 60% de las superficies aptas para el cultivo.

La problemática de la producción de alimentos afecta tanto al campo como a la ciudad, porque esta se relaciona con un circuito de comercialización, dominado por grandes terratenientes y poderosos empresarios, que son quienes deciden qué comemos y cuánto debemos pagar.

El sistema agroalimentario del país se encuentra fuertemente concentrado en un grupo reducido de empresas nacionales y multinacionales que imponen condiciones sobre lo que producimos y consumimos afectando directamente nuestra soberanía alimentaria. 

En rubros tales como los lácteos, el aceite, el azúcar y los fideos, una o dos firmas monopolizan el 80% del mercado. Si le sumamos la distribución, la concentración se agudiza en seis supermercados que venden el 58% del total de alimentos y bebidas a nivel nacional.

Resulta auspicioso que en el plan para erradicar el hambre se convoque también a los trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular que generan hace años sus propias estrategias y alternativas productivas. 

Incluso que se inste a que desde ahora se trate el proyecto de Ley de Góndolas para que tengan lugar los productos de la economía popular en los grandes supermercados.

Es fundamental la presencia de los movimientos sociales y la economía popular gremialmente organizada para disputar la orientación de esta política de Estado y poner sobre la mesa la necesidad de una reforma agraria integral que asegure alimentos sanos para toda la sociedad. Como así también discutir la función social de la propiedad y garantizar un sistema de vida y de vínculo con la naturaleza diferente al modelo actual del agronegocio y el saqueo.

Sin comprender los mecanismos que generan desigualdad difícilmente se termine con ella, y para eso qué mejor que quienes la padecen en carne propia y la enfrentan día a día tengan un rol protagónico en esta lucha. 

Es decir, con los y las que se inventaron su propio trabajo para garantizar su subsistencia y que luchan por la soberanía alimentaria, la agroecología, discuten la forma en que se produce lo que comemos, el rol de las grandes empresas multinacionales y supermercados en la formación de los precios que pagamos y en las variedades y calidades de productos que podemos consumir.

Es necesario modificar la estructura de propiedad y producción de la tierra. Porque la organización de nuestras vidas bajo el capitalismo actual y la maximización de las ganancias es un desastre humano y ambiental que pone en peligro la reproducción y sostenibilidad de la vida.