2 octubre, 2019
Polémico proyecto del gobierno para combatir la violencia de género
Tras el anuncio por redes sociales, especialistas y militantes feministas cuestionaron la iniciativa.
El presidente Macri promocionó cinco “medidas extraordinarias” para combatir la violencia de género y convertir los delitos contra la integridad sexual en una cuestión de “instancia pública”, es decir, que cualquier persona pueda denunciarlos más allá de la víctima. Un proyecto que fue calificado por especialistas como una medida “electoralista”, considerando el recorte presupuestario ejecutado por la Casa Rosada para combatir este flagelo.
A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que “la violencia de género y el femicidio comprometen no sólo a las mujeres sino a toda la sociedad” y que las “herramientas destinadas a proteger a la mujer demostraron ser insuficientes”.
En primer lugar, el jefe de Estado propuso que la Justicia intervenga “desde la primera denuncia” de la víctima, dando a entender que primero recurrió a la comisaría, donde radicó la demanda contra el agresor y luego de dirigió a un juzgado a realizar una segunda denuncia.
“Es falso que [las víctimas] deban denunciar dos veces, sino sólo que a veces cuando se denuncia en la Comisaría se vuelve a convocar a la víctima a una fiscalía o en un juzgado, pero es sólo una denuncia”, explicó la abogada Elizabeth Gómez Alcorta.
En segundo lugar, Macri planteó que cualquier persona denuncie una situación de violencia de género, a expensas de las víctimas “que son cautivas de relaciones dominantes que les dificultan hacer una denuncia”, explicó. En ese sentido, comparó una denuncia del estilo con una relacionada al abuso infantil, que es de instancia pública.
“El artículo 72 del Código Penal, que regula qué delitos serán de instancia privada sólo incluye a los delitos contra la integridad sexual, mientras que el resto -lesiones graves y gravísimas, amenazas y homicidio- no. Eso quiere decir que esos delitos hoy pueden ser denunciados por cualquier persona”, destacó Gómez Alcorta.
Por su parte, la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Vilma Ripoll, subrayó que “es peligroso para la mujer si no denuncia ella y está preparada, por la posibilidad frecuente de represalias del violento”. En ese sentido, tildó la iniciativa del gobierno de “puro humo y de pésima calidad”.
Por otro lado, el jefe de Estado propuso centralizar las denuncias por violencia de género que se reciben en la línea 144 para “tomar acciones de respuesta inmediata” tales como “visitas periódicas de un tutor, hasta la restricción de acercamiento para el agresor e incluso el uso de tobilleras electrónicas para monitorear que se cumplan las restricciones perimetrales”.
Finalmente, resaltó que se necesitaba una “policía preparada” para “responder de manera integral cuando una mujer está pidiendo ayuda”. Para Ripoll, la violencia policial y la machista “se potencian mutuamente”, lo que quedó demostrado en datos de la organización MuMaLá: durante 2018, el 7,5 por ciento de los femicidios fueron cometidos por agentes de seguridad.
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