Un octubre caliente para Cataluña

Luciano Coccio

@LuchismoD

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Múltiples manifestaciones se realizaron este martes en varias ciudades de Cataluña por motivo del segundo aniversario del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. En Barcelona, bajo la consigna “Lo hicimos y ganamos”, 18 mil personas, según la policía local, marcharon por varios puntos de la ciudad gritando “ni olvido ni perdón”, por la represión vivida aquel día.

Octubre será un mes decisivo para relación entre España y Cataluña, por lo que este aniversario era una primera toma de temperatura social. En menos de 15 días, como adelantaron desde el Tribunal Supremo, se conocerá la sentencia de los políticos y activistas independentistas. Excepto la absolución, se espera cualquier veredicto, por lo que se especula con la respuesta social e institucional que haya en la región. 

La semana pasada la Audiencia Nacional acusó a siete personas de terrorismo y tenencias de explosivos. Si bien el movimiento independentista se caracterizó por emprender acciones no violentas, las detenciones abrieron el debate sobre una posible radicalización.

Referéndum 1-O

En octubre de 2017, aunque la consulta había sido ilegalizada por el Tribunal Constitucional, el gobierno catalán junto una parte de la sociedad catalana, organizados en los Comité de Defensa del Referéndum (CDR) se movilizaron para que aquel domingo, los colegios electorales permanezcan abiertos, haya urnas, boletas y fiscales de mesa. 

El Gobierno de España, por entonces presidido por Mariano Rajoy (Partido Popular), había movilizado a más de 10 mil agentes de los cuerpos de seguridad pero no pudo evitar la imagen de los catalanes votando y desobedeciendo la órden judicial. Ante su evidente fracaso no dudo en reprimir a ciudadanos desarmados que defendían los centros de votación de forma pacífica.  El día se saldó con casi 900 heridos, entre ellos Roger Español que perdió un ojo por una bala de goma. 

Sentencia al juicio del procés

Del ejecutivo catalán que gobernaba al hacerse el referéndum hay seis miembros en prisión preventiva desde hace casi dos años. Todos ellos son acusados de rebelión, sedición, desobediencia, organización criminal y malversación de fondos. Hay otros tres miembros en libertad bajo fianza porque solo se les acusó del último delito, es decir por haber destinado, supuestamente, dinero público a una consulta ilegal. 

También hay que agregar a quien presidía el Parlament catalán, Carme Forcadell; al presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cruxart y el ex presidente de la Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. Los dos últimos no son cargos públicos y se le acusa de rebelión y sedición por las manifestaciones del 20 de septiembre de 2017 cuando se produjeron varios allanamientos de la Guardia Civil, con el fin de desarticular la consulta.

Hay seis cargos políticos que salieron de España para evitar entrar en prisión, incluido el ex presidente catalán Carles Puigdemont que lleva casi dos años en Bruselas.

El juicio del procés (como se llama al proceso independentista) tuvo lugar entre febrero y junio de este año. En las 18 semanas que duró, las acusaciones (hay tres tipos: la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular) se esforzaron en demostrar que tanto en los días previos como el mismo 1 de octubre hubo violencia. 

La rebelión, según el código penal español, es un “alzamiento violento y público con el fin de derogar, suspender o modificar la Constitución o declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. En el caso de la sedición, el mismo código penal, lo define como “alzamiento público” que a través de la fuerza impide la aplicación de la ley. 

Detenciones por terrorismo

El pasado lunes 23 de septiembre la Guardia Civil detuvo a nueve personas vinculadas a los CDR por, supuestamente, organizar acciones violentas con explosivos para el aniversario del 1-O y el día que se conozca la sentencia. Siete de ellos quedaron detenidos por los delitos de integración en organización terrorista, conspiración para cometer estragos y tenencia de explosivos. 

La causa, a cargo de la Audiencia Nacional, todavía está bajo secreto de sumario por lo que oficialmente no se tienen certezas de la investigación. Hasta ahora lo que se conoce es por varias filtraciones a medios.

A pesar del poco conocimiento de la causa varios políticos decidieron dar por válidas las filtraciones de la versión oficial. Es más, algunos directamente ya pidieron que se condene la violencia: «Los independentistas llevan mucho tiempo equivocándose demasiado, han cometido errores gigantescos, así que les recomiendo que no jueguen con fuego, que condenen la violencia cuando haya indicios», dijo el presidente Pedro Sánchez en un acto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Ciudadanos ya presentó en el Parlamento catalán una moción de censura (votar para destituir) al presidente autonómico Quim Torra. «Tenemos al presidente de la Generalitat no solo jaleando y animando a los comandos separatistas, sino también aplaudiendo a aquellas personas que ahora mismo están en prisión preventiva por presunto terrorismo», dijo Lorena Roldan, portavoz del partido.

Desde el independentismo quieren despegarse del cualquier asociación con acciones violentas: “Nos comprometemos a avanzar hacia la república catalana. El Gobierno se compromete a hacerlo de la única manera que sabe: democráticamente y pacíficamente”, expresó Torra en el aniversario del 1-O.  

Sin embargo, dudan de la veracidad de las informaciones filtradas desde los juzgados. El bloque independentista votó en el Parlamento catalán una moción que pedía la retirada de la Guardia Civil por un accionar, dicen, arbitrario y que busca reprimir el activismo.

Si bien falta cautela de ambas partes, no sería la primera vez que, luego de una detención mediática, los detenidos son absueltos. Es el caso de Tamara Carrasco, también miembro de un CDR, quien fue detenida por rebelión y terrorismo en abril de 2018. Sin embargo, después de siete meses de arresto domiciliario se le retiraron los cargos y quedó imputada por desordenes públicos.