La crisis política en Perú: una larga disputa con el fujimorismo

Nicolás Castelli

@NicoCastelli3

COMPARTIR AHORA

El presidente peruano Martín Vizcarra decidió este lunes la disolución del Congreso, una medida prevista por la Constitución del país. Inmediatamente convocó, por decreto, a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020 luego de una polémica con el parlamento -de mayoría fujimorista- con respecto a la designación de magistrados para el Tribunal Constitucional (TC).

«Que sea finalmente el pueblo el que decida. El cierre que dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Constitución. Dando fin a esta etapa de entrampamiento político. Que se defina en las urnas el futuro del país», sostuvo el primer mandatario en un discurso.

A la par, el Congreso había aprobado darle la moción de confianza al Gobierno planteada por el primer ministro, Salvador del Solar, con respecto al mecanismo de elección de los magistrados para el TC. 

Pero en la agenda de la sesión legislativa, mediante una maniobra, se estableció primero elegir a los miembros del Tribunal -pasando por alto el planteo del Ejecutivo- y analizar después la moción, lo que provocó la medida de Vizcarra.

Horas después, en medio de los festejos por la disolución del parlamento en las calles de Lima y otras ciudades del país, el Congreso aprobó la suspensión temporal del primer mandatario por “incapacidad moral” y juramentó a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como Jefa de Estado interina. Un recurso también previsto por la Carta Magna.

Sin embargo, el decreto presidencial señala que «carece de validez y eficacia jurídica todo acto relativo a la función parlamentaria realizado por los congresistas cuyo mandato ha sido revocado».

En diálogo con Notas, el sociólogo y ex congresista peruano Sergio Tejada explicó que “el Perú tiene un sistema presidencialista que algunos califican como anómalo o híbrido porque tanto presidente como parlamento tienen ciertas posibilidades constitucionales para anularse”.

En este sistema, el Poder Legislativo «tiene la posibilidad -bajo una serie de supuestos- de declarar la vacancia del presidente de manera permanente o temporal y el presidente tiene la facultad de cerrar el Congreso si es que le niegan la confianza a dos gabinetes”, como sucedió recientemente.

A su vez, el sociólgo detalló que la cuestión de confianza “ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional en varias sentencias y señala que no solamente la confianza se refiere al presidente del consejo de ministros sino a la política de gobierno y puede extenderse incluso a proyectos de ley que son prioritarios para el Poder Ejecutivo”.

El emergente de la crisis y su trasfondo

Una de los factores que desencadenaron esta medida fue la elección de uno de los seis magistrados que deben ser reemplazados por el fin de su mandato en el Tribunal. Este constituye una especie de Corte Suprema que actúa como máximo intérprete de la Carta Magna y árbitro final entre los poderes del Estado a la vez que es un reaseguro a la independencia y división de éstos.

Al respecto, el Ejecutivo solicitó al Congreso una moción de confianza acerca de un proyecto de ley que consideró prioritario para dar mayor transparencia a los procedimientos de elección de jueces.

La iniciativa presidencial busca que la población sepa más acerca de los y las postulantes al TC, ya sea sobre sus inclinaciones política, compromiso democrático, pertenencia orgánica a partidos u organizaciones, etc. 

Al mismo tiempo, apunta a que las y los parlamentarios, al designar magistrados, “no respondan a sus intereses, que no son los intereses de la nación», explicó Vizcarra.

En la actual composición parlamentaria, el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, la hija del ex presidente Alberto Fujimori, opositor al gobierno, tiene la mayoría de los escaños. En las elecciones generales del 2016 -cuando quedó conformado el actual Congreso con mandato hasta el 2021- logró hacerse de más de 70 congresistas que con fuerzas aliadas superan los 80 sobre un recinto unicameral de 130 legisladores y legisladoras.

Por su parte, Vizcarra era vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski -quien llegó al poder también en 2016 con la agrupación liberal de centroderecha Peruanos Por el Kambio- y tuvo que ocupar la jefatura de Estado en 2018 tras la renuncia de éste último.

Al asumir su cargo, el actual mandatario optó primero por el diálogo con la oposición fujimorista, algo que no fue posible. “Entonces Vizcarra eligió una política de confrontación. Solicitó en más de una oportunidad la cuestión de confianza, siempre el fujimorismo se la dio a última hora”, contó Tejada.

Sin embargo en este último caso, referido a un tema trascendente como la recomposición de miembros del TC “que puede resolver los procesos de corrupción que hay en curso en este momento” el gobierno ya había advertido que si el Congreso no frenaba el proceso de selección podía hacer uso de la facultad constitucional de disolverlo. 

Entonces “lo que hace el parlamento de manera prepotente es elegir a un miembro para ganar una correlación favorable en el Tribunal Constitucional”, relató el ex congresista.

En este sentido se acusa al fujimorismo de pretender hacerse del control del Tribunal para obtener la libertad de su líder, Keiko Fujimori, actualmente en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.

Como explicó Tejada “el tema de fondo es que Keiko Fujimori está investigada por corrupción y lavados de activos, está involucrada en una investigación sobre aportes de campaña pero también en el caso Lava Jato”, e incluso se encuentra señalada por el ingeniero brasileño Jorge Barata en el caso Odebrecht quien reveló que le facilitó a la hija del ex mandatario “aportes ilegales”.

Por lo que una de las preocupaciones de Keiko es evitar su procesamiento buscando controlar desde el poder político a la Justicia “como en la época en que gobernaba su padre”, afirmó el entrevistado.

Para el ex congresista, luego de forzar la renuncia del anerior presidente, el fujimorismo con Vizcarra en el poder pensó “que ya iban a tener impunidad pero no fue así y esa tensión es la que se ha mantenido en estos años”.

”El trasfondo es la corrupción, las investigaciones que la involucran a Keiko Fujimori, a varios de sus parlamentarios y a su principal y más hábil aliado que es la Acción Popular Revolucionaria Americana (APRA)”, sostuvo. 

La herencia fujimorista y una disolución con apoyo popular

Sin embargo, la crisis entre el gobierno y el Congreso que desembocó en la actual situación se inscribe en un contexto de conflicto con el fujimorismo que viene sucediendo hace décadas en el país andino.

“Se trata de una relación tensa, muy prolongada, que tiene ya varias décadas y que se origina en el gobierno autoritario que tuvo Alberto Fujimori en la década de los noventa”, aseguró Tejada.

En esos años, a pesar que la Constitución prohibía cerrar la Cámara de senadores y solo contemplaba cerrar la de Diputados “Fujimori clausuró el Congreso, lo cerró totalmente y llevó los tanques al Ministerio Público para intervenir el  sistema de justicia dando un autogolpe para instalar en la práctica una dictadura que duró hasta el año 2000”.

“Tras la caída de este régimen se ha mantenido siempre una relación bastante tensa con el fujimorismo que ha venido sufriendo derrotas pero nunca había logrado una mayoría parlamentaria como ocurrió en las elecciones presidenciales del 2016”, analizó el sociólogo peruano.

A diferencia de lo que sucedió en los años noventa, “esta vez el cierre del Congreso ha obtenido un apoyo mayoritario de la población, pero además de organizaciones respetadas en la sociedad civil y de personajes muy respetados por su trayectoria democrática” donde se entendió que es “una herramienta de la Constitución que se debía usar y por eso hubo una enorme movilización popular de respaldo afuera”, concluyó Tejada.