30 septiembre, 2019
Lula rechaza un régimen de libertad ambulatoria
En una carta escrita a mano y difundida por las redes sociales, el ex presidente de Brasil, anunció que no aceptaba la oferta de los fiscales de la causa Lava Jato para que continúe su condena bajo un régimen semiabierto.
“No cambio mi dignidad por mi libertad”, afirmó el ex jefe de Estado de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, al explicar su negativa a la oferta del Ministerio Público Fiscal para salir de la cárcel durante el día y dormir en su celda.
En la carta, dirigida “al pueblo brasileño”, vuelve a reafirmar que tanto su proceso como su condena son ilegítimos. Además sostuvo que los fiscales deberían pedir disculpas al pueblo, a «los millones de desamparados» y a su familia «por el mal que le hicieron a la democracia y a la justicia del país”.
Por otra parte, el ex mandatario hizo referencia a que es momento para que el Supremo Tribunal Federal juzgue la suspensión del ex juez Sergio Moro -hoy ministro de Justicia- “para que exista una justicia independiente e imparcial”.
El pedido de régimen semiabierto había sido solicitado el pasado viernes por la Fiscalía alegando que Lula ya puede acceder a ese beneficio porque cumplió un sexto de su condena y tiene buen comportamiento de acuerdo a un informe policial pedido por la jueza Carolina Lebbos, que se encarga de hacer cumplir la condena.
“Considerando el requerimiento del Ministerio Público Federal del evento 808, júntese cálculo actualizado de la pena, solicítese a la Superintendencia de la Policía Federal de Paraná la entrega a este juzgado de un certificado de conducta carcelaria del preso, notifíquese a la Defensa para manifestación”, decía la petición de la jueza.
“Se trata del derecho del penalizado de, una vez cumplidos los requisitos objetivos y subjetivos, pasar al cumplimiento de una pena en el régimen más benéfico”, explica el documento firmado por el equipo de fiscales.
Lula se encuentra preso en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba desde abril de 2018, cumpliendo una condena de ocho años y diez meses de cárcel por supuestos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero.
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